MURCIA. Nuevo giro en la investigación en las primarias autonómicas de Ciudadanos. El partido naranja se personará como perjudicado en la causa abierta por el juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena por un presunto fraude en las votaciones celebradas en 2019 para elegir al cabeza de lista para las elecciones autonómicas, un proceso que ganó la hoy vicepresidenta del Ejecutivo regional, Isabel Franco. La Audiencia Provincial ha aceptado la personación de Ciudadanos y lo hace en contra del criterio de la Fiscalía y el propio Juzgado instructor, que habían rechazado previamente esta petición.
Ha sido precisamente el partido quien ha informado en un breve comunicado sobre la personación en la causa como víctima. "La Audiencia Provincial de Murcia ha aceptado a la formación liberal su personación en la causa en calidad de perjudicada, al considerar que el mero hecho de que -como consecuencia del proceso iniciado- se ponga en tela de juicio la honorabilidad, el buen nombre y el funcionamiento democrático del partido, ya constituye un perjuicio para Ciudadanos", apuntan.
A finales de diciembre de 2019, la vicepresidenta del Gobierno pidió personarse en el caso aduciendo que "quería esclarecer todo lo sucedido" y que se consideraba "una parte perjudicada". Franco se unía así a la decisión que tomó su partido, que también solicitó presentarse en el caso. Sin embargo, tanto la fiscal como el juez rechazaron que la vicepresidenta regional y su partido se personen como acusación particular. Ahora, la Audiencia da la razón a Ciudadanos y lo admite como acusación particular.
También la Policía ve indicios de delitos en el caso. Los investigadores de la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) advertían al juez de que existen "indicios racionales de que el partido intentó ocultar un posible fraude en la votación telemática". En su escrito -al que tuvo acceso Murcia Plaza-, los investigadores lamentaban que todavía no han recibido toda la información pertinente y echaban en cara a Ciudadanos y a la empresa que el partido contrató para las primarias, Lazarus, "su absoluta falta de colaboración real". En concreto, la Policía exigía en la investigación las identificaciones telemáticas del usuario de cada voto y nombre y apellidos del supuesto emisor del voto.
Este caso judicial, en el que no hay ningún imputado, se desencadenó en abril de 2019, cuando un informe pericial encargado por el aspirante Leonardo Pérez puso en duda la procedencia de 233 votos en las primarias de Ciudadanos. El candidato perdedor denunció el caso. En marzo, Franco se había impuesto en las primarias autonómicas con 599 votos (el 63% de los votantes), más del doble que Pérez, que recogió 237 sufragios. Meses después, la Policía Nacional confirmó que existen indicios de delito.