MURCIA. La Comunidad acude de nuevo a la Justicia contra el Gobierno de España por sus decisiones sobre los envíos de agua a la cuenca del Segura. El Ejecutivo regional ha decidido recurrir el trasvase de noviembre, por el que ya presentó un requerimiento previo contra el Ministerio para la Transición Ecológica. Este departamento, que dirige Teresa Ribera, no respondió al requerimiento, por lo que la Región de Murcia activa la vía judicial e interpuso un recurso contencioso-administrativo.
En aquel momento, la Comisión técnica de explotación del Trasvase Tajo-Segura propuso un envío de 14 hectómetros cúbicos; sin embargo, el Ministerio autorizó solamente 7,5 hectómetros cúbicos tanto para abastecimiento como para regadío, cuando la situación de los embalses de cabera del Tajo se encontraban en el nivel 3. Para el Gobierno regional constituyó una "decisión arbitraria de la ministra Ribera".
Se trata de la cuarta acción judicial emprendida por el Ejecutivo murciano, pues ya recurrió los trasvases de diciembre, enero y febrero. En el último mes de 2019, el Gobierno regional planteó un recurso por dejar sin agua para regar con la justificación del Mar Menor. En enero, se anunció otro recurso judicial por el trasvase de 16 hm3, inferior al que recomendó la Comisión, que fijó en 20 la cantidad necesaria. Y tras la orden de febrero, el Ejecutivo presentó otro recurso contra la autorización de un trasvase de 16,2 hectómetros cúbicos, por debajo de los 20 hectómetros que había recomendado la Comisión.
La portavoz de la Comunidad, Ana Martínez Vidal, ha recalcado que no dejarán de reclamar "el agua que legalmente pertenece" a Murcia. La decisión de acudir a los tribunales se toma ahora, explicó, porque el estado de alarma por la pandemia obligó a suspender los plazos del procedimiento. Ahora, una vez retomada la actividad judicial, los Servicios Jurídicos han dado su visto bueno para proseguir con el recurso.
El agua no es el único frente judicial que mantiene la Comunidad con el Gobierno de España. La Comunidad también ha activado el camino judicial en Hacienda. La Región tiene pendientes cobrar 79 millones del IVA de diciembre de 2017, que le adeuda el Gobierno de España. Tras conocerse que la ministra de Hacienda no iba a devolver estas transferencias, Murcia se sumó a otras comunidades y decidió recurrir a los tribunales.
Otra batalla en los tribunales, recientemente zanjada, se libraba a cuenta del 'pin parental'. En esta ocasión fue el Gobierno de España quien llevó a la Comunidad a la Justicia por considerar que Murcia vulneraba la ley al implantar las autorizaciones familiares para que los alumnos puedan participar en las actividades complementarias. El TSJ, que en un primer momento dio la razón al Ministerio de Educación y suspendió la orden de la Consejería, ha archivado finamente el recurso al entender que una vez que ha terminado el curso escolar no hay causa que juzgar -"por objeto de la causa sobrevenida"-.