Varias ministras del Gobierno español intuyen que deben hacer algo en materia universitaria, pero no aciertan a fijar una posición común. Por un lado, Marisú Montero, la candidata a la Junta de Andalucía que por ahora ejerce de vicepresidenta del Gobierno español y de ministra de Hacienda, ha declarado que las universidades privadas representan la mayor amenaza para los trabajadores españoles. Así que, ya lo sabemos, los problemas de los trabajadores no residen en el desempleo, los salarios bajos, las horas extraordinarias no remuneradas o los accidentes laborales, sino en la existencia de universidades privadas.
La única manera de entender lo que ha dicho la candidata es suponer que asocia la libertad a la desigualdad. Y, en vez de trabajar para corregir la excesiva desigualdad, lo hace para reducir la libertad. Porque, en efecto, las universidades privadas no se financian con fondos públicos, con lo que sus dirigentes dependen mucho menos que los de las universidades públicas de las decisiones gubernamentales. Todo rector de una universidad pública, y el que suscribe lo ha sido de dos, tiene que guardar un delicado equilibrio entre defender los intereses de su institución y mantener un buen nivel de diálogo con el consejero de turno con vistas a la financiación. En cambio, los rectores de las universidades privadas no están tan constreñidos en ese aspecto. En contrapartida, padecen la preocupación, al menos tan gravosa, de procurar que su institución no se arruine, pues no tienen detrás el Estado para mantenerla viva por mucho que adeude. Y eso les exige un alto nivel de competitividad, un escenario en el que no participan las universidades públicas. Entiéndase; no es que se desentiendan de la calidad, sino que no la ligan a la captación de ingresos, soliendo recurrir en ese aspecto a los oportunos planes públicos de financiación.
Además, la candidata andaluza Montero ha dicho que las universidades privadas venden los títulos, a lo que alguno de sus rectores ha comentado que, en ese caso, las universidades públicas los regalan. Ni ella, ni él, llevaban razón: el mercado rechazaría los títulos vendidos o regalados. En realidad, suele haber cierto grado de exigencia académica.
Ningún Gobierno autonómico debe aprobar la creación de ninguna universidad que no haya recibido informe favorable"
Frente a las ideas de la candidata Montero, que unos elogian y otros tachan de excesivas, el sector afable del sanchismo, por boca de la portavoz del Gobierno y candidata a las elecciones aragonesas, Pilar Alegría, declara que el debate no va de universidades públicas o privadas, sino de calidad o falta de calidad. Y ha aclarado que la culpa de la confusión recae en el PP, que ha interpretado mal las palabras de Montero. Cuando decía que las universidades privadas eran una amenaza para los trabajadores quería decir que algunas de ellas, no todas, carecían de calidad. Terciando en el asunto, el propio presidente del gobierno las ha calificado de “chiringuitos”.
Superando el desconcierto que puede producir que una ministra diga una cosa y otra la contraria, la obligación de este analista es tratar de averiguar y evaluar qué se propone exactamente el Gobierno. Al parecer, pretende modificar un decreto promovido por el ministro Castells, uno de los suyos, en 2021. ¿En qué sentido? En primer lugar, en el sentido de que los informes oficiales preceptivos para aprobar la creación de cualquier universidad pasen a ser vinculantes. De forma incomprensible, la norma Castells exigía que se hiciesen esos informes, pero no que se cumpliesen sus dictámenes. De ese modo se han creado tres universidades privadas con informe desfavorable. Una está en Madrid, otra en Andalucía y otra en Canarias. Y las tres llevan en su nombre una palabra mágica: “Tecnológica”. Como fundador de la Universidad Politécnica de Cartagena, la última pública que se creó hasta ahora, suscribo por completo esa reforma: ningún Gobierno autonómico debe aprobar la creación de ninguna universidad que no haya recibido informe favorable. Recomiendo al PP que no se oponga a esa parte de la reforma, aunque los Gobiernos autonómicos que las han aprobado sean precisamente del PP. En eso Feijóo tiene que echarle valor. No creación sin aprobación.
Es un error garrafal: el número de alumnos no tiene nada ver con la calidad
En segundo lugar, la reforma va a exigir que las universidades privadas tengan al menos 4.500 alumnos en los primeros cinco años. Eso es un error garrafal: el número de alumnos no tiene nada ver con la calidad. Al revés: masificar las universidades es uno de los modos más eficaces de deteriorar su calidad. Además, podrían poner en riesgo también a determinadas universidades públicas, como la Internacional de Andalucía, que no cumple ni de lejos ese requisito.
También van a exigir que impartan títulos de al menos tres grandes áreas de conocimiento. Otro error garrafal. Es perfectamente posible que una universidad alcance una gran calidad especializándose en un único sector del conocimiento, sea el tecnológico, sea el sanitario, por poner dos ejemplos.
Asimismo, van a exigir que se dedique cierto porcentaje del presupuesto a investigar y que se capten fondos ajenos en cierta proporción. Correcto: sin investigación no hay universidad.
Finalmente, van a nacionalizar las universidades no presenciales, aduciendo que acogen alumnos de toda España. Esas universidades solo podrá aprobarlas el Congreso. Acertado, pero problemático. Por un lado, entra en contradicción con el intento que ha hecho hace poco el Gobierno español de transferir al vasco la homologación de los títulos extranjeros. El Tribunal Supremo ha frustrado ese intento aduciendo precisamente que los títulos homologados no valdrían para ejercer solo en Vasconia, sino en toda España. Además, Izquierda Republicana de Cataluña ya ha anunciado que esa parte de la reforma no le gusta, porque implica privar al gobierno catalán de la capacidad de decidir. Es difícil fastidiar a Ayuso sin perjudicar a la vez a Illa. Yo creo que lleva razón el Gobierno español en la nacionalización, pero me pregunto si la ministra Morant, candidata a las elecciones valencianas, está dispuesta a enfrentarse a Compromiso en ese asunto.
En resumen, tres ministras candidatas autonómicas en juego para dos medidas acertadas, dos erróneas y una en el alero. Mucho ruido para tan pocas nueces. En otro Tibio, la postura de Podemos al respecto.
