Una asociación vecinal y los partidos de la oposición de Cartagena sostienen que cuatro concejales del equipo de Gobierno cobran más de lo que les corresponde al no formar parte de la Junta de Gobierno. El Ayuntamiento defiende la legalidad de los salarios y deja el asunto en manos de los servicios jurídicos.

La crisis interna de Vox, la salida de dos de sus integrantes y los continuos cambios en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena han abierto una nueva polémica política en el Palacio Consistorial. Y esta vez el foco está puesto en los salarios de cuatro concejales del equipo de Gobierno.

Una asociación vecinal, respaldada por todos los grupos de la oposición, sostiene que estos ediles están cobrando indebidamente como “concejales de Área” pese a no formar parte de la Junta de Gobierno local. Según sus cálculos, deberían percibir alrededor de 12.000 euros menos al año.

La controversia se apoya en el Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Cartagena. El artículo 16 establece que los concejales de Área son aquellos que forman parte de la Junta de Gobierno y ejercen funciones de dirección y coordinación política. Por el contrario, el artículo 17 señala que los concejales delegados son quienes no pertenecen a ese órgano y trabajan bajo la dirección de un concejal de Área.

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, defienden la legalidad de la situación. Fuentes municipales explican que los servicios jurídicos interpretan que la Ley de Bases del Régimen Local limita únicamente el número de miembros de la Junta de Gobierno -un tercio de la corporación-, pero no el número de áreas de gobierno ni las jefaturas políticas asociadas a ellas. Por tanto, consideran compatible que existan concejales de Área que no formen parte de la Junta de Gobierno.

Los afectados por esta situación son los concejales no adscritos Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, así como los ediles del PP Pablo Braquehais y Belén Romero. Todos ellos formaron parte anteriormente de la Junta de Gobierno, aunque dejaron de pertenecer a ella por distintos motivos.

La propia alcaldesa, Noelia Arroyo, reconoció este miércoles ante los medios que existe una discrepancia jurídica sobre la interpretación de la norma. La cuestión podría acabar en los tribunales mediante un recurso contencioso-administrativo que determine si los salarios son ajustados a derecho o si alguno de los concejales tendría que devolver cantidades que podrían rondar los 40.000 euros por cobros presuntamente indebidos.

La duda, en cualquier caso, ya ha quedado instalada en el debate político municipal.