MURCIA. En 2021 las ocupaciones ilegales de viviendas aumentaron un 60,6% en la Región de Murcia con respecto al año anterior, un dato que ha sacado a la luz el grave problema que venimos padeciendo, no solo en nuestra Comunidad Autónoma sino en todo el territorio nacional, y que pone de manifiesto el colapso de nuestras Administraciones, la ruptura de la ley y el orden y la falta de voluntad política de quienes han parasitado las instituciones públicas promoviendo el ataque a la propiedad privada y, por ende, a la libertad.
La sensación de impunidad, la incapacidad de los poderes públicos para proteger a sus ciudadanos o la nula respuesta a las necesidades de estos, por ejemplo, aumentando el parque de vivienda social en alquiler, reformando tanto la Ley de Arrendamientos Urbanos como la Ley de Propiedad Horizontal, o un aumento de las penas, con el fin de asegurar unas condiciones mínimas de bienestar, están llevando a algunos ciudadanos a tomarse la justicia por su mano.
"¿Por qué se ampara y legitima este fenómeno con una legislación complaciente?"
Podríamos decir que la situación actual de blanqueamiento de la 'okupación' tiene su origen en la crisis económica de 2008 cuando miles de familias no pudieron seguir haciendo frente a las cuotas de su hipoteca llegando, las más necesitadas, a recurrir a la ocupación. La presión social de algunas plataformas, coordinadas por personas que posteriormente entraron en la política de este país, llevó a que la Policía recibiese ocasionalmente la orden de no intervenir hasta que el juzgado se pronunciase al respecto, comenzando a surgir nuevas formaciones políticas y movimientos que reivindicaban "el derecho a okupar". Posteriormente, la reforma del Código Penal en 2015 no ayudó, la usurpación comenzó a calificarse como delito leve siendo condenada con una irrisoria pena de multa.
Desde 2018 tenemos a un Gobierno que, aprovechando la pandemia, ha intensificado sus ataques a la propiedad privada en su afán de supeditarla al bien común, impidiendo los desalojos de okupas cuando se trate de personas vulnerables que hayan ocupado la vivienda sin que medie violencia o intimidación. O, dicho de otro modo, ya no bastaba con que el okupa cometiese un delito, sino que, además, aquel tenía que haber sido violento. ¿Por qué se ampara y legitima este fenómeno con una legislación complaciente? La respuesta es sencilla, por voluntad política.
A nivel autonómico y municipal encontramos en importantes ciudades de España la misma tendencia contra la propiedad privada. Así, existen guías y manuales sobre cómo realizar una ocupación redactadas por entidades -presuntamente subvencionadas- afines a determinados grupos políticos que tienen como único objetivo fomentar aquella. Ese impulso de la ocupación desde algunos consistorios es lo que ha generado la proliferación de mafias o grupos organizados.
El ataque a la propiedad privada y la dejación de funciones llegan hasta el punto de que se esté admitiendo como documento acreditativo de la posesión de un inmueble un simple ticket de compra. El proceso es bien sencillo: los okupas seleccionan una vivienda; a continuación, solicitan comida a domicilio, por ejemplo, una pizza con la dirección correspondiente y esperan al repartidor en el portal. Posteriormente usurpan la vivienda y si aparece la Policía, enseñan dicho justificante de compra para intentar demostrar que llevan unos días en ese inmueble. En ocasiones son los propios okupas los que se denuncian asimismo utilizando la propia denuncia como documento acreditativo de la fecha de la ocupación y quedar protegidos al amparo del artículo 18.2 de la Constitución.
"Las mafias deben saber que la tendencia ha cambiado y habrá tolerancia cero en todos los ámbitos"
La propia Fiscalía General del Estado señala que "las estadísticas ponen de manifiesto que las ocupaciones de inmuebles se llevan a cabo en el ámbito de lo que denominamos delincuencia organizada, es decir, por parte de grupos u organizaciones criminales de carácter nacional o transnacional" que operan al margen de la legalidad, pero con profundo conocimiento de ella, que ocupan los inmuebles con niños y/o ancianos con problemas de salud e incluso comercian con dichas viviendas. Cuando la ocupación tiene su origen en esos grupos organizados las comunidades de vecinos y los barrios se degradan creando focos de violencia y delincuencia que socavan la convivencia y el orden público.
En lo que a la Región de Murcia se refiere, el canal de denuncias aprobado por el Ejecutivo, el manual de buenas prácticas o el servicio de mediación hipotecaria, pese a las numerosas llamadas recibidas, dejan al ciudadano afectado prácticamente en la misma situación, limitándose sugerir una legalización del okupa mediante un acuerdo con el propietario o un asesoramiento que consiste en seguir el cauce legal previsto, condenando a la víctima de una ocupación a una larga travesía por los juzgados en el que debe asumir todos los gastos, así como los daños materiales.
La sensación de impunidad y la alarma social entre la población ha llevado a recurrir a empresas de desocupación que proliferan por todo el territorio nacional. Por el mismo precio de un procedimiento judicial, pero en apenas unos días, solucionan un problema que nuestro "Estado social y democrático de derecho" no puede -o no tiene interés- solucionar, al menos, en un periodo de tiempo razonable que nos equipare a nuestros vecinos europeos.
Llegados a este punto es preciso recordar que en nuestras instituciones hallamos personas que por su cargo pueden y deben asumir cierta iniciativa e implicarse, y eso es precisamente lo que hizo en su momento (incluso antes que la Fiscalía General del Estado, cuya credibilidad y reputación quedó bastante dañada tras el famoso "de quién depende la Fiscalía" del presidente del Gobierno) la Fiscalía Provincial de Valencia y el fiscal superior de Baleares al instruir a los fiscales sobre cómo actuar en caso de ocupaciones tanto de primeras como de segundas residencias. Y es que se necesita el compromiso y la implicación de todos los agentes que integran nuestra administración e instituciones públicas. Las mafias deben saber que la tendencia ha cambiado y habrá tolerancia cero en todos los ámbitos.
En definitiva, los Estados fallan cuando no cumplen con sus obligaciones; la ocupación no es más que el fracaso de un país para cumplir con el mandato constitucional en materia de vivienda.
Alejandro Gálvez Carrillo
Abogado
Coordinador Grupo de Trabajo Provincial de "Inmigración, ocupación, delincuencia y drogas" de Vox Murcia
