El responsable de la empresa ECISA, Vicente Gimeno (2i); el ex presidente del Gobierno regional Pedro Antonio Sánchez (3d); la secretaria municipal de Puerto Lumbreras Caridad García Vidal (2d), y el arquitecto Martín Lejarraga (1d) en la Audiencia Provincial de Murcia, el primer día del juicio. Foto: EDU BOTELLA (EP)MURCIA (EFE). El juicio contra Pedro Antonio Sánchez (PAS), expresidente de la Comunidad Autónoma, y otros tres acusados en el 'Caso Auditorio' iniciado el pasado 27 de septiembre en la Audiencia Provincial de Murcia entrará este lunes en la recta final, tras las nueve sesiones ya celebradas.
A lo largo de las dos sesiones a celebrar ese día y el martes el fiscal, las otros dos acusaciones y las defensas dirán si dan por reproducida la prueba documental desarrollada en la vista oral y si elevan a definitivas sus conclusiones provisionales, para, a continuación, exponer sus respectivos informes. En estos últimos, las partes defenderán sus posiciones, insistiendo en todo aquello que se haya visto en el juicio que respalde las mismas e intentando descalificar o cuestionar aquellas otras que les perjudican.
Cabe recordar que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, presidida por el juez Juan del Olmo, juzga presuntas irregularidades en la adjudicación y la construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras durante la etapa en la que PAS fue alcalde (entre 2003 y 2013 antes de su salto a la Comunidad, que presidió entre 2015 y 2017). Aquella fue una de las causas que acabarían precipitando su salida de la política. El expresidente se enfrenta a dos años y medio de prisión por presunto fraude y prevaricación continuada, además de 19 años de inhabilitación para empleo y cargo público. Además del expresidente murciano hay otros tres procesados: el arquitecto del proyecto, Martín Lejarraga; la secretaria municipal, Caridad García Vidal, y el responsable de la empresa constructora Ecisa, Vicente Gimena.
La Fiscalía considera desde que presentó su querella y luego en su escrito acusatorio recibido en el juzgado de instrucción que investigó los hechos en enero de 2019 que Sánchez "realizó un ilícito encargo verbal" al arquitecto Martín Lejarraga, también acusado, para realizar un proyecto sobre la construcción del Auditorio sin haber realizado previamente ningún expediente de contratación. Y añade que al advertir de que esa forma de actuar no se ajustaba a la ley, convocó un concurso de ideas para tratar de salvar la situación creada, presentándose al mismo tres aspirantes y siendo adjudicado a Lejarraga.
Sin embargo, las defensas sostienen que ese encargo previo inicial nunca existió, sino que se trató solo de un intercambio de impresiones entre Sánchez y el arquitecto sobre la necesidad de que el municipio que regía entonces el primero contara con esa infraestructura cultural. Además, en contra también de lo que mantienen las acusaciones, las defensas aseguran que el proyecto modificado, que también está en el punto de mira de las mismas, estaba ajustado a la legalidad.
A lo largo de las nueve sesiones del juicio han sido también numerosas las intervenciones del presidente del tribunal y de la magistrada ponente para formular preguntas a acusados, testigos y peritos, lo que no suele ser habitual.
En las dos próximas jornadas, según se advirtió en la celebrada el pasado martes, deberán estar presentes todos los acusados, que hasta ahora, tras declarar en esa condición, habían estado exentos de comparecer. Esa obligación está determinada, principalmente, porque tras la exposición de los informes de todas las partes tendrán derecho a usar su derecho a la última palabra.
En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía reclama para el expresidente regional diez años y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación, y dos años y seis mes de prisión y nueve de inhabilitación por los delitos de fraude y prevaricación que considera cometió con la aprobación del proyecto modificado.
Para Lejarraga reclama penas que suman 16 años y medio de inhabilitación y dos años y tres meses de prisión, y para la que fue secretaria del ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Caridad García, 16 años y seis meses de inhabilitación y dos años y tres meses de cárcel.
Finalmente, para un exalto cargo de la empresa constructora del edificio, Vicente Gimeno, solicita dos años y tres meses de cárcel e inhabilitacion de ocho años y un mes.E
