MURCIA. Hay un tema que provoca dolores de cabeza en el seno del PSRM-PSOE: es la gestión del Gobierno de España con el Trasvase Tajo-Segura. El agua es una cuestión muy delicada en la Región de Murcia, cuyo problema se remonta años atrás, y cualquier decisión conflictiva hiere sensibilidades. Las dificultades del propio PSOE para contentar tanto a los intereses de Castilla-La Mancha como a los murcianos suponen un desafío para un PSRM que, tradicionalmente, nunca se ha caracterizado por llevar la contra a Ferraz. No lo hizo el partido durante la era de Diego Conesa ni lo hace tampoco ahora la ejecutiva que encabeza José Vélez, partidarios de mostrar buena sintonía con Madrid. Sin embargo, sí hay una excepción, y esa no es otra que el agua.
Esta semana se vio por primera vez al delegado el Gobierno manifestando una opinión contraria. "Creemos que es un error", reaccionaba Vélez ante la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica para elevar los caudales ecológicos del río Tajo, lo que supondría un nuevo recorte a los envíos de agua para la cuenca del Segura. La idea del Ministerio es subir los caudales del Alto Tajo en más de un 40% durante el próximo lustro, lo que implicaría un recorte del agua al Segura de un centenar de hectómetros cúbicos al año.
"No compartimos esta disminución de aporte hídrico al territorio", decía Vélez, convencido de que hay "un error de cálculo" en los números del Plan de Cuenca del Tajo. "Los caudales no pueden tener ese incremento". En su opinión, el Plan de Cuenca del Segura "hizo un trabajo escrupuloso", definiendo "claramente las necesidades de la Región". Por eso espera que el Plan del Tajo se revise el próximo martes en el Consejo del Agua: "Espero y deseo que el Plan vuelva a valorar las cifras, para que se ajusten a la realidad. Los socialistas murcianos creemos que deberían volver a valorarse, porque no concuerdan los datos".
Fue un rechazo claro, aunque sin elevar la voz ni pronunciar críticas veladas. Sin confrontación. Eso es algo que ya ocurrió con Conesa, cuando en diciembre de 2019 declaraba que el desastre ambiental del Mar Menor "no" era "excusa para dejar sin agua a los regantes". Aquella declaración fue más contundente que la de Vélez; no en vano, el Ministerio había cortado el agua de riego para dos meses con el pretexto de "no contaminar el Mar Menor". Fue el único grito en el cielo de Conesa contra el Ministerio, de su propio partido. Contó también con el apoyo de alcaldes socialistas como el lorquino Diego José Mateos. "No lo admitiremos", expresaba el alhameño. Pero nunca más volvió a alzar la voz contra el Ejecutivo central.
Desde entonces se han producido más recortes al trasvase, lo que ha provocado la indignación de los regantes. También el Gobierno regional ha plantado cara en este tiempo, ya que ha llegado a presentar una decena de recursos judiciales y ha emitido, dado su distinto signo político, opiniones muy duras contra el Ministerio. Los regantes, que no pueden más, han pedido la cabeza de la ministra Ribera. En una dura rueda de prensa, el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, pedía su dimisión por "incompetente ideológica". Consideraba que la planificación hidrológica del Tajo "es una burla al sentido común" y advertía de que es un programa "hecho a medida" para "acabar con el Trasvase".
Hace ya cinco meses que Vélez tomó el mando del PSRM tras su victoria en las primarias. El calasparreño compatibiliza la Secretaría General y la Delegación del Gobierno con la misión de "gobernar en 2023". Es el objetivo que se marca y que repite a menudo. Pero la coyuntura actual no le favorece, a tenor de las encuestas, que marcan una tendencia favorable a los partidos conservadores en la Región. Necesitan, tal y como apuntan los expertos, movilizar a 50.000 electores para llegar con opciones al sprint de las elecciones. Por eso en decisiones como el agua no se puede permitir mostrar flaqueza. Así las cosas, el dilema ronda en Princesa: ¿ser duros con los recortes al Ministerio y proteger al castigado regante o no iniciar una batalla con fuego amigo contra el Gobierno central a cambio de conseguir otras medidas por otra vía más conciliadora?