Los ocho peritos discrepan sobre el proceso seguido en la convocatoria y ejecución de las obras y su liquidación
MURCIA (EFE). Discrepancia y división entre los peritos. Aunque el experto elegido por la Fiscalía lo tiene muy claro: el proyecto del Auditorio de Puerto Lumbreras, valorado en 6 millones de euros, era "económicamente inviable". La octava jornada del juicio que tiene en el banquillo al expresidente Pedro Antonio Sánchez (PAS) -y otros tres acusados- se reanudó con la comparecencia de hasta ocho peritos (todos ellos arquitectos o arquitectos técnicos), entre ellos la persona escogida por Anticorrupción durante la instrucción.
Cabe recordar que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, presidida por el juez Juan del Olmo, juzga presuntas irregularidades en la adjudicación y la construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras durante la etapa en la que PAS fue alcalde (entre 2003 y 2013 antes de su salto a la Comunidad, que presidió entre 2015 y 2017). Aquella fue una de las causas que acabarían precipitando su salida de la política. El expresidente se enfrenta a dos años y medio de prisión por presunto fraude y prevaricación continuada, además de 19 años de inhabilitación para empleo y cargo público. Además del expresidente murciano hay otros tres procesados: el arquitecto del proyecto, Martín Lejarraga; la secretaria municipal, Caridad García Vidal, y el responsable de la empresa constructora Ecisa, Vicente Gimena.
Tras varias sesiones con las declaraciones de los testigos, esta vez fue el turno para los expertos. Los ocho peritos presentes este lunes mostraron sus discrepancias sobre la corrección del proceso seguido en la convocatoria y ejecución de las obras y su liquidación. Mientras que el arquitecto propuesto como perito por la Fiscalía ha llegado a decir que "resulta difícil encontrar algo que se hiciera de forma correcta" en ese concurso convocado por el ayuntamiento de aquella población, los aportados por las defensas de los acusados han coincidido en señalar que fueron causas imprevistas las que condujeron a tener que modificar el proyecto inicial.
Para estos últimos, la existencia de un vial no contemplado en el proyecto originario y la necesidad de realizar un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se levantó el Auditorio, que permitió descubrir las irregularidades del subsuelo, tuvieron como consecuencia el que se tuviera que acudir al modificado.
Esta nueva sesión de la vista oral empezó con el interrogatorio al arquitecto que emitió un informe a propuesta de la Fiscalía, que ha recalcado que el proyecto, valorado en seis millones de euros, era inviable. Para ello, declaró, se basaba en que los 640 euros metros cuadrados resultantes del conjunto de la obra lo convertían en irrealizable, valoración de la que han discrepado los peritos de las defensas, uno de los cuales ha expuesto que se trataba de una cifra habitual en el momento en que se convocó el concurso, en 2008. Y ha puesto como ejemplo tres obras ejecutadas en aquellos tiempos por la Universidad de Murcia y el Servicio Murciano de Salud, tal y como recoge la Agencia Efe.
El perito del fiscal ha insistido en que en el Teatro Auditorio, que era el objeto del concurso, se gastaron cuatro de los seis millones de la subvención concedida por la Consejería de Cultura, por lo que los otros dos se destinaron a otras atenciones, razón por la cual la obra quedó inconclusa. Para el informante, se fue gastando un 38 por ciento más de lo correcto, por lo que al advertir esa situación se acudió al proyecto modificado al comprobar que faltaba dinero para terminar la construcción.
En cambio, para los peritos de las defensas, hubo razones que justificaron tener que acudir al modificado, cuyo contenido han considerado correcto. De hecho, señalaron que la obra sí era viable y pusieron como ejemplos los proyectos del hospital San Lucía de Cartagena y el Aulario del Campus de Salud de la Universidad de Murcia. Todos ellos, apuntaron, vieron la luz con una "ratio de euros por metro cuadrado similar al Auditorio de Puerto Lumbreras".
Por otro lado, otros arquitectos de las acusaciones han manifestado que las primeras 17 certificaciones de obra no respondían a lo realmente ejecutado. El juicio, que empezó el pasado 27 de septiembre, está previsto que concluya el 29 de noviembre.