CARTAGENA. Delegar las reformas gubernamentales del Código Penal en manos de gentes que denigran la meritocracia amenazaba con provocar desagradables efectos colaterales indeseados. Para el personal antimeritocrático los conocimientos jurídicos acumulados desde los sumerios para acá solo eran un lastre reaccionario que dificultaba las liberaciones en marcha de los múltiples tipos de oprimidos a su cargo. Los memoriones del Derecho eran, a su juicio, sospechosos de elitismo y, en el fondo, unos fachas con doctorado. Para los iletrados, los avisos de los prudentes eran absurdos o malintencionados. La recurrente pregunta de Sánchez en el Senado se les aplicaba de maravilla: ¿insolvencia o mala fe? Bueno, pues las previsiones de estos estudiosos agoreros se han ido cumpliendo y, de no cambiar el rumbo de las reformas, lo mismo les ocurrirá a las anunciadas.
"muchos oportunistas aprovecharán la ley para sus desmanes"
Cuando, en la llamada ley del Solo Sí es Sí, amalgamaron los delitos de abusos sexuales con los de agresiones sexuales ya les avisaron que eso podía beneficiar a algunos agresores. El motivo era que la pena mínima del nuevo delito amalgamado era inferior a la del anterior delito de agresión sexual. Por tanto, habría que aplicar a los condenados al mínimo por agresión ese descenso del límite inferior de la pena. Ya hay más de diez agresores sexuales beneficiados por esa chapuza jurídica de los contrarios a la meritocracia. Su respuesta ha empeorado las cosas: los jueces son machistas, ignorantes o ambas cosas. Además, el hecho de que muchos de ellos sean mujeres no arregla las cosas: ya se sabe que muchas mujeres, juezas o no, son machistas o tránsfobas. Hermana, no eres de las nuestras, que somos las que sabemos cómo habría que aplicar la nueva ley sin tantos prejuicios burgueses. En ayuda de los contrarios a la meritocracia, el presidente español ha declarado que prefiere esperar a que el Tribunal Supremo unifique doctrina al respecto. El problema es que, al menos hasta ahora, todas las nuevas sentencias han ido en el mismo sentido y, por tanto, no hay nada que unificar. Seguimos a la espera.
También se les avisado de los inconvenientes de la nueva ley de autodeterminación de género. Si cualquiera puede convertirse en mujer por el mero hecho de enunciarlo, buena parte de las conquistas del movimiento feminista se vendrán abajo. Las mujeres nacidas varones ganarán todas las competiciones deportivas femeninas. También pedirán que las ingresen en cárceles de mujeres, con el consiguiente riesgo para las verdaderas féminas, muchas de ellas presas, pero honradas. A las agresiones sobre mujeres cometidas por hembras sobrevenidas no se les podrá aplicar el agravante de género. Y suma y sigue. No son fantasías, pues donde hay leyes parecidas todo eso ya está pasando. Pero los contrarios a la meritocracia desprecian esas cautelas como transfobia pura y dura, sin querer enterarse de que, junto a las transexuales genuinas, muchos oportunistas aprovecharán la ley para sus desmanes.
Para beneficiar a los separatistas catalanes condenados por sedición han tenido la genial idea de derogar ese tipo delictivo. Dicen que lo sustituirán por uno de desórdenes públicos agravados, pero es mentirijilla. Pretenden derogarlo y punto. Declarar la independencia de una región tiene tanto que ver con los desórdenes públicos como con ocultar cadáveres, otro nuevo delito que han colado junto con el de desórdenes. Con esa derogación provocarán dos efectos indeseados. Ya solo quedará el delito de rebelión para proteger la integridad territorial, de modo que a los futuros golpistas habrá que aplicárselo, a menos que tipifiquen la declaración de independencia regional como delito. Pero no lo harán porque todo es fruto de un pacto con los separatistas, a los que, desgraciadamente, no se les podrá aplicar retroactivamente la rebelión (quizás sí el intento de rebelión). El otro efecto indeseado es que el nuevo delito de desórdenes públicos agravados puede aplicarse para penalizar movilizaciones tumultuarias en general. Los más radicales de los separatistas ya han avisado que la novedad sería todavía peor que la maldita ley mordaza. Porque, para colmo, lo aplicarán jueces españoles. Así al machismo y la transfobia de los jueces se añade ahora el agravante de españolidad, en opinión de los contrarios a la meritocracia.
Finalmente, como a Junqueras lo condenaron también por malversación, andan ahora discutiendo cómo lograr modificar ese delito de modo que solo los aliados del gobierno queden exonerados. Creían haber encontrado una solución restringiendo la malversación a que hubiese habido lucro personal o de un tercero. Bastaría con despenalizar el uso impropio de los fondos públicos para beneficiar al partido, a un sector del electorado o directamente financiar la sedición. Esa vía parecía muy prometedora e incluso podría beneficiar al expresidente Griñán, a punto de entrar en la cárcel por malversación sin lucro personal. Pero los sabihondos de siempre les han avisado de que muchos condenados del PP por malversación tampoco se habían lucrado personalmente. Y claro, atreverse a decir que no hay malversación si no hay lucro, excepto si eres del PP, en cuyo caso la hay, sería demasiada audacia. Por más que han insistido los buenazos de Asens, Illa y Aragonés, la cosa tenía aristas, como dijo Echenique. Veremos en qué queda el debate, pero, si hay que juzgar por los precedentes, lo mismo acaban provocando otro goteo de condenados beneficiados. Por no hablar de los encausados en espera de sentencia.
Menos mal que, contrarios a la meritocracia, quizás ignoren que ya los sumerios, hace cuatro milenios, penalizaron los asesinatos. No vaya a ser que, al igual que la sedición, lo consideren una antigualla penal. Las consecuencias serían impredecibles y los jueces acusados de retrógrados por querer conservar un delito milenario.