Una comitiva de Vox frente a las puertas del centro de Santa Cruz, en septiembre. Foto: MARCIAL GUILLÉN (EFE)MURCIA. Si nada cambia y los Presupuestos salen adelante, los 72 menores inmigrantes acogidos en el centro Rosa Peñas deberán cambiar de hogar. El acuerdo suscrito entre PP, Ciudadanos y Vox para validar las cuentas de la Comunidad de este año recoge, en su segundo punto, que el Gobierno se compromete a que las instalaciones, situadas en la pedanía murciana de Santa Cruz, dejen de utilizarse como espacio de alojamiento de menores extranjeros no acompañados "a la mayor brevedad y a lo largo del ejercicio presupuestario". De momento, nada va a cambiar para estos niños y adolescentes, que seguirán residiendo en Santa Cruz. Y allí se mantendrán hasta que haya garantías de un recinto para acogerlos. Así lo explican fuentes de la Consejería de Política Social a Murcia Plaza, que detallan que "no se va a realizar ningún movimiento hasta que no haya lugar y presupuesto para instalar a los niños en un centro de similares condiciones".
El cierre de Santa Cruz es una de las exigencias de Vox. El partido, socio parlamentario del Ejecutivo murciano, reclama su clausura como centro de acogida de menores inmigrantes. Lo exigió en la investidura del Gobierno regional y también lo ha vuelto a pedir en los Presupuestos. Dirigentes y simpatizantes de Vox incluso se manifestaron este verano a las puertas del edificio, bajo el lema 'Stop Centros de Menas'. Y llegado el momento de iniciar las negociaciones con el Ejecutivo murciano para las cuentas regionales, la formación llegó a calificar el cierre como una línea roja para sentarse en la misma mesa. Ahora, suscrito el acuerdo de Presupuesto, Vox sostiene que ha recibido la garantía de que se ha encontrado una solución para estos jóvenes y "serán desalojados en breve"; sin embargo, desde la Consejería niegan haber encontrado todavía un destino. La Ley de Presupuestos ni siquiera ha pasado por el Parlamento murciano, apuntan desde la Comunidad.
Preguntados por este diario por los motivos de su rechazo al centro, desde Vox defienden que tras escuchar "la preocupación de los vecinos de la zona", estudiaron el centro: "Pudimos comprobar que existen múltiples deficiencias en todos los procedimientos administrativos de la Fundación que dirige el centro, tanto en la licencia de obras y de actividad como en la licitación del contrato", señalan a este periódico fuentes del partido. También argumentan que "incumple las características" de estos espacios, porque, indican, "la pedanía de Santa Cruz no dispone de instituto, ni de fuerzas de orden y seguridad en la localidad, ni de servicio permanente de consultorio médico, ni zonas deportivas ni zonas de ocio…" Añaden que Santa Cruz es una población de dos mil habitantes "sin la capacidad y los servicios que la ley establece para dar cobertura a un centro de estas características". Y agregan: "Tampoco consideramos adecuado el hecho de tener a estos menores recluidos en barracones como si se tratara de un campo de concentración".
El centro Rosa Peñas, que se inauguró el año pasado, funciona a pleno rendimiento, con todas sus plazas ocupadas, y da cobijo a 72 menores, según el último dato actualizado. Santa Cruz es una de las ocho instalaciones específicas para menores de las que dispone la Comunidad, que atiende en total a 236 jóvenes inmigrantes, según la cifra que detalla la Consejería que dirige Isabel Franco. Se trata de un centro de 'segunda acogida': es decir, es el lugar al que destinan los menores cuando llegan a la Región después de ser tratados por los psicólogos en centros de 'primera acogida', como el RAL de Alhama de Murcia.
El recinto de Santa Cruz se divide en tres casetas -u 'hogares' como así les denominan-, que agrupan a los jóvenes en función de su dominio del idioma y su integración en la Región (24 muchachos por cada caseta). Los menores conviven en sus instalaciones hasta que cumplen 18 años. Son tutelados de manera individual: reciben clases de castellano y conocen la cultura murciana y española para que puedan integrarse en la Región. Cuando alcanzan la mayoría de edad, celebran una fiesta de despedida. Además, en los casos de aquellos jóvenes que cumplen 18 sin terminar su formación académica -como puede ser un curso de FP-, la Comunidad recurre a ONG como Cáritas para asegurarse de que el joven esté asistido hasta que termine sus estudios.
Estos centros suponen "la única oportunidad" para los menores inmigrantes que "llevan una mochila cargada de abandono y abusos", como así considera la directora del Rosa Peñas, Judit García, en una reciente entrevista concedida a Efe. La ayuda del centro incluye, además de formación, atención psicológica y acompañamiento para "intentar reparar los daños de su vida anterior". Como así expone la directora, "se trata de propiciar que tengan una expectativa de vida fructífera y encuentren una oportunidad cuando sean mayores de edad, como un ciudadano más".
La mayoría de los menores atendidos proceden de Argelia. La pasada semana, la consejera Isabel Franco enviaba una una carta al embajador de Argelia en España, Toufik Milat, para expresarle "su preocupación por la suerte que correrán los menores no acompañados procedentes de Argelia que actualmente están bajo la tutela de la Consejería cuando cumplan la mayoría de edad", según informa Efe.
La vicepresidenta del Gobierno regional siempre defendió que Santa Cruz no cerraría -cuyo centro calificó como "modélico"- y que nunca dejaría desatendido a ningún menor inmigrante; sin embargo, con el paso del tiempo acabó reconociendo que tendrían que cumplir el pacto de investidura. Ahora, con el nuevo acuerdo para los Presupuestos, la Comunidad tendrá que reubicar a los jóvenes aunque desde Ciudadanos recalcan que ningún menor se quedará desastido durante el proceso.
Desde Vox, en cambio, se reafirman en su posición de que "los menores que se encuentren en España de manera ilegal deben ser devueltos a su lugar de origen junto con sus padres". Según sus argumentos, "muchos de estos jóvenes se hacen pasar por menores de edad y reciben una formación paramilitar". Estas declaraciones chocan con el testimonio de la directora del Rosa Peñas, que subraya que la labor de los centros es fundamental para ayudar a estos jóvenes. El sistema de protección de menores "puede ser la única vía para salir de la exclusión social", mantiene Judit García, convencida de la importancia de ayudar a un colectivo que "carga con una mochila de vida muy compleja".
También plantea una consulta sobre la inmigración ilegal
