De un mes para acá, el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cartagena ha pasado de formar parte del Gobierno local con cuatro concejales a quedarse reducido a la mitad y políticamente desdibujado. Las salidas de Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, que abandonaron el partido manteniendo sus actas como concejales no adscritos, han dejado una situación tan inédita como incómoda: dos ediles que ya no pertenecen a VOX continúan sosteniendo al Ejecutivo de Noelia Arroyo y conservando además las áreas de Empresas y Turismo.

En medio de ese escenario, Vox Cartagena ha decidido mover ficha y llevará al próximo Pleno ordinario del 28 de mayo una “Moción en defensa de la estabilidad institucional y contra el transfuguismo político”, un texto que, aunque no cita nombres propios, apunta directamente a la crisis interna que ha sacudido al partido en las últimas semanas.

La iniciativa, firmada por el portavoz Gonzalo López Pretel y el concejal Diego Lorente Balibrea, plantea una adhesión expresa del Ayuntamiento de Cartagena al Pacto Antitransfuguismo y reclama limitar de manera tajante la capacidad de actuación y los recursos de los concejales no adscritos procedentes de otras formaciones políticas.

El texto sostiene que el transfuguismo constituye “una de las prácticas más lesivas para la calidad democrática”, al alterar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas, y recuerda tanto el contenido del pacto estatal suscrito por los principales partidos como la doctrina reciente del Tribunal Supremo sobre los límites legales de los concejales tránsfugas.

Vox advierte además de que las administraciones públicas no pueden otorgar “beneficios, cargos o contraprestaciones” a concejales que abandonan sus partidos ni sostener mayorías de gobierno apoyadas en este tipo de situaciones, al considerar que se vulneran principios básicos como la igualdad, la legalidad o la buena administración.

Aunque la moción evita mencionar explícitamente a Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, el contexto político deja poco margen para la interpretación. Ambos abandonaron Vox hace apenas unas semanas tras una profunda ruptura interna, pero lejos de provocar una crisis de gobierno, su continuidad como no adscritos ha permitido a PP y a la alcaldesa Noelia Arroyo mantener intacta la mayoría municipal y preservar el reparto de competencias.

Precisamente ahí pone el foco el tercer acuerdo de la moción, el más duro políticamente, en el que Vox reclama que los concejales no adscritos considerados tránsfugas no puedan disponer “ni directa ni indirectamente” de medios materiales, personales o económicos adicionales, incluyendo asesores, personal de apoyo o cualquier estructura equivalente a la de un grupo municipal.

La formación también pide que esos concejales no reciban “apoyo institucional, organizativo o administrativo alguno” que suponga equipararlos a los grupos políticos constituidos oficialmente en el Ayuntamiento.

La moción llega además en un momento especialmente delicado para el partido en Cartagena, que intenta reconstruir su papel en la corporación tras una fractura que ha dejado al partido con únicamente dos representantes y con una situación paradójica: mientras denuncia el transfuguismo desde la oposición, el Gobierno local sigue dependiendo precisamente de dos exconcejales para conservar la estabilidad institucional que ahora el partido reivindica en su iniciativa plenaria.