El recurso de Podemos y la soberanía nacional

CARTAGENA. El partido político Podemos ha presentado un recurso de amparo para que el Tribunal Constitucional declare ilegal tanto la decisión de nuestra Asamblea Regional de retirar del Congreso de los Diputados el proyecto de Estatuto de Autonomía que estaba tramitando como la decisión de la Mesa del Congreso, cuya presidente milita en el PSC, de aprobar esa petición regional. En opinión de Podemos, la Asamblea Regional y la Mesa del Congreso habrían violado el derecho fundamental a la participación política de sus diputados en el Asamblea Regional y en el Congreso. Si el recurso prosperase, el Estatuto volvería al Congreso, donde se reanudaría su tramitación.

En opinión del Aparecido, es poco probable que el recurso prospere. Para empezar, los argumentos que emplea Podemos para pedir la nulidad de la retirada podrían perfectamente servir para avalarla. En efecto, afirma Podemos que, como el Estatuto se aprobó en la Asamblea Regional por unanimidad, no valdría retirarlo por simple mayoría en dicho órgano de representación; sin embargo, también podría argüirse que, precisamente porque se aprobó por unanimidad, no valdría modificarlo por simple mayoría. En realidad, tanto la iniciativa de modificarlo como la petición de retirarlo eran válidas.

"es paradójico que los representantes murcianos de un partido proclive a la plurinacionalidad prefieran que el Estatuto de su región refleje los ideales mayoritarios en el Congreso que los de la Asamblea Regional"

Otro argumento de Podemos es que, como la Asamblea solicitó la retirada tras haber relajado las mayorías parlamentarias necesarias para hacerlo, solo valdría el nuevo listón para las futuras iniciativas, pero no para el Estatuto, que ya había sido remitido. O sea, que la retirada estaría violando el principio general de que las leyes no pueden aplicarse de forma retroactiva. Tampoco parece que el Tribunal Constitucional vaya a darle la razón en eso: el Congreso todavía no había aprobado el nuevo texto definitivo del Estatuto, sino que estaba discutiéndolo, por lo que, en principio, no habría tal retroactividad, que suele predicarse de los actos firmes. Además, hay un precedente: la Presidencia del Congreso, para dar luz verde a la retirada del Estatuto de Castilla-La Mancha que había solicitado el Gobierno socialista de esa región, emitió una resolución dictaminando que los proyectos de Estatuto podían ser retirados "en cualquier etapa de su tramitación".

Desde el punto de vista del fondo del asunto, la retirada tampoco lesiona irreversiblemente ninguna aspiración de los diputados de Podemos. Básicamente eran dos: conceder personalidad jurídica al Mar Menor y establecer que nadie podría presidir nuestra región durante más de dos mandatos consecutivos. Ahora bien, como está tramitándose una Iniciativa Legislativa Popular para dar personalidad jurídica al Mar Menor (el Aparecido lo considera aberrante), Podemos tendrá ocasión de defender y eventualmente aprobar esa norma. Así mismo, nada impide que Podemos, que forma parte del Gobierno español, presente un proyecto de ley para establecer, con carácter general, la limitación de mandatos en las autonomías españolas, e incluso en la nación española. Después de todo, lo que sería bueno para Murcia debería serlo para todas las demás autonomías. Así que el Aparecido les invita a que aprovechen esa modesta sugerencia.

Algún paseante podría estar preguntándose a estas alturas si merecía la pena escribir un Pasico para explicar algo que podría reducirse a dos frases: primera, Podemos ha recurrido la retirada del Estatuto; segunda, el recurso no prosperará. Posiblemente llevaría razón si eso fuese todo, pero es recurso tiene mucha más enjundia, no por lo que argumenta, sino por el significado profundo de haberlo presentado y por su contexto.

