Fernando López Miras, en marzo de 2021, junto con Isabel Franco, Antonio Luengo y José Ramón Díez de Revenga, los cuatro miembros del Gobierno que se mantienen en su puesto desde el verano de 2019. Foto: DIMA / E. PRESSMURCIA. Otro contratiempo para Fernando López Miras. Aunque esta vez el sobresalto no se produce por motivos políticos, sino por razones de fuerza mayor. El consejero de Transparencia, Antonio Sánchez Lorente, deja el Gobierno regional por problemas de salud. Esta salida obliga al jefe del Ejecutivo a recomponer las competencias del Ejecutivo. Y se produce precisamente en una de las consejerías que más turbulencias ha sufrido, con hasta tres consejeros diferentes en lo que va de legislatura. Ante este último percance, y justo cuando falta un año para las elecciones autonómicas, López Miras opta por repartir las funciones de Lorente: la vicepresidenta y consejera de Igualdad, Isabel Franco, asume Transparencia mientras que el consejero de Agricultura, Antonio Luengo, se encarga de Seguridad y Emergencias.
No será una responsabilidad nueva para Isabel Franco, quien entre marzo y julio del año pasado ya tuvo que desempeñar las competencias de Transparencia ante la ausencia precisamente de Sánchez Lorente, de baja por enfermedad. El infortunio ha acompañado desde el inicio al ya exconsejero, que en 2021 recibió la llamada de López Miras para asumir la tarea política más importante de su carrera justo al mismo tiempo que conocía el fatal diagnóstico de una enfermedad, cuya gravedad no ha trascendido. Reanudó su actividad en verano, tras cuatro meses de baja, y se mantuvo al frente de la Consejería hasta este miércoles. En el comunicado de despedida, el Ejecutivo apuntaba que se marchaba por "razones estrictamente personales, fundamentalmente por recomendación médica".
Antonio Luengo, a diferencia de Franco, sí que estrenará nuevas obligaciones, que se suman a las suyas, que no son nada baladí precisamente, pues no en vano es el responsable del Mar Menor como consejero de Agricultura, Agua, Medio Ambiente, Ganadería y Pesca. A ellas añadirá la cartera de Seguridad y Emergencias, con lo que tendrá a su cargo la gestión del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), cuyos funcionarios precisamente protagonizaban este miércoles una protesta a las puertas de la Asamblea Regional, reivindicando un aumento de las plantillas.
La Consejería que deja Lorente se ha visto expuesta a cambios imprevistos a lo largo de la legislatura. No es un departamento de máxima relevancia (en comparación con, por ejemplo, Hacienda o Salud), pero sí es un área sensible. A su cargo están las funciones en situaciones de máximo riesgo, como terremotos, temporales y otras inclemencias, de los que la Región no ha sido ajena en los últimos años. Y además tiene una vertiente política nada desdeñable, ya que, verbigracia, partidos políticos como Ciudadanos han hecho gala de la transparencia como una de sus proclamas políticas. Pero hasta el momento, a pesar de su apacibilidad, esta Consejería ha conocido ya tres inquilinos.
Primero fue nombrada la jueza Beatriz Ballesteros, un fichaje estrella de Ciudadanos, que en febrero de 2021 dimitió desencantada por su paso por la política, tras las discrepancias con la que fue su valedora, la entonces portavoz y consejera de Empresa, Ana Martínez Vidal. Su salida, anunciada por sorpresa, fue el segundo disgusto que tuvo digerir López Miras, pues un mes antes dimitía el consejero de Salud, Manuel Villegas, por el escándalo del vacunagate. Ballesteros se marchó sin dar luz verde a unos de los grandes proyectos de Ciudadanos, la Ley de Buen Gobierno.
Poco después era designado José Gabriel Sánchez Torregrosa, un alto cargo de Ciudadanos que se convirtió en uno de los consejeros más efímeros de la Región. Apenas duró 20 días en el puesto. Fue destituido de forma fulminante cuando Ciudadanos ejecutó la moción de censura contra López Miras. Torregrosa, que antes fue secretario general de la Consejería de Empresa, era una persona de máxima confianza de Martínez Vidal, tanto en el partido como en el Gobierno. Con el tiempo, ya exento de responsabilidades públicas y de vuelta a su profesión (la abogacía), Torregrosa acabó dejando la política.
Miras recompuso las piezas en marzo. Aquella operación política de Ciudadanos y PSOE que amenazaba con destruirle se revolvió a su favor y el presidente pudo disponer de un Gobierno de afines y con una mayoría absoluta de facto. Y uno de los nombres que incluyó en el cupo de los que no apoyaron la moción de censura fue el propio Sánchez Lorente, dada su cercanía a Isabel Franco y Francisco Álvarez. Era, además, el número siete de la candidatura de Ciudadanos. Y al igual que sus compañeros, también fue expulsado del partido, bajo el sambenito de 'tránsfuga'. Desde entonces se unió a ellos bajo la corriente del 'liberalismo', como así se autodenominan.
Lorente desempeñaba su mayor reto en política, pues hasta la fecha este abogado murciano había ejercido como pedáneo de Los Dolores entre 2015 y 2016 y como secretario general de la Consejería de Mujer. Fue también técnico ejecutivo del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea entre 2016 y 2019. Ya como consejero se produjo el cambio de denominación de la Consejería, que pasó de Transparencia, Participación Pública y Administración Pública a Transparencia, Seguridad y Emergencias. Su andadura en política, sin embargo, se corta abruptamente y en contra de sus deseos, golpeado por la salud.
Con este último cese, son ya diez las salidas de consejeros que ha arrastrado el Gobierno regional en esta tormentosa legislatura, entre dimisiones, destituciones o cambios de destino: Manuel Villegas, Beatriz Ballesteros, Martínez Vidal, Sánchez Torregrosa, Miguel Motas, Cristina Sánchez, Esperanza Moreno, Francisco Álvarez y Javier Celdrán. Además, el presidente ha afrontado crisis internas, como la disputa de Mábel Campuzano con su grupo parlamentario, que derivó finalmente en que la consejera se desgajara de Cultura y se quedara con Educación. Únicamente sobreviven a la foto de familia de agosto de 2019 tres miembros del Gobierno, además del propio López Miras: la vicepresidenta Isabel Franco y los responsables de Fomento y Agua, José Ramón Díez de Revenga y Antonio Luengo, respectivamente.
