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nueva ley

Servicios Sociales unificará la prestación entre municipios y todos los beneficiarios tendrán su 'historial social' 

28/05/2020 - 

MURCIA. El Gobierno regional ha dado luz verde al proyecto de ley de Servicios Sociales que pondrá en marcha un 'historial social único' para todos los beneficiarios, al estilo de los historiales clínicos. Los usuarios dispondrán de un expediente que recoja toda la información pertinente. La nueva norma, aprobada este jueves en Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Política Social, también unificará el catálogo de prestaciones de los 45 municipios de la Región de Murcia. Es decir, todas las localidades ofrecerán un mínimo de servicios.

Se trata de la tercera ley de Servicios Sociales de la Comunidad, que aprobó su primer texto en 1985. Aquella primera norma "sentó las bases" de las prestaciones sociales. La segunda llegó en 2003 y propició a las entidades sociales participar en las prestaciones. Ahora, esta tercera norma persigue que "ninguna familia pueda quedarse sin la ayuda que necesite para salir adelante", como así apuntó la portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal.

El proyecto de ley, que deberá ser tramitado en la Asamblea Regional, incluye como una de sus novedades la garantía de que se otorgarán ayudas para las víctimas de la violencia de género en situación de vulnerabilidad. También desarrollará la figura del 'profesional de referencia', que "atenderá de forma individualizada todas las demandas sociales, de modo que quienes acudan a los Servicios Sociales tendrán un interlocutor único para tramitar cualquier situación de necesidad", como así explicó la consejera.

La consejera de Política Social, Isabel Franco, tiene previsto reunirse con la Federación de Municipios para elaborar el catálogo de prestaciones de la nueva ley. El texto, que se divide en 11 títulos y uno preliminar, reconoce como derechos subjetivos determinadas prestaciones, "por lo que podrían ser reclamadas por la vía administrativa o ante los tribunales".

La norma también incorpora un sistema de sanciones que "podrá recaer tanto en las entidades que prestan los servicios sociales como en quienes reciban las ayudas en caso de vulnerar la normativa". Asimismo, recoge la implantación de un consejo de coordinación territorial para "garantizar la colaboración entre las distintas administraciones y los servicios de Atención Primaria y Protección Social".

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