informe de idealista
Los habitantes de la Región necesitan un 24% de sus ingresos para alquilar una vivienda
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MURCIA (EP). Según el informe trimestral de precios de alquiler de 'www.pisos.com', la vivienda de alquiler en la Región ha registrado en marzo de este año un precio medio en alquiler de 5,70 euros por metro cuadrado, lo que supuso un ascenso trimestral del 2,89%, el segundo más alto del país.
Respecto a marzo de 2021, el descenso fue del -1,80%. Mensualmente, creció un 2,81%, arrojando el ascenso nacional más alto.
De todas formas, Murcia fue la sexta autonomía con la mensualidad más asequible para los inquilinos, por detrás de Castilla y León (4,66 €/m2), entre otras.
La ciudad de Murcia ha marcado en marzo de 2022 un precio medio en alquiler de 8 euros por metro cuadrado.
La capital murciana ha arrojado un ascenso del 2,60% frente a diciembre de 2021. Frente a marzo de 2021, ha arrojado una subida del 5,36%.
Por su parte, la vivienda en alquiler en España tuvo en marzo de 2022 un precio medio de 10,14 euros por metro cuadrado.
Esta cifra ha marcado un ascenso mensual del 0,30% y trimestral del 1,60%. Interanualmente creció un 5,09%.
El informe reveló que las regiones más caras para vivir de alquiler en marzo de 2022 fueron Madrid (12,60 €/m2), Baleares (11,93 €/m2) y Cataluña (11,36 €/m2), mientras que las rentas más económicas estuvieron en Castilla y León (4,66 €/m2), Extremadura (5,24 €/m*) y Castilla-La Mancha (5,52 €/m2). En el primer trimestre del año, el incremento más llamativo tuvo lugar en la Comunidad Valenciana (3,73%).
El mayor ajuste se produjo en Navarra (-7,34%). Respecto al año pasado, Baleares (11,88%) fue la que más subió y Asturias (-11,71%) la que más se rebajó.
En la clasificación de provincias por renta, en marzo de 2022 la primera posición fue para Madrid, con 12,60 euros por metro cuadrado. Le siguieron Barcelona (12,26 €/m2) y Baleares (11,93 €/m2).
En el lado opuesto, Cuenca cerró la clasificación 3,25 euros por metro cuadrado. Otras provincias económicas fueron Ávila (3,39 €/m2) y Ciudad Real (3,68 €/m2). La provincia que más encareció sus alquileres en el primer trimestre fue Alicante (8,78%), mientras que la que más los abarató fue Zaragoza (-8,18%). De un año a otro, la mayor subida registrada fue la de Pontevedra (18,23%). La renta que más se ajustó fue la de Ourense (-19,33%).
En cuanto a capitales de provincia, Barcelona fue la más cara para los inquilinos con un precio por metro cuadrado de 17,75 euros. Le siguieron Madrid (15,59 €/m2) y Donostia-San Sebastián (15,54 €/m2). Por el contrario, Zamora fue la más barata con 5,41 euros por metro cuadrado.
Otras capitales de provincia económicas fueron Ourense (6,01€/m2) y Cuenca (6,08 €/m2). Zamora (8,42%) protagonizó las subidas trimestrales, mientras que Toledo (-3,91%) fue la capital que más se devaluó en este periodo. Frente a marzo de 2021, Lugo (19,84%) lideró los incrementos. El recorte más llamativo lo arrojó Ourense (-9,79%).
Según el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, "este tope surge como respuesta ante el escenario inflacionista que estamos experimentando en España".
En este sentido, la tasa de variación anual del IPC en marzo se situó en el 9,8%, 2,2 puntos más que el mes anterior.
Sin embargo, el directivo apunta que esta controvertida iniciativa "coloca a los pequeños propietarios al mismo nivel que los grandes tenedores".
Font subraya que el mercado del alquiler español está fuertemente atomizado, dado que los arrendamientos gestionados por empresas apenas alcanzan los 150.000".
El portavoz del portal inmobiliario estima que "volver a cargar con la responsabilidad a los particulares desembocará en un trasvase hacia el alquiler turístico, y en caso de que el inmueble no obtenga la acogida deseada, podría ponerse en venta o, simplemente, dejarse vacío".
Al mismo tiempo, el directivo sugiere que "este intervencionismo alejará la inversión, precisamente, en un momento en el que las promociones de built to rent comenzaban a despegar".
Font concluye que "estos cambios continuos en las reglas de juego generan una gran inseguridad jurídica y fomentan la litigiosidad en los juzgados, impidiendo que exista una oferta amplia, estable y de calidad".