Nótese que el mero hecho de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional implica dos cosas: que se acepta la Constitución española como fuente de legitimidad y que se acepta la capacidad de ese tribunal para separar la constitucional de lo inconstitucional. Ambos datos son del máximo interés en un partido, como Podemos, que en varias ocasiones ha planteado iniciativas cuyo trámite no se atenía a lo previsto en la Constitución. De hecho, el nuevo ministro de Universidades, el profesor Subirats, declaró, al poco de tomar posesión, que convenía realizar un referéndum para que los catalanes, y solo ellos, aprobasen o rechazasen la separación de Cataluña del resto de España. 

Habida cuenta de que esa propuesta choca frontalmente con el capítulo primero de nuestra Constitución, donde se reconoce la soberanía única del pueblo español, y con lo previsto en el artículo 168 de esa norma, donde se establecen las mayorías cualificadas que serían necesarias en el conjunto de España para proceder a una reforma agravada de la Constitución, quizás convendría que los diputados de Podemos en nuestra región avisasen con urgencia a su ministro catalán que, por favor, se abstuviese de defender proyectos inconstitucionales, no fuese a ser que en los miembros del Tribunal Constitucional germinase alguna duda acerca de si los recurrentes, o sea Podemos, aceptan sinceramente o no la Constitución o si siguen adheridos a la idea de que constituye "el cerrojo del 78".

"Acabar con España o acabar con sus autonomías, esa es la cuestión"

La cosa no es trivial porque, en el fondo, la postura de Subirats representa mejor el programa profundo de Podemos que el recurso presentado por sus homólogos murcianos. En efecto, esa formación política defiende el derecho a la autodeterminación de las varias naciones (¿cuántas y cuáles?) que, según ello, existen en el Estado plurinacional español. En realidad, eso no sería inconstitucional si no fuese porque pretenden disolver la nación española sin respetar los cauces previstos en nuestra tolerante Constitución, sino realizando directamente tantos referendos regionales como quisiesen las fuerzas separatistas locales. De hecho, la mayoría parlamentaria en el Congreso que aupó a Podemos, junto con el PSOE y el PSC, al Gobierno de España está conformada esencialmente por partidos separatistas, como el catalán IRC y el vasco Reunirse, uno de los cuales fue una pieza fundamental de la sedición de 2017 y el otro está repleto de etarras. De hecho, la ministra podemita Yolanda Díaz acaba de declarar que "sus relaciones con IRC son excelentes" y que prefiere su apoyo al de Ciudadanos para sacar adelante la reforma laboral en curso. No deja de ser paradójico que los representantes murcianos de un partido proclive a la plurinacionalidad prefieran que el Estatuto de su región refleje los ideales mayoritarios en el Congreso, sede de la soberanía nacional española, que los de la Asamblea Regional murciana. ¿Es que nuestra Asamblea vale menos que las de Cataluña o el País Vasco Español? Pero eso es lo de menos: lo de más es que el proyecto de Podemos incluye disolver España en una confederación de pequeñas naciones.

Como se sabe, dentro de poco habrá elecciones en Castilla y León. Con tal motivo, el ministro socialista Bolaños ha denunciado que, si ganase el PP, se vería obligado a gobernar con Vox, un partido contrario a la existencia de gobiernos autonómicos en España.  Lleva toda la razón: Vox lleva en su programa eliminar las administraciones autonómicas y, mientras tanto, ir devolviendo a la administración central las competencias en Educación y Sanidad. Eso es así, aunque, por el momento, Vox ha dicho que intentará conseguir esos objetivos mediante los métodos legislados en la Constitución.

Habida cuenta de los espacios políticos de Podemos, los separatistas y Vox son bastante estables, el dilema que tendrán que afrontar los españoles en el futuro previsible es si prefieren ser gobernados por un partido, PSOE, que tendrá que apoyarse en otros que están por disolver España, o bien que los gobierne un partido, PP, que tendrá que apoyarse en otro que quiere disolver las autonomías. Acabar con España o acabar con sus autonomías, esa es la cuestión.

JR Medina Precioso

jrmedinaprecioso@gmail.com