MURCIA (EFE / M. P.). La ruptura del Partido Popular y Vox en seis autonomías, como la propia Región de Murcia, ha llevado a desencuentros, reproches y ahora, tres meses después, provoca que la incertidumbre tiña la negociación para los presupuestos de 2025, aunque los presidentes del PP tienen un as bajo la manga: la prórroga presupuestaria.
Al divorcio con el partido de Santiago Abascal, un 11 de julio, los presidentes en Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Aragón, Región de Murcia y Baleares llegaron con el Presupuesto de 2024 aprobado y esas cuentas, con sello PP, son las que podrían extenderse si los antiguos socios no logran entenderse.
En el caso de la Región, el PP cuenta con 21 diputados y necesita llegar a los 23 de la mayoría absoluta... o una abstención de algún grupo parlamentario. Así lo esgrime el propio Fernando López Miras, quien subraya que para que las cuentas no salgan adelante hace falta un triple 'no' de la oposición: los 13 del PSOE, los 9 de Vox y los dos del Grupo Mixto (Podemos Izquierda Unida).
Tras la separación, los presidentes del PP señalaron que su apuesta era seguir gobernando, sin nuevas elecciones, pero en todas sus autonomías las cuentas dependen de los votos de Vox, aunque en regiones como Baleares y la mencionada Murcia el partido de Abascal tendría que sumarse a la izquierda para impedir su aprobación.
Conseguir su respaldo será complejo porque Vox ha anunciado que solo apoyará los Presupuestos si por parte del PP hay un "rechazo explícito" del reparto de menores migrantes y la formación de Alberto Núñez Feijóo ha rechazado esta condición.
Sin embargo, aunque la prioridad es que haya nuevas cuentas, la prórroga presupuestaria no es "un drama". La expresión la ha empleado el síndic de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, y resume el actual escenario, aunque precisamente en esta autonomía no se ha vivido una prórroga presupuestaria en los últimos 35 años.
En otras, como Castilla y León, el desencuentro entre PP y Vox anima el panorama electoral porque la legislatura acaba antes, en 2026, y la posibilidad de un adelanto está más abierta que nunca por el previsible desencuentro en la votación de las cuentas.
Sin embargo, el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, no logró el resultado que esperaba cuando llamó anticipadamente a las urnas en 2022 y hay recelo a convocar en solitario, sin que las elecciones autonómicas coincidan con más citas electorales, pero en su equipo especulan con la opción de que Pedro Sánchez anticipe y resuelva esa soledad electoral.
A la negociación PP y Vox llegan después de tres meses de mucho ruido y algunos cambios en las políticas, porque los populares, que siempre quisieron gobernar en solitario, han dejado, en algunos casos, de sentirse vinculados a los acuerdos suscritos en las investiduras.
Es lo que ha ocurrido en Extremadura, donde María Guardiola ha metido en el congelador la Ley de Concordia, que iba a sustituir a la de memoria, y ha rechazado el pin parental de sus anteriores socios. En su caso, lo que no ha cambiado es el Gobierno, porque el consejero de Vox, Ignacio Higuero, se quedó a su lado. Vox la califica de "okupa" porque sin sus votos no hubiera sido presidenta.
A la papelera se ha ido también la ley de concordia pactada en Castilla y León, entre acusaciones de traición de Juan García-Gallardo (Vox), que hasta la ruptura era el vicepresidente de la Junta. Y en un cajón se quedará también la anunciada ley contra la violencia intrafamiliar. Y pese a ello, los puentes siguen tendidos.
En otros territorios la minoría parlamentaria del PP ha llevado a un juego de equilibrios forzoso.
Un ejemplo es Baleares, donde Marga Prohens, al frente desde el inicio de un Govern monocolor, ha tenido que lidiar con la división interna de su anterior aliado parlamentario. El PP debe negociar con cuatro fieles a Abascal, dos disidentes y dos no adscritos.
En este marco, los populares baleares han mantenido en la presidencia del Parlament al oficialista Gabriel Le Senne, pese a estar imputado por un delito de odio, pero por otra parte han tumbado el llamado pin parental.
