Va extendiéndose entre los medios de comunicación la idea de que el Mar Menor es una entidad capaz de defender los derechos que le confiere la reciente ley de personalidad jurídica. A riesgo de quedarme (una vez más) en franca minoría, me permitiré defender también en este caso la verdad. Y, como la verdad es lo contrario de la mentira, empezaré por denunciar una mentira que contaron algunos de los promotores de esa ley. Y la contaron con tal firmeza y apariencia de verdad que yo mismo me la tragué y la publiqué. Me refiero a la petición de que la UPCT formarse parte del Comité Científico. En su momento denuncié que solo participaban las universidades de Murcia y de Alicante, pero no la de Cartagena, el municipio con más costa ribereña con el Mar Menor. Me respondieron que había sido una omisión involuntaria (otra mentirijilla) y que lo subsanarían en el trámite subsiguiente. A punto de aprobarse el decreto de desarrollo de la ley volví a interesarme por el asunto y me dijeron que, efectivamente, la UPCT ya figuraba en el Comité Científico. Así lo creí y así lo publiqué (incluso disponía de un borrador del decreto que así lo decía). Pues bien, ya se ha publicado el decreto y NO figura la UPCT en el Comité Científico. Solo dice "las universidades de Murcia y Alicante". Supongo que casi todos los que lo lean interpretarán que se refiere a la Universidad de Murcia y la Universidad de Alicante. Los promotores lo niegan y, ante mi indignada protesta, declaran la que está la UPCT porque es una universidad de la Región de Murcia. ¿Estará también la UCAM? Supongo que no. Es todo un cúmulo de enredos y medias verdades. Lo único seguro es que el nombre de la UPCT no aparece en el decreto publicado. Conste aquí mi doble protesta: una, porque no figure; otra, porque hayan pretendido engañarnos diciendo que figuraba. Lo crean o no, llamar a las cosas por su nombre es el único modo de evitar las medias verdades, que son medias mentiras, a las que tan aficionados son algunos miembros de la Comisión Promotora de la ILP. Puede que acaben nombrando a algún representante de la UPCT. Eso solo borraría a medias el agravio de que no la hayan incluido explícitamente. Ni disolverá la sospecha de que no lo habrían nombrado si algunos no hubiésemos armado este cirio con el tema de la UPCT.

o dejamos que el Mar Menor evolucione de forma natural o elegimos conservarlo o restaurarlo"

 

Las medias verdades y los enredos de la ILP empiezan en la misma definición de sus objetivos, que son asegurar el derecho del Mar Menor a existir, a su evolución natural, a conservarlo y, en su caso, restaurarlo. Al parecer los promotores ignoran el significado de las palabras "evolucionar" y "natural". La primera lleva implícita la noción de cambio, pero centrémonos en la segunda. Lo natural se contrapone tanto a lo sobrenatural como lo artificial. Es, por tanto, aquello que ocurre espontáneamente sin que intervengan instancias extraordinarias, como ángeles o demonios. Pero también sin que intervengamos humanos, pues en ese caso ya entraríamos en el campo de lo artificial. Y eso implica que resulta incompatible dejar que un ecosistema evolucione de forma natural y, a la vez, pretender conservarlo o restaurarlo. Por un sencillo motivo: porque toda restauración y buena parte de la conservación implican acciones humanas y, por ende, artificiales. Así que hay que elegir: o dejamos que el Mar Menor evolucione de forma natural o elegimos conservarlo o restaurarlo. Y, si eligiésemos lo primero, nos arriesgaríamos a un resultado que no gustaría a mucha gente. La evolución natural ha generado al ciervo y a la margarita, pero también al bacilo de la tuberculosis y al virus del SIDA…

Todo esto no es una mera especulación académica, sino que puede tener su efecto a la hora de aplicar esta ley. Ha escrito José Alberto González en el diario La Verdad de Murcia que “El Mar Menor hará valer por primera vez sus derechos en un juicio.” En la misma línea, ha escrito José Antonio Lorente en La Opinión de Murcia que “es la primera vez que un ecosistema que sufre un daño se presenta directamente en un procedimiento judicial en España”. Al parecer ambos periodistas han asumido la ficción literaria de que el Mar Menor es capaz de defender derechos y de personarse en causas judiciales, una noción que, lejos de suponer ningún avance conceptual, nos retrotrae a los tiempos prehistóricos del animismo, en el que los ríos y los montes estaban dotados de sus propios espíritus. Se trata de un retroceso a etapas muy anteriores a la Ilustración y, consecuencia, muy probablemente lesivas para la racionalidad que debería presidir el Derecho contemporáneo.

La verdadera realidad aflora en las mismas líneas en la que ambos periodistas nos informan de que los que se personarán en una causa contra dos empresas agrícolas y un particular serán cuatro ayuntamientos (Cartagena, Los Alcázares, San Javier y Murcia) y unos colectivos ciudadanos. Por un lado, Greenpeace, Ecologistas en Acción, la Comisión Promotora de la ILP y la Sociedad Española de Ornitología, representadas por el letrado Eduardo Salazar, por otro lado, la Asociación Alianza por el Mar Menor, representada por Sergio Marco, profesor de Derecho Procesal Penal del Universidad de Murcia. Ya se ve, queridos lectores, que lo único que verdaderamente hace la nueva ley es ampliar la forma de acusación penal a disposición de los ciudadanos, un derecho protegido por la Constitución. Hasta ahora esos colectivos solo podrían haberse personado como acusación popular, lo que no impide a la fiscalía negociar un acuerdo con los acusados; ahora también podrán presentarse como acusación particular, lo que condiciona ese posible acuerdo. Es decir, cualquier ciudadano podrá interpretar que un posible delito que dañe al Mar Menor le afecta personalmente. Ese es el verdadero alcance de la nueva ley. Acaso alguno estará preguntándose si estos mismos, en particular el PSOE, no estaban propugnando acotar el alcance a la acusación popular. Pues sí, pero simultáneamente han ampliado el de la acusación particular en lo referido al Mar Menor. Solo que, en vez de decirlo así, lo han enmascarado con la ficción del que el Mar Menor se personará "directamente” en las causas. El enredo quedará al descubierto la primera vez que algún particular o alguna asociación denuncie a los ejecutores de alguna actividad conservadora o restauradora argumentando que están violando el derecho del Mar Menor a evolucionar libremente. Por ejemplo, retirar las algas putrefactas que se acumulan en sus aguas atenta contra su evolución natural. Y lo mismo ocurre con la instalación de redes que violen el derecho de las medusas a desplazarse libremente. Por si no lo saben, una buena proporción de los diferentes tipos de insectos viven en los troncos podridos de los árboles caídos. De hecho, en el Parque de Doñana han decidido no retirarlos para que prosperen esos insectos. ¿Estaremos dispuestos a hacer eso en el Mar Menor? Porque no otra cosa implica dejarlo existir y evolucionar de forma natural. Espero ilusionado observar qué pasará en la primera ocasión en la que alguna asociación ultraecologista nos diga que el Mar Menor va a personarse directamente en una causa para defender su derecho a conservar sus algas podridas.