El consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín. Foto: A. R. M.MURCIA. En plena ebullición de la política parlamentaria y con toda una campaña electoral a la vuelta de la esquina, el Gobierno regional afronta un reto que hasta la fecha no ha conseguido en ningún año de la legislatura: que el Presupuesto sea una realidad antes del 1 de enero. Aunque ninguna ley obliga a que las cuentas salgan sin retraso, sí es una cortesía cumplir con los tiempos para que la ley entre en vigor antes de que empiece el año. Así sucede en el mundo empresarial, muy escrupuloso con los plazos, pero en la política no ocurre siempre. Sin ir más lejos, nuestro país llegó a sumar tres años con los Presupuestos prorrogados: las cuentas de Cristóbal Montero de 2018 permanecieron vigentes hasta ya entrado el 2020.
En el ámbito regional, el Gobierno de López Miras ha sacado sus cuentas año por año a pesar de las turbulencias políticas: fricciones en la coalición, una moción de censura que rompe el Ejecutivo... Sin embargo, el texto definitivo siempre ha llegado fuera de fecha. En el primer año, el proyecto de ley no vio la luz hasta el mes de abril de 2020. Aquella demora se justificó por los problemas para sellar un acuerdo entre PP y Cs (era su primer negociación como socios de Gobierno) y con Vox (eran aliados parlamentarios). También influyó la irrupción de la pandemia, que, recordemos, acaeció en marzo.
En 2021 las cuentas se aprobaron en el mes de junio, con seis meses de atraso. El pretexto del Gobierno fue culpar a la moción de censura, pero esta maniobra (el momento más crucial de la legislatura) se registró en marzo. Lo cierto es que las relaciones entre populares y naranjas estaban muy deterioradas y no cerraron un documento marco hasta enero. 2022, sin embargo, el Gobierno, ya con miembros expulsados de Ciudadanos y Vox en sus filas, se puso las pilas y, esta vez sí, aceleró para llegar en tiempo y forma. Amarrada una mayoría absoluta de facto en la Asamblea, el Ejecutivo los aprobó en Consejo de Gobierno en diciembre y a mediados de enero cerró el trámite parlamentario en la Cámara. El retraso fue mínimo en esa ocasión.
Ahora, con la vista puesta en el 2023, surge otro imprevisto que puede tambalear los plazos: el nuevo arco parlamentario que deja el pase al Grupo Mixto de los diputados Pascual Salvador y la consejera de Educación, Mábel Campuzano. En principio, no tiene por qué afectar si todos cumplen su palabra: Juan José Liarte dijo que seguirían manteniendo sus compromisos y Campuzano forma parte del Gobierno, con lo que el Ejecutivo cuenta con los 23 votos necesarios (los 16 del PP, los cuatro de los ex de Cs, más los de Liarte, Carrera y Campuzano). No obstante, la incertidumbre es tal que nadie da por hecho nada. El propio Carrera ya lo dejaba caer esta semana: "Ya no somos un grupo. Cada uno votará lo que quiera".
Preguntado en Lorca por este clima enrarecido del Parlamento, el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, restó importancia y expresó su confianza en que los Presupuestos sean aprobados "con consenso" en la Asamblea. Aunque reconoce que es un "proceso arduo, largo y complejo", aseguró que están trabajando "con mucha intensidad" para que estén listos antes del 31 de diciembre. "Sería muy positivo para la Región que el día 1 de enero contáramos con nuevos Presupuestos", subrayaba al tiempo que tendía la mano a todas las fuerzas políticas y expresaba su confianza en que se repita "la buena voluntad que han mostrado todos los grupos políticos en presupuestos anteriores". Cabe recordar, no obstante, que las cuentas nunca han salido con el apoyo de la oposición.
Por lo pronto la Comunidad aún no ha presentado el techo de gasto, el primer paso previo. Todavía se desconoce una fecha para aprobar el límite máximo de gasto financiero. "Se está perfilando porque la semana pasada hubo cambios en las aportaciones por la subida salarial a los funcionarios", señalan a este periódico fuentes de la Consejería de Hacienda. El Ejecutivo también deberá aumentar el sueldo a los empleados públicos de la Región, en consonancia con la medida del Gobierno central. Una vez que se acuerde el techo de gasto, el Ejecutivo podrá aprobar la ley en Consejo de Gobierno, imprescindible para que el texto vaya a la Asamblea e inicie el trámite parlamentario. El tiempo apremia. Y el clima político no ayuda.
