Carmen Menduiña y José Ángel Antelo, en una imagen de archivo. Foto: VOXMURCIA. La presión de Vox se cierne ahora sobre los ocho municipios que gobierna en coalición con el PP. El partido que encabeza Santiago Abascal justificó su abrupta salida de los gobiernos autonómicos, como el murciano, por aceptar el PP el reparto por todo el país de 347 menores inmigrantes procedentes de Canarias, de los que 16 corresponden a la Región de Murcia. La decisión, que provocó todo un tsunami nacional, ha conllevado la salida de los dos consejeros del Ejecutivo regional y desde entonces la pregunta que sobrevuela es si el seísmo arrastrará réplicas en los ayuntamientos.
De momento, el mensaje de Vox es claro, el mismo que lanzaba para el Ejecutivo regional: "Donde Vox está no se colabora con la inmigración ilegal", sostiene su líder regional, José Ángel Antelo, por activa y por pasiva. Esta posición significa que si los consistorios también lo hacen, Vox se marchará de los Gobiernos locales. Y para demostrar que va en serio Antelo, preguntado en una entrevista en la Cadena Ser, puso un ejemplo: Lorca, donde ambos comparten tareas gubernamentales desde diciembre del año pasado, tras el intento en vano del alcalde popular Fulgencio Gil de gobernar en solitario.
"Ayer mismo, en el Ayuntamiento de Lorca", relataba Antelo a Radio Murcia, "había un convenio sobre la mesa para que el alcalde lo firmara con una ONG que colabora con la inmigración ilegal. Advertimos que si se firmaba ese convenio, abandonaríamos el Ayuntamiento de Lorca", expuso. Pero la amenaza no se consumó porque, siempre según su versión, el documento "no" se firmó. "Como no se ha firmado, seguiremos en el Gobierno de Lorca", decía.
Además de la Ciudad del Sol, PP y Vox pactaron en Cartagena, Molina de Segura, Las Torres de Cotillas, La Unión, Puerto Lumbreras, Yecla y Alhama de Murcia. Vox también comparte el Gobierno en Alguazas, aunque en ese caso con la formación UxA. En todos ellos, por tanto, pesa la advertencia de Antelo: "Vox no estará en aquellos ayuntamientos donde se colabore con la inmigración ilegal, ya sea firmando convenios con ONGs que participan en el negocio del tráfico de seres humanos u ofreciendo terrenos para centros de menas, CETIs o cualquier otro centro de inmigrantes".
En la citada entrevista, Antelo reflexionó que ellos quieren que "la inmigración sea legal, ordenada y con capacidad de adaptación". Y añadía: "No queremos en nuestra Región a personas que crean que las mujeres deben ir cuatro pasos por detrás del hombre o que pueden ser agredidas si se pintan las uñas. Tampoco queremos personas que piensen que los homosexuales no son iguales al resto de los ciudadanos. No queremos que aquí ocurra lo que ya sucede en muchos barrios europeos".
También se mostró muy crítico con su antiguo socio: "La inmigración ilegal sigue aumentando debido a las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista, que generan un efecto llamada utilizado por las mafias que trafican con seres humanos para promocionar sus actividades".
