MURCIA (AGENCIAS). El líder de los socialistas murcianos, José Vélez, se encuentra al borde de del banquillo de los acusados por el llamado 'Caso Feria Taurina del Arroz', una instrucción judicial que investiga unos hechos ocurridos en la Plaza de Toros durante su etapa como alcalde de Calasparra.
El PP, tras conocer la noticia, exige su dimisión "inmediata" mientras que el PSOE, que en un principio guardó silencio, salió en su defensa y criticó a los populares y la oposición de Calasparra por usar "la Justicia de forma indecente" para "degastar su imagen"
La Fiscalía -según confirman fuentes oficiales a Europa Press- ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz un escrito para que abra el procedimiento abreviado para celebrar juicio oral contra el exalcalde de Calasparra y actual secretario general del PSRM-PSOE y portavoz parlamentario en la Asamblea Regional por presuntas irregularidades cometidas en la gestión del coso del municipio durante unos festejos cuyos hechos se remontan a los años 2017-2019.
El fiscal ve indicios de que Vélez habría incurrido presuntamente en los delitos de malversación y prevaricación administrativa en la gestión de la plaza de toros, según precisa Europa Press. La petición del fiscal también incluye a los dos otros concejales socialistas investigados: Antonio José Merino y Jordi Arce (actual gerente del PSRM y anterior secretario de Organización), según informa el diario La Verdad.
En el escrito notificado este miércoles a las partes y según fuentes de la Agencia Efe, el magistrado entiende que, presuntamente, el Ayuntamiento asumió gastos que no le correspondían en las ferias de 2017 y 2018 y que que esas facturas, relativas a la adecuación y mejoras de accesibilidad a la plaza de toros, su limpieza, los bueyes que participaron en los encierros y los carteles que anunciaban los festejos taurinos, debieron haber sido afrontadas por el empresario taurino Pedro Pérez, también imputado en esta causa.
Vélez está imputado (la figura jurídica hoy conocida como investigado) en este caso desde noviembre de 2022. Los denunciantes son el edil Carlos Alajarín (de Ciudadanos) y el munícipe Alonso Torrente (de Calasparra Viva), que se querellaron contra el alcalde y los otros dos concejales.
La declaración del ex primer edil de Calasparra se vio suspendida en dos ocasiones por las huelgas de los letrados de la Administración de Justicia y de otros funcionarios, hasta que el pasado 14 de septiembre de 2023 pudo declarar ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz, cuyo titular es el magistrado Manuel Ingelmo Martín.
En su declaración de septiembre, Vélez alegó que siempre actuó en defensa del interés general. También defendió la legalidad de los contratos acordados con el empresario que organizó las ferias de 2017 a 2019, aduciendo que fueron verbales y que sus cuantías eran beneficiosas para el consistorio. Asimismo, sostuvo que el ayuntamiento solamente intentó en todo momento colaborar en "la organización de las ferias seguidas cada año por miles de personas, con una notable repercusión económica en el comercio local".
Cabe recordar que Vélez fue el regidor de Calasparra entre 2014 y 2020, cuando dejó la Alcaldía para ser nombrado delegado del Gobierno en la Región, un cargo que ostentó hasta 2023, cuando se centró en la campaña electoral, que vivió como investigado. Desde 2021 es el secretario general del PSRM-PSOE. Tras las elecciones autonómicas de 2023, ejerce como portavoz parlamentario del PSOE en la Asamblea, un cargo que equivale a ser el líder de la oposición al Gobierno regional.
Ahora, la Fiscalía ha remitido el informe al Juzgado hace unos días y permanece a la espera de que el magistrado resuelva sobre esa petición, tal y como han confirmado las mismas fuentes. La petición continuará el procedimiento ordinario en estos casos, de forma que, ahora, se deberá informar al resto de acusaciones y la defensa tendrá que informar también. No obstante, no se conocen los plazos al respecto.
El PP, tras conocer la noticia, exige su dimisión "inmediata" mientras que el PSOE, a preguntas de este diario, guarda silencio y declina hacer comentarios al respeto. "José Vélez debe aplicarse su propio criterio y dimitir de forma inmediata", reclamó la portavoz del PP regional, Miriam Guardiola, que le pide que "se aplique a sí mismo la misma vara de medir que ha usado contra el PP y dé un paso al lado".
Para Guardiola, "resulta muy grave que la Fiscalía aprecie indicios de que Vélez incurrió en presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la gestión de la explotación de la plaza de toros de Calasparra entre los años 2017 y 2019". A su juicio, "al igual que a su jefe Pedro Sánchez, la corrupción acorrala a la cúpula del PSRM".
"Estamos completamente convencidos de que volverá a ganar esta causa, como ha ganado todas las anteriores. Esto es solo un trámite procesal y su inocencia quedará de nuevo ratificada", respondió por su parte, la vicesecretaria general y portavoz del PSOE regional, Carmina Fernández. "Pepe Vélez lleva muchos años ganando las decenas de denuncias y querellas falsas interpuestas por el PP y el resto de la oposición de su municipio, Calasparra, que siguen usando la justicia de forma indecente para intentar desgastar su imagen", señaló.
Además, considera que el PP, que tacha de "un partido condenado por corrupción y con una sede pagada con dinero B", no "está legitimado para pedir responsabilidades y mucho menos a una persona que nunca ha sido condenada". Y en duro comunicado, afirma: "El padre político de López Miras sí que es un corrupto condenado por los delitos de prevaricación y falsedad", en referencia al sucesor del actual presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, condenado a prisión por el caso Auditorio.
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