MURCIA (F. V. / EFE). Más de dos meses después, queda definitivamente visto para sentencia el juicio contra Pedro Antonio Sánchez por el 'Caso Auditorio', una de las causas judiciales que precipitaría su salida de la política. Tras once vistas orales, en las que comparecieron más de una treintena de testigos, peritos y expertos, los cuatro acusados han ejercido el derecho a la última palabra antes de que el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, presidida por el magistrado Juan del Olmo, se retire a deliberar. "Le quiero decir a la sala que siempre he tenido dos límites [como responsable público]: la búsqueda del interés general y el cumplimiento de la ley", declaró Pedro Antonio Sánchez. Les aseguro que siempre ha sido así", remarcó el exalcalde de Puerto de Lumbreras (lo fue entre 2003-2013) y también expresidente de la Comunidad (2015-2017), el primero en la historia de la Región en sentarse en el banquillo de los acusados. El también exlíder del PP murciano, retirado de la política desde 2017, se enfrenta a dos años y medio de prisión por presunto fraude y prevaricación continuada, además de 19 años de inhabilitación para empleo y cargo público. Durante su última intervención quiso además remarcar su agradecimiento por el "escrupuloso trato" obtenido por parte de los funcionarios judiciales: "Que sé que no ha sido nada fácil".
Los otros tres procesados también hicieron uso de la palabra. El arquitecto del proyecto del Auditorio de Puerto Lumbreras, Martín Lejarraga, que se enfrenta a una pena de dos años y tres meses de cárcel por presunta prevaricación continuada, prevaricación y fraude, se limitó a agradecer el "buen trato y la cortesía" recibida en el edificio de la Audiencia desde el inicio del juicio, que empezó el pasado 27 de septiembre.
Caridad García, secretaria municipal de Puerto Lumbreras en 2006, lamentaba las acusaciones que han "dañado" su "reputación" y por las que vive "desde hace años en un estado de preocupación constante". En un texto leído con voz temblorosa, afirmaba: "He sido funcionaria durante 17 años, he trabajado para cinco equipos de gobierno y tres alcaldes, dos de ellos con signos políticos distintos, así como con dos interventores y cuatro secretarios generales. Durante mi carrera profesional siempre he trabajado de la misma forma, aplicando soluciones de consenso, tanto en la fase de preparación de las licitaciones como en las incidencias surgidas en la fase de ejecución de los trabajos". La técnico se enfrenta a la misma pena que el arquitecto, acusada de los mismos delitos.
Por su parte, Vicente Gimeno, que era responsable de la empresa constructora Ecisa, habló de "siete años de calvario y sufrimiento personal" y aseveró que su "único contacto" con la obra del Auditorio fue "tiempo después de finalizada", por lo que expresó su incomprensión "por estar sentado aquí" por una obra en la que, dijo, nunca había estado y con personas que "no conocía". Y manifestó que su empresa (cuya vinculación profesional terminó en 2018) "perdió mucho dinero" y "dejó de cobrar 250.000 euros por la subvención de la que nadie supo de su existencia". Gimeno se enfrenta a dos años y tres meses de prisión.
"Nunca hubo un encargo verbal"
Si el lunes fue el turno de las acusaciones (que quedaron elevadas a definitivas), esta vez, el martes, fue momento para que las defensas expusieran sus conclusiones en esta undécima sesión del juicio. Todos los letrados incidieron en la inocencia de sus representados y pidieron la absolución. Negaron la mayor, la que lleva sosteniendo el fiscal desde la instrucción: "Nunca hubo encargo verbal". Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción, ejercida por Juan Pablo Lozano, mantiene que el proyecto modificado del 'Caso Auditorio' de Puerto Lumbreras fue "un apaño" con el fin de aligerar plazos, abaratar la obra y evitar tener que devolver la subvención de seis millones de euros concedida por la Consejería de Cultura.
La defensa, sin embargo, esgrime que el modificado del proyecto "fue ajustado a derecho" porque "era lo que procedía al haber aparecido circunstancias no previstas inicialmente para cambiar el sistema de cimentación debido a las condiciones del terreno, puestas de manifiesto por un estudio geotécnico, lo que encareció los trabajos". También reivindicaron la legalidad del concurso que convocó el Ayuntamiento y argumentaron que la ayuda que otorgó la Comunidad se invirtió en la obra.
No hay prevista una fecha aproximada para conocer el fallo, según fuentes judiciales. La sentencia pondrá fin a una causa que empezó en febrero de 2015, cuando la Fiscalía presentó una querella por presuntas irregularidades en la adjudicación y la construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras. El Ayuntamiento del municipio era uno de los personados (su alcaldesa actual, de hecho, declaró como testigo y señaló que se personaron para "conocer qué se hizo en el Auditorio"), aunque este lunes retiró la acusación.
