CARTAGENA. La ocupación ilegal de las viviendas es una de las muchas preocupaciones que afectan al parque regional de alojamientos sociales que están distribuidos por toda la Región. Por ello, la Comunidad Autónoma ha pedido a los Ayuntamientos que actúen de control y filtro para una mejor evaluación de quién y cómo se ocupan aquellos apartamentos que están destinados a colectivos a los que les es más difícil obtener una en alquiler o propiedad.
Tratando de evitar la palabra okupas, el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, fue más sibilino a la hora de solicitar que desde los propios departamentos de Servicios Sociales de los ayuntamientos colaboren para revisar qué tipo de inquilinos viven en las viviendas sociales y comprobar "cuáles son los que tienen necesidades sociales. Los que ya hayan superado la situación de vulnerabilidad, deben desalojar esas viviendas. La idea es desocupar viviendas que están ocupadas por gente que no tiene que estar en ellas. Son los Ayuntamientos quienes nos deben decir qué familias son las que demandan realmente una vivienda social".
Esta es una de las líneas en las que se enmarca la estrategia integral de puesta en valor del parque de viviendas sociales de la Región de Murcia con el que se tratará de mejorar el bienestar de los residentes en las mismas.
La Comunidad Autónoma tiene un importante parque de viviendas sociales distribuidas por la Región, aunque este plan de mejora tendrá su punto de partida en Cartagena, donde ya cuentan con 257 alojamientos. El objetivo, tal y como indicaba el propio Díez de Revenga, es mejorar la habitabilidad invirtiendo en rehabilitación y fomentar que esos inquilinos puedan convertirse en propietarios. "La idea es arreglarlas y mejorarlas y con un precio competitivo, todo aquel que lleva años viviendo, pueda quedársela en propiedad con un precio competitivo", subrayaba el consejero de Fomento.
Dicha estrategia no cuenta con un presupuesto específico, aunque el dinero que la CARM ha decidido destinar para 2020 en Promoción y Rehabilitación de viviendas es de 22.597.042 euros -un 6% menos que en 2019-. "Una parte del presupuesto que tenemos para rehabilitar viviendas asumimos el compromiso de invertirlo en Cartagena y lo hacemos con un plan estratégico a medio plazo para que se puedan poner en valor todas estas casas y que sean más habitables y confortables", añadía durante el anuncio de las inversiones junto con la alcaldesa de Cartagena, municipio que abandera el plan de mejora con una inversión inicial de 200.000 euros.
Será, por tanto, de forma conjunta como se marquen las líneas de esta estrategia regional, para decidir a qué "apartamentos se pueden acoger al plan de rehabilitación y a través de Servicios Sociales asignar a qué familias se les dará un hogar. Ha costado, era una asignatura pendiente, pero podemos anunciar que avanzamos en un gran número de viviendas", explicaba la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón.
