MURCIA. La ruptura del pacto de Gobierno tiene consecuencias directas para los gobernantes de Vox en la Región de Murcia. El divorcio no sólo supone la salida de los dos consejeros del Ejecutivo autonómico, los principales rostros políticos, sino que también pone en peligro la continuidad del resto de nueve altos cargos, así como del personal eventual suscrito a las dos Consejerías del partido de Santiago Abascal.
Los altos cargos no están obligados a ser destituidos de manera automática con la marcha de un consejero. Solamente dejan su cargo si dimiten o si el Gobierno acuerda su cese. Sin embargo, este mismo viernes el propio líder regional de Vox, José Ángel Antelo, confirmó que todos ellos renunciarán en bloque. "Vamos a dimitir en bloque. Somos un equipo y como tal lo haremos", anunció el todavía vicepresidente, que presentará también su renuncia, junto con la del consejero José Manuel Pancorbo. "Entiendo perfectamente las circunstancias", añadió Antelo, sobre los funcionarios y los cargos intermedios.
Vox reunía dos carteras en la Comunidad: el departamento de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, cuyo titular era el propio José Ángel Antelo y líder provincial del partido. Y la Consejería de Fomento e Infraestructuras, en manos del ingeniero José Manuel Pancorbo, quien no ocupa cargo orgánico en Vox ni tampoco es diputado.
La Consejería de Antelo tenía a su vez una secretaria general, Aída Peñalver Martínez, un director general de Seguridad y Emergencias, Ricardo Villalba Gómez, una directora general de Interior, Calidad y Simplificación Administrativa, Ascensión María Gómez Lorente, y un director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Tomás Bernal-Quirós González.
Por su parte, el departamento de Pancorbo contaba con una secretaria general de la Consejería, Rosa Ana Pacios Fernández, una directora general de Carreteras, María Dolores Marín Martín, un director general de Litoral y Puertos, Pablo Marín Noriega, una directora general de Movilidad y Transportes, María Dolores Solana Guillén, y una directora general de Vivienda y Arquitectura, María Dolores Gil García.
Además, ambos consejeros contaban a su vez con un equipo de confianza, compuesto por sus jefes de Gabinetes y su personal de prensa y comunicación. De hecho, una de ellos, la abogada Natalia Sánchez López, que era una de las asesoras eventuales de Antelo en su Consejería, ha sido propuesta por su partido para desempeñar el cargo de comisionado de la Transparencia. Se trata del órgano unipersonal que sustituirá al desaparecido Consejo de la Transparencia.