CARTAGENA. Explicó el Aparecido en el Pasico anterior que llama falacia de Hume, o falacia H, al intento de hacer creer que un juicio de valor, es decir, una afirmación acerca de cómo deberían ser las cosas, es un juicio de hecho, una tesis acerca de cómo son las cosas. En general, siempre que alguien le diga que la única línea de actuación factible es la que él defiende hay motivos para sospechar que está engañándole con una falacia H, sospecha que se eleva al grado de certeza cuando ese alguien le diga que tal o cual actuación es antidemocrática o, echando el resto, directamente facha. Normalmente, lo que quiere decir es que no le gusta esa actuación o que preferiría que se hubiese hecho esto a aquello en lugar de lo que se hizo.
Para fijar ideas, el Aparecido propone primero estipular qué se puede considerar democrático y qué antidemocrático. En su opinión, en una democracia constitucional son democráticas todas las propuestas políticas, absolutamente todas, salvo que las inciten a cometer algún delito. Y son democráticas todas las actuaciones que no estén expresamente prohibidas por la Constitución y las leyes que la desarrollan. Quiere eso decir que solo serán antidemocráticas las propuestas políticas que propicien, de forma efectiva, no solo literaria, cometer delitos, y las actuaciones que violen la Constitución o las leyes penales. Todo lo demás queda protegido ya sea por la libertad de expresión, ya sea por la libertad de intervención en política, de ambas cuales disfrutamos en España. El Aparecido comprende que esos criterios puedan resultar chocantes en un país, como el nuestro, donde el liberalismo escasea, pero se atreve a preguntar: ¿Puede el discrepante concretar algún otro criterio para distinguir lo democrático de lo antidemocrático que no se base en el respeto a la Constitución?
Eso de preguntar será el método que empleará el Aparecido en el resto de este Pasico. En vez de sumarse al coro de portavoces políticos y analistas que están inundando nuestra región de insultos, descalificaciones y otras exageraciones, el Aparecido se limitará a formular preguntas. En vez de andar gritando por escrito improperios varios, como bolivariano, facha, prostituido, ventajista o antidemocrático, que son algunas de las lindezas con las que nos han obsequiado, aquí se tratará solo de plantear interrogantes y dejar que cada lector elija su propia respuesta. En suma, se trata de deslindar los hechos de las opiniones.
"Una cosa es que esa nueva mayoría regional no le guste a la oposición y pretenda cambiarla, y otra es que sea antidemocrática"
En nuestra región se han intentado popularizar varias falacias H a lo largo del año 2021. Una de ellas afirma que la mayoría absoluta que apoyó al Gobierno tras la fracasada moción de censura era ilegitima y antidemocrática porque contaba con los votos de varios diputados que fueron expulsados de sus partidos. Y ahora viene la primera pregunta: habida cuenta de que la Constitución establece que los diputados no están sujetos a mandato imperativo, y que las leyes vigentes dictan que, aun siendo las listas electorales cerradas y bloqueadas, los escaños pertenecen a las personas que los hayan obtenido, que no a sus partidos, ¿se puede calificar de antidemocrática la actuación de los denostados? En caso afirmativo, ¿implica eso que es antidemocrática la interdicción de mandato imperativo que figura en la Constitución? ¿No se trata, por el contrario, de dos de los escasos puntos liberales recogidos en nuestra norma básica? ¿Ha admitido algún juez a trámite alguna de las varias denuncias contra esa situación, como hicieron frente a la declaración de independencia del presidente regional Puigdemont? Una cosa es que esa nueva mayoría regional no le guste a la oposición y pretenda cambiarla, y otra es que sea antidemocrática.
Sobre la misma cuestión se ha dicho que los que votaron contra la moción sacaron beneficios personales y que el PP compró sus voluntades. Bueno, vayamos a los hechos. La principal promotora de la moción habría pasado de portavoz del Gobierno a presidir la Región, mientras que los principales que se opusieron siguieron en sus respectivos puestos, una de vicepresidente del Gobierno y el otro de presidente de la Asamblea. A la vista de eso, ¿dónde está el beneficio de los que no votaron a favor, si siguieron donde estaban? ¿No habría sido la promotora la única cuyo estatus político habría mejorado si hubiese triunfado la moción?
