El Constitucional desoye a Vox y respalda la ley que reconoce la personalidad jurídica del Mar Menor

MURCIA (F. V. / EUROPA PRESS). La histórica ley que reconoce la personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca es constitucional. Así lo ha decidido el Tribunal Constitucional tras estudiar el recurso que presentó Vox, quien se opuso al texto. El origen de esta norma (Ley 19/2922 de 30 de septiembre) se remonta a una iniciativa legislativa popular (ILP) que promovió la profesora de Filosofía del Derecho de la UMU Teresa Vicente, quien convirtió el movimiento en un tsunami que recogió más de 600.000 firmas ciudadanas y se culminó con su aprobación en 2022 como proposición de ley con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios, salvo el de Vox.

La decisión del Constitucional ha sido adoptada por siete votos a favor y cinco en contra, según informan fuentes jurídicas a Europa Press. Cabe recordar que con la aprobación de la ley, el Mar Menor, la gran joya medioambiental de la Región de Murcia, se convertía en el primer ecosistema europeo dotado de derechos propios, al igual que los tienen las personas y las empresas. 

La protección de la laguna y su cuenca, dañadas durante décadas, se reforzaba con este novedoso enfoque jurídico. También se fortalecía la conservación, el mantenimiento y la restauración de la albufera. Además, tras su entrada en vigor, cualquier persona puede presentar una acción judicial en nombre de la laguna.

La proposición de ley, votada en pleno, se tramitó por el procedimiento de urgencia y recibió 230 votos a favor, tres en contra (los tres senadores de Vox) y 30 abstenciones. La noticia fue recibida con aplausos y júbilo por la delegación de murcianos desplazados hasta Madrid para presenciar un día histórico. Pero para llegar a esta votación definitiva hubo que sortear numerosos obstáculos. Se recogieron hasta 639.826 firmas (se necesitan un mínimo de 500.000 para que una iniciativa legislativa llegue a las Cortes), toda una muestra del clamor popular que suscitó la iniciativa.

Las razones de Vox

Sin embargo, el partido de Santiago Abascal impugnó la ley al considerar que la norma atenta "contra numerosos preceptos constitucionales al dotar de personalidad a un lugar y al generar una gran inseguridad jurídica debido a la vaguedad de los conceptos incluidos en la norma". Además, aducía que podían vulnerar, entre otras cuestiones, las competencias autonómicas en materia de protección del medio ambiente.

El propio líder regional de Vox, José Ángel Antelo, esgrimía en enero de este año que es "una ley comunista" que "atenta contra la libertad de empresa, especialmente contra aquellos que nos pagan el sueldo", en referencia al sector agroalimentario de la Región de Murcia. En su opinión, es una "aberración jurídica" que "acaba con la propiedad privada" en el entorno de la laguna salada y genera "un ente paralelo que será quien decida qué se puede hacer, cómo se puede hacer y cuándo se puede hacer".

Segundo varapalo del Constitucional a Vox

No era la primera vez que Vox acudía a los tribunales por un asunto jurídico relacionado con la laguna. También lo hizo por la Ley regional de Protección y Recuperación del Mar Menor, aprobada por la Asamblea Regional en 2020 con los votos del PP, PSOE y Cs. El Alto Tribunal también tumbó aquel recurso.

Los argumentos de la ley

No obstante, según recoge en su preámbulo, el objetivo de la ley -fruto de una iniciativa popular- "es otorgar personalidad jurídica al ecosistema lagunar del Mar Menor para poder dotarlo, como sujeto de derecho, de una carta de derechos propios, con base en su valor ecológico intrínseco y la solidaridad intergeneracional, garantizando así su protección para las generaciones futuras".

El texto detalla que "los motivos por los que se aprueba esta ley son dos: Por un lado, la grave crisis que en materia socio-ambiental, ecológica y humanitaria viven el mar Menor y los habitantes de sus municipios ribereños; por otro lado, la insuficiencia del actual sistema jurídico de protección, a pesar de las importantes figuras e instrumentos de carácter regulador que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos veinticinco años".