CARTAGENA. Una de las grandes polémicas de la enésima reforma educativa llevada a cabo por el gobierno de turno estaba relacionada con la educación llamada especial. La idea de la entonces ministra Isabel Celaá era ir integrando poco a poco a aquellos niños que necesitan una atención diferente. En este escenario, en el que se ponía en riesgo según algunas voces del sistema educativo la supervivencia de los centros de educación especial, resulta clave la figura de la orientadora. Una figura que ayuda al profesor a ofrecerle la atención que cada alumno necesita. Además, esta figura ayuda a detectar los problemas por los que un estudiante no rinde en clase como merecería.
Sin embargo, la ratio para tener una orientadora fija en el centro es de 30 aulas. Si baja esa cifra, la figura pasaría a ir cada 15 días. Es el problema que temen en cuatro centros educativos de Cartagena (San Isidoro y Santa Florentina, Virgen del Carmen, José María de la Puerta y el que se encuentra en la Palma, que también se llama Santa Florentina). "Nuestro centro además se divide en dos edificios, el situado en la Casa del Niño y el que se encuentra en el Paseo Alfonso XIII. Si la orientadora tuviera que venir cada quince días, teniendo además que dividirse entre dos edificios, sería inviable", señalan desde la asociación de padres del centro San Isidoro y Santa Florentina ubicado en el paseo Alfonso XIII.
Aunque desde la consejería de Educación señalan que la decisión no tiene carácter definitivo, sino que se encuentra en fase de estudio, analizando la situación del alumnado y del centro de cara al próximo curso escolar, estos cuatro centros temen que la norma de fijar una orientadora en base al número de aulas del centro termine siendo una realidad. "Se escudan en que la normativa es esa, pero no tiene ningún sentido. Viniendo cada quince días la orientadora se dedicaría casi exclusivamente a diagnosticar. Llevamos casi un mes con este asunto y no vemos que vaya a cambiar la situación", señalan los padres del centro cartagenero.
Porque, dicen los padres, un menor número de aulas no implicar que baje el número de niños que necesitan de esta figura. "Esta norma nos perjudica claramente y, además, no solo afectaría a los alumnos con unas necesidades más específicas. Todos los alumnos se verían afectados porque la atención del profesor estaría más dividida", afirman. Las movilizaciones de estos padres siguen activas con la esperanza de que la idea inicial no termine siendo efectiva.