Segunda falacia de tipo H en nuestra región: la retirada del Estatuto, de la que se ha dicho que constituyó el mayor ataque a la democracia en España desde el golpe de Estado de Tejero. Atentos: retirar del Congreso el Estatuto, como ha había hecho el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, fue más grave que la declaración de independencia de Puigdemont o que los asesinatos de ETA posteriores a 1981. Vayamos a los hechos: se alcanzó un acuerdo unánime (o quizás menos Vox) en la Asamblea Regional; ese texto se elevó al Congreso; varios diputados del PSOE, Podemos y Cs presentaron enmiendas al texto acordado; la Asamblea regional modificó la norma que regulaba la retirada del Estatuto; finalmente, la Asamblea pidió la retirada y la mesa del Congreso aceptó la petición, con el apoyo del PSOE, no se olvide. ¿Fue ilegal alguno esos pasos? ¿Fue inconstitucional? ¿Por qué era democrático que los partidos en minoría en la Asamblea Regional modificasen en el Congreso el Estatuto acordado por ellos mismos en la Asamblea y no lo era que los partidos mayoritarios en la Asamblea lo retirasen? ¿Por qué habría bastado una mayoría absoluta en el Congreso para modificarlo, pero no en la Asamblea para retirarlo? ¿Por qué pedir unanimidad para retirarlo, pero no para modificarlo? ¿Ha apreciado algún juez que hubiese algún ataque a la democracia, como lo apreciaron en el caso de Tejero y de ETA?
"¿Fueron dictadores bolivarianos los presidentes socialistas Collado y María Antonia?"
Tercera falacia H regional, basada esta vez en la mera posibilidad de una futura actuación política. Ha dicho un portavoz de la oposición que la mayoría parlamentaria regional convertiría nuestra Región en una dictadura bolivariana si, por ventura, cambiase la vigente ley electoral para excluir de la Asamblea a las formaciones que no obtengan al menos uno de cada veinte votos. Esa afirmación invita a contestar con varias preguntas. ¿Considera ese portavoz que nuestra Región ha vivido la mayor parte del tiempo desde la transición a la democracia en una dictadura bolivariana? ¿Fueron dictadores bolivarianos los presidentes socialistas Collado y María Antonia? ¿Cree que ahora viven bajo una tal dictadura más de seis comunidades autónomas, unas gobernadas por el PP y otras por el PSOE? ¿Piensa que la totalidad de los ayuntamientos españoles, con alcaldes de todo el espectro político, se han constituido por métodos bolivarianos? ¿Es el alcalde de Murcia, al que ese portavoz apoya, un dictador bolivariano?
Y, las dos cuestiones de fondo, ¿es preferible una Asamblea Regional, o un Congreso Nacional, tan fragmentado que ponga al Gobierno de turno al albur de una pequeña minoría, o son preferibles una Asamblea y un Congreso menos fragmentados, en los que sea más fácil formar gobiernos estables, aunque sean de coalición? ¿Son las leyes electorales las que determinan qué partidos políticos resultan mayoritarios o son los votantes los que deciden el papel de cada partido en cada legislatura? Seamos sensatos: si un partido recibiese menos de un voto de cada veinte, no busque la causa en la ley electoral, sino en la voluntad de los votantes. El Aparecido está con la dignidad de esta amada Región, en la que, durante el año 2021, no se ha cometido ninguna cacicada: tan democrático y digno fue presentar una moción de censura, acordar un Estatuto y pretender modificarlo en el Congreso como no votar a favor de la moción, acordar un Estatuto y retirarlo del Congreso. Los insultos sobran y dicen más del que los emite que de sus destinatarios.
JR Medina Precioso