MURCIA (EFE). Manuel Hurtado, exalcalde socialista de Ceutí durante 18 años y exsenador, al que se juzga en la Audiencia Provincial de Murcia acusado de adjudicar a dedo las obras de un complejo deportivo en esa localidad por casi dos millones de euros, ha defendido este martes que se hicieron "de forma correcta y sin que nunca recibiera advertencia alguna de ilegalidad".
Se ha quedado solo en esta vista oral, en la que se le acusa de un presunto delito de prevaricación y otro de falsedad, ya que los otros cinco investigados han reconocido los hechos y alcanzado un acuerdo de conformidad con la fiscalía.
Durante el interrogatorio, ha recalcado que jamás recibió reparo alguno sobre la contratación de esa obra, para añadir que siempre inculcó a los funcionarios municipales "que debían ser muy estrictos con la legalidad", ya que para él "el dinero público es sagrado".
En contra de lo que sostiene para él el ministerio público, ha explicado que sí existía consignación presupuestaria para el proyecto, ya que estaba incluido en la partida de inversiones en infraestructuras varias. Ha manifestado que la obra se adjudicó por la Junta de Gobierno Local y fueron los técnicos del ayuntamiento los que redactaron el proyecto. También, que los pagos se hicieron en base a las certificaciones de obras propuestas por los técnicos municipales.
Hurtado ha insistido en que el secretario del ayuntamiento nunca le alertó de ilegalidad, como tampoco puso reparo la Federación de Fútbol, que concedió una subvención, ni el Tribunal de Cuentas.
En cuanto a la inauguración de las obras, que la fiscalía considera que se llevó a cabo sin estar terminadas, ha dicho que ese acto jamás existió, en contra de lo publicado en su día en un medio informativo local.
Y ha añadido que la realidad fue que el entonces seleccionador nacional de fútbol José Antonio Camacho, que da nombre al polideportivo, se encontraba en la Región de Murcia por un motivo distinto e invitado por una empresa se acercó a Ceutí a tomar unas copas, lo que se aprovechó para que conociera el proyecto.
El excalde de Ceutí ha dicho que no iba a contestar a las preguntas de la acusación particular, que ejercen dos antiguas concejalas del PP que presentaron la querella que dio origen a las actuaciones, "porque ya han conseguido su objetivo, que era el de truncar una carrera política".
Al comienzo de la sesión, la fiscalía ha modificado sus conclusiones iniciales para retirar las acusaciones por fraude y fraude de subvenciones y ha pedido para él dos años y tres meses de prisión y multa de 8.100 euros por los delitos de prevaricación y falsedad en documento público, que el acusado no ha aceptado.
Sí han aceptado ese acuerdo de conformidad los otros cinco acusados, que incluye penas de prisión que en ningún caso llegan a los diez meses, junto con multas por distinta cuantía.
En el trámite de cuestiones previas, la defensa de Hurtado ha pedido la declaración de nulidad de varias de las pruebas que constan en el caso al entender que fueron dictadas por un órgano incompetente, en referencia a que las acordó un juzgado de instrