Giménez Gallo y José López, portavoces de MC CartagenaCARTAGENA. MC Cartagena ha denunciado lo que han venido a denominar "la última ‘peripecia’ judicial, que pone en el ojo del huracán bien al director de la Asesoría Jurídica por negligencia o al propio Gobierno local" por "beneficiarse de una argucia con la suspensión de la vista en la que se debía dirimir la presunta ilegalidad en la constitución del Gobierno de la Junta Vecinal de Los Dolores".
Y es que ayer, en el juzgado, tenían conocimiento que no se celebraría este acto jurídico ya que el Ayuntamiento "incumplió su obligación de emplazar a los interesados", lo que conllevó la suspensión de la vista.
En este punto, recuerdan que la demanda interpuesta por la formación ante el Juzgado de lo contencioso nº1 de Cartagena se sustentaba en "el voto emitido por una vocal del extinto grupo socialista, empleada de Alcaldía (actualmente Vicealcaldía), por no cumplir ninguno de los requisitos para ser admitida como vocal de la Junta Vecinal, ya que ni estaba empadronada en el barrio, ni mantiene residencia alguna allí, además de no desempeñar su labor profesional en Los Dolores". Con ello se pretende restaurar la legalidad en la Junta Vecinal Municipal de Los Dolores reconociendo como presidente al vocal de MC, Rafael Rodríguez Vizcaíno, portavoz del partido más votado allí.
Al hilo de lo argumentado, José López ha puesto sobre la mesa las dos opciones que pueden justificar este comportamiento. "O estamos ante una nueva negligencia del director de la Asesoría Jurídica, o se trata de una argucia política para dar cobertura a otra ilegalidad del Gobierno y que en la Junta Vecinal de Los Dolores siga habiendo una presidenta con trampas".
De ser cierto el segundo supuesto, el dirigente cartagenerista no se ha manifestado extrañado ya que el Ejecutivo local "ya ha concedido la compatibilidad a Francisco Pagán para que siga cobrando un sueldo de presidente del Gobierno mientras da clases en la universidad privada, un hecho ilegal según el informe que encargó Ana Belén Castejón siendo alcaldesa".
La actualidad en sede judicial no acaba ahí, pues tal y como ha remarcado el concejal de MC, la Audiencia Provincial debe pronunciarse sobre si "deben declarar Nieto (PP) y Castejón porque persisten los indicios de delito que dieron lugar a que hayan declarado como investigados tres funcionarios o, por el contrario, cree que esta ilegalidad debe debatirse en sede administrativa".
Acto seguido, ha lamentado la diferencia de criterio del mismo juez al no querer citar a Castejón y Nieto, en contraposición a "lo diligente" que estuvo para convocar al propio López "en la denuncia falsa del Hotel Peninsular".
La "doble vara de medir de la que se beneficia el PP y los tránsfugas, lo que alimenta la sensación que en Cartagena y la Región, al PP le va muy bien en los Juzgados siempre".
Por último, el portavoz de los cartageneristas ha informado que, en la primera semana de octubre, "quedará presentada la reclamación judicial por la ilegalidad de los cargos y salarios que perciben los concejales tránsfugas, por la gracia de Noelia Arroyo".
Tres "supuestos de corrupción municipal por dilucidar"
Tras López ha tomado la palabra el portavoz adjunto de MC Cartagena, Jesús Giménez, quien ha puesto el acento en "tres supuestos de corrupción municipal". El primero de ellos, "el secuestro de la Junta Vecinal de Los Dolores, sirviéndose de un nombramiento irregular porque Castejón y los suyos fueron expulsados del PSOE". Ha continuado el edil de MC ciñéndose a la negligencia administrativa "al ‘olvidarse’ citar a los interesados, lo que les sirvió ayer para alargar el asunto, quizá hasta acabar la legislatura".
Por último, ha remarcado que está pendiente "la resolución penal del asunto de la compatibilidad del letrado director de la Asesoría Jurídica". En 2019 se informó que no cumplía la Ley y "el actual Gobierno inició un procedimiento nuevo para saltarse ese dictamen".
En términos económicos, si resultara ilegal el cobro de un complemento por exclusividad en funciones públicas mientras desempeña una labor en un centro privado, y ya que ocupa el puesto desde 2014, hablaríamos de un daño para las arcas públicas de más de 200.000 euros.
También en clave económica, ha incidido que la delegación de competencias de los "seis ediles tránsfugas", así como la asignación de salarios en contra de la doctrina del Tribunal Supremo, "supondrían más de 600.000 euros pagados por los cartageneros a cambio de que Arroyo sea alcaldesa".
