Novena sesión del juicio del 'Caso Auditorio', celebrada en la Audiencia Provincial de Murcia. MURCIA (EFE). El fiscal ha afirmado que el proyecto modificado del Caso Auditorio fue un "apaño" para aligerar plazos, abaratar la obra y evitar tener que devolver la subvención de seis millones de euros concedida por la Consejería de Cultura.
En esta décima sesión de la vista oral en el juicio contra Pedro Antonio Sánchez, expresidente de la Comunidad Autónoma, y otros tres acusados en el Caso Auditorio, tanto la fiscalía como la acusación popular y las defensas de los cuatro acusados han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, reclamando estas últimas la absolución de todos ellos.
El fiscal del caso ha comenzado su informe, que se ha prolongado por espacio de hora y media, señalando que a lo largo del juicio los letrados defensores han tratado de mostrar lo que ha denominado “realidad paralela”, recurriendo incluso al uso a su favor de la semántica de las palabras.
Para la acusación estatal, la realidad de lo ocurrido en este caso es lo que consta en los documentos que integran la causa, y no la que se ha pretendido demostrar; así, ha añadido, sí hubo un encargo verbal por parte de Sánchez -que era alcalde de Puerto Lumbreras cuando ocurrieron los hechos- al arquitecto y también acusado, Martín Lejarraga, del proyecto del auditorio sin cumplir con las exigencias legales.
También ha explicado que aunque se ha intentado diluir la responsabilidad de lo ocurrido en varios concejales, los documentos demuestran que la iniciativa fue siempre de la Alcaldía, impulsora del proyecto constructivo y de la solicitud de subvención a la Consejería de Cultura para financiar los trabajos.
El representante del ministerio público, que ha calificado la actuación del exmandatario regional de “engañosa y arbitraria”, ha explicado que se acudió al concurso de ideas, que acabó con la adjudicación del proyecto a Lejarraga, para tratar de legalizar lo que antes se había hecho mal con el encargo a dedo del mismo.
Ha señalado también que en ese concurso de proyectos, al que se presentaron también otros dos equipos de arquitectos, no se respetó el anonimato, además de exponer que por su cuantía la convocatoria debió haberse publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Europea (DOCE).
Para la acusación estatal, ese concurso estaba predeterminado a ser adjudicado a Lejarraga, y ha añadido que las obras del Auditorio no pudieron concluirse porque se necesitaban más de dos millones de euros para ello.
Ha indicado también el fiscal que se acudió al proyecto modificado no porque hubieran surgido circunstancias imprevistas, como refieren las defensas al señalar que fue preciso hacer un estudio geotécnico de la parcela y un retranqueo de las obras por la aparición de un vial no previsto inicialmente.
La verdadera razón, ha explicado, fue tratar de cumplir las condiciones fijadas en la concesión de la subvención y evitar así que la Consejería pudiera reclamar su devolución por incumplimiento del objeto del concurso que financiaba.
En cuanto a las manifestaciones vertidas a lo largo de las sesiones del juicio por los testigos, ha comentado que le resultó “curioso” que muchos de ellos aludieran a que no recordaban los extremos por los que se le preguntaba o que había pasado mucho tiempo y, sin embargo, sí se acordaban de aspectos que podían beneficiar a los acusados.
En sus conclusiones, elevadas a definitivas este lunes, la Fiscalía ha reclamado para el expresidente regional diez años y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación, y dos años y seis mes de prisión y nueve de inhabilitación por los delitos de fraude y prevaricación que considera cometió con la aprobación del proyecto modificado.
Para Lejarraga ha solicitado penas que suman 16 años y medio de inhabilitación y dos años y tres meses de prisión, y para la que fue secretaria del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Caridad García, 16 años y seis meses de inhabilitación y dos años y tres meses de cárcel.
Finalmente, para un exalto cargo de la empresa constructora del edificio, Vicente Gimeno, solicitó dos años y tres meses de cárcel e inhabilitación de ocho años y un mes.
Tras la exposición de su informe por la acusación popular, que también actúa contra los cuatro encausados y que ha cerrado esta nueva sesión de la vista oral, esta concluirá este martes con la intervención para el mismo trámite de los cuatro abogados defensores.
