El responsable de la empresa Ecisa, Vicente Gimeno; el expresidente Pedro Antonio Sánchez; la secretaria municipal de Puerto Lumbreras Caridad García Vidal y el arquitecto Martín Lejárraga, el segundo día del juicio en la Audiencia Provincial de Murcia. Foto: MARCIAL GUILLÉN (EFE()La regidora del PP, que fue concejala con Pedro Antonio Sánchez, expuso que el Ayuntamiento está personado "por responsabilidad" y para "conocer de primera mano qué sucedió"
MURCIA (F. V. / AGENCIAS). Turno para los testigos. Una vez que ya han declarado los cuatro encausados, el tercer día del juicio del 'Caso Auditorio' se reanudó con la comparecencia de los primeros testigos. Cabe recordar que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, presidida por el juez Juan del Olmo, juzga presuntas irregularidades en la adjudicación y la construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras durante la etapa en la que Pedro Antonio Sánchez fue alcalde del municipio (ejerció entre 2003 y 2013, antes de su salto a la Comunidad). Aquella fue una de las causas que acabarían precipitando su salida de la política. El expresidente, de hecho, se enfrenta a dos años y medio de prisión por posible fraude y prevaricación continuada, después que, en la primera sesión del juicio, la Fiscalía retirara el delito de fraude de subvenciones (que acarreaba dos años de cárcel y una multa de seis millones de euros).
La primera en declarar este martes fue la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, que juró decir la verdad y compareció en calidad de testigo como representante del Ayuntamiento. Túnez, que desde 2007 fue concejala en el equipo de Gobierno que presidió Pedro Antonio Sánchez, aseveró que conocía a dos de los cuatro acusados: a la secretaria municipal y, lógicamente, a Sánchez. La dirigente, aunque sí tenía acta de edil, no era miembro de la Junta de Gobierno, por lo que "no participó" en la toma de decisiones.
"Sólo queremos saber lo que ha pasado. Por responsabilidad nos personamos", dijo en referencia a que unas de las acusaciones, la particular, representa al Consistorio de Puerto Lumbreras. "Tenemos un edificio construido en nuestro municipio y queremos saber lo que ha sucedido". El complejo, detalló, está formado por un auditorio, un palacio de congresos y una escuela de danza, además del parking. "Estos dos últimos -el teatro no está terminado- los hemos puesto en uso, pero siempre hemos sido denunciados por la parte denunciante", señaló al tiempo que explicó que dejaron de emplear el complejo al "activarse" la vía judicial.
El fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, preguntó por la apertura, en 2016, de un expediente de liquidación de la obra. "Esa devolución no se ha hecho. Se inició un expediente, pero no se concluyó. Al estar judicializado, se ha quedado paralizado", indicó la regidora, que tomó posesión como primera edil en 2015, ya con Pedro Antonio Sánchez al frente de la Comunidad.
No hizo más preguntas el fiscal. La acusación popular (representada por PSOE y Podemos) no hizo preguntas y la acusación particular sí lanzó una consulta para expresar por qué el Ayuntamiento está personado en la causa. "Estamos aquí por el ofrecimiento de acciones que nos hizo el Juzgado de Instrucción. Queremos tener información de primera mano. Para saber por responsabilidad", respondió la regidora lumbrerense. Así, según termine el juicio, estudiarán si procede emprender acciones civiles.
Después fue el turno para otros tres testigos. Dos de ellos declararon que las obras estaban terminadas y respondían a las incluidas en el proyecto modificado, "pues de no haber sido así, no se habría llevado a cabo la recepción de las mismas", tal y como recoge la Agencia Efe. Ninguno de los testigos admitió que hubieran detectado "anomalías" en el curso de los trámites.
Los acusados, en su declaración, remarcaron que se tuvo que acudir a ese proyecto modificado al advertir que en el aprobado inicialmente no se había tenido en cuenta que los terrenos sobre los que se construyó ese complejo cultural estaban afectados por un vial, por lo que fue preciso retranquearlo. Cabe recordar que Sánchez, en el primer día del juicio, negó que la obra estuviera inacababa, sino que, dijo, se encontraba "acabada según el modificado".
Uno de los testigos, que era el ingeniero técnico industrial (ejercía como personal laboral del Ayuntamiento en Obras y Servicios desde 2007 hasta 2021), aseguró que en su día comunicó al Ayuntamiento que los trabajos estaban paralizados, aunque nadie le informó sobre los motivos de ello. Y agregó que dos de los tres módulos que constaba el complejo estaban acabados, mientras que el auditorio propiamente dicho se encontraba inacabado, para recalcar que todo podía darse por terminado según el proyecto modificado.
Por su parte, la que era interventora accidental en el momento de los hechos que se juzgan y actualmente es economista en el Ayuntamiento detalló que como aquel era a coste cero no era preciso extender ningún certificado de existencia de crédito. Añadió, igualmente, que las certificaciones de obras, extendidas por los servicios municipales tras la recepción de las facturas emitidas por la empresa constructora, se fueron abonando en su momento al haber crédito bastante, para añadir que "el auditorio estaba acabado conforme al modificado".
La vista oral continuará el 17 de octubre con la declaración de nuevos testigos. El juicio está previsto que concluya el 29 de noviembre, con un total de 15 sesiones. Participarán 42 testigos y una decena de peritos. Además del expresidente murciano hay otros tres procesados: el arquitecto del proyecto, Martín Lejarraga; la secretaria municipal, Caridad García Vidal, y el responsable de la empresa constructora Ecisa, Vicente Gimeno. La Fiscalía considera que Sánchez encargó a dedo el proyecto constructivo al citado arquitecto y que con posterioridad llevó a cabo otras actuaciones presuntamente prevaricadoras para dar apariencia de legalidad a lo hecho de forma irregular.