En la Comunitat Valenciana, Vox ha seguido negociando en aquellas cuestiones que, dicen, "difícilmente" asumiría la izquierda, mientras que en Aragón los antiguos compañeros de Gobierno han tenido choques a cuenta de las lenguas.
En la Región de Murcia, el PP ha dado cumplimiento a su pacto con Vox y ha cerrado el Consejo de Transparencia, sustituyéndolo por un comisionado, con su aliado ya fuera del Gobierno, en lo que se interpretó como un guiño a la vista de la negociación de los Presupuestos. No obstante, los roces se han acentuado esta semana.
El motivo del reciente disgusto de los populares es la posición de Vox para reformar la programación de los plenos. El partido de José Ángel Antelo secundó la propuesta de Podemos, y ambos, junto con el PSOE, sacaron adelante un calendario con más actividades para la Asamblea: los plenos se multiplicaran de los tres de este primer curso -un número muy cuestionado por socialistas y morados- a ocho al cabo del mes. Esta decisión supone más trabajo para sus señorías, con plenos de impulso al Gobierno que se celebrarán los martes en sesiones de mañana y tarde y, sobre todo, conllevará más vigilancia al Gobierno, pues las mañanas de los viernes se dedicarán a las sesiones de control al Ejecutivo.
Un día después, el portavoz murciano de la Comunidad, Marcos Ortuño, arguyó que el partido de Santiago Abascal vive en la Región "una doble incongruencia" porque "son los más críticos con Pedro Sánchez, pero ahora se dan de la mano con el mayor defensor del sanchismo", en alusión al secretario general del PSRM-PSOE, José Vélez. Es una crítica similar que ya esbozó el portavoz parlamentario de los populares en la Cámara, Joaquín Segado, quien, visiblemente contrariado, llegó a afirmar tras el pleno de la Asamblea: "Los principios de Vox han durado el tiempo que iban subidos en coche oficial".
La inmigración es el denominador común para los encontronazos en todos los territorios. Pese al rechazo de Vox, los barones del PP aceptaron la acogida de menores migrantes y la postura se mantiene, aunque el reparto forzoso por todo el país no se ha impuesto hasta el momento, porque el Gobierno y el PP no logran ponerse de acuerdo para reformar la ley de extranjería.
Otra máxima ha guiado las relaciones de la antigua pareja. Figura en el manual de 'primero de política': el argumento de la falta de autonomía, que PP y Vox se han cruzado en estos meses, acusando al contrario de actuar siguiendo las directrices que su partido manda desde Madrid.
Y pese a estas precarias relaciones, y el continuo intercambio de reproches, tres meses después perviven las alianzas en 140 municipios, aunque Vox mantiene vigente el aviso de que también en las localidades podría optar por la separación.
La Comunidad se encuentra cerca de presentar el texto del Presupuesto y los populares tendrán que negociar con los grupos y arrancar al menos una abstención si no quieren que las cuentas sean tumbadas y obligadas a una prórroga.
Ortuño aseguró que presentarán unos proyectos "que sean buenos para la Región". El portavoz esgrimió que el tiempo que Vox estuvo en el Ejecutivo demostró tener responsabilidad y señaló que la única forma que hay de que no se aprueben es que Vox vuelva a sumar sus votos a PSOE y Podemos "y esperemos que eso no suceda".
Precisamente esta misma semana Vox ya ha dejado claro qué pide para lograr su 'sí': tres premisas y once ejes, enumeradas por Antelo. Entre ellos aparecen medidas como el cierre de menores no acompañados de Santa Cruz, el amparo jurídico para pistolas táser, gas pimienta y arma larga policial y la ampliación del tranvía a Molina de Segura.
También reclama un convenio marco para los bomberos; 5,5 millones de euros para el Centro de Formación en Cartagena; la puesta en marcha del Servicio de Alertas y Respuestas a Emergencias (SARE) y la ejecución del (Centro Integral de Respuesta a Emergencias y Seguridad (CIRES).