Protesta de sindicatos ante las puertas de la Consejería de Educación. Fotos: A. L. H. MURCIA. La pasada semana, sindicatos y asociaciones de docentes se movilizaron frente a la Consejería de Educación para reivindicar más recursos humanos y más medios materiales para la red de enseñanza pública. Los profesores y el conjunto de la comunidad educativa están dando un grito de socorro que toda la sociedad debería escuchar. Tras años y años de recortes por parte del Partido Popular en la Comunidad Autónoma, la Educación Pública está hoy en una situación de alarma. Y la puntilla la está dando una consejera ultraderechista, Mabel Campuzano, que se ha expresado en más de una ocasión públicamente contra la mera existencia de colegios e institutos públicos (ya anunció en su día que su modelo predilecto sería dar un cheque a cada familia para que elijan a qué colegio privado prefieren llevar a sus hijos e hijas) y que está directamente realizando una total dejación de funciones. El ejemplo más claro es que, estando ya a mediados de octubre, la Consejería aún no ha aprobado los currículum educativos que marcan la actividad docente durante el curso. Mes y medio después de empezar las clases, los profesores y profesoras siguen a ciegas.
"Diez años después, los 3.300 docentes recortados en 2012 continúan sin haber vuelto a las aulas"
En la crisis de 2012, el Gobierno regional de Valcárcel y el Gobierno de España de Rajoy decidieron abordar la crisis económica atacando los servicios públicos y llevando recortes criminales de todo tipo, cebándose especialmente con la educación y la sanidad. Cuando en España existía una tremenda incertidumbre para el futuro de millones de familias, el Partido Popular vio la oportunidad de hacer negocio con esas dos áreas tan importantes, y se lanzó a un proyecto privatizador del que aún no nos hemos recuperado. Fue entonces cuando se dejó fuera de las aulas a 3.300 docentes en la Región de Murcia, incrementando de forma escandalosa el número de niños y niñas por aula. También fue el momento en el que se dio una nueva ola privatizadora, aumentando el número de centros privados con los que se firmaban convenios, a la par que se cerraban líneas en colegios públicos y no se construía ni una nueva infraestructura.
Diez años después, los 3.300 docentes "recortados" en 2012 continúan sin haber vuelto a las aulas. Las aulas masificadas y la falta de inversión en nuevos centros están dejando un paisaje lleno de barracones en institutos y colegios; algunos inclusos colocados en lugares donde son claramente peligrosos, como en cauces de rambla. Ya en las últimas lluvias hubo que desalojar alguna de estas casetas de obra ante una riada en Los Alcázares. En cuanto a las privatizaciones, han llegado a tal punto que el nuevo presidente del Consejo Escolar es directamente miembro de la patronal de la escuela concertada.
El deterioro de la educación pública responde a un plan diseñado para acabar con ella, convirtiéndola en un servicio degradado al que sólo opte quien no pueda pagar las cuotas (ilegales pero existentes y frecuentes) de la concertada. Han convertido la educación en un negocio y ahora quieren sacarle aún más dinero a costa de extinguir la red de enseñanza pública a su mínima expresión, dejándola sin medios materiales, sin suficientes docentes y sin infraestructuras.
La receta para mejorar la Educación pública en la Región de Murcia es sencilla: establecer de una vez los currículum educativos, aplicar correctamente la ley para la reducción de la interinidad, rebajar las ratios, bajar las horas lectivas al profesorado y dotar a nuestros centros educativos de infraestructuras dignas. Y, por supuesto, dejar de privatizarla.
La movilización de la semana pasada no fue más que una señal de un otoño que se prevé caliente. Frente a un presidente regional, Fernando López Miras, que cree que puede regalar a empresas amigas la educación pública y una consejera, Mabel Campuzano, que ha paralizado por completo la actividad de su departamento y ha dejado tirados a padres, madres, niños, niñas, profesores y profesoras, va a existir respuesta social. Seguiremos denunciando cada nueva agresión contra la pública. Desde los sindicatos y asociaciones, desde toda la comunidad educativa, seguirán saliendo a las calles a reivindicar un sistema educativo digno, que garantice el futuro de las próximas generaciones y no los beneficios de unas cuantas empresas amigas del Partido Popular.
Ángel Luis Hernández
Secretario regional de Organización de Podemos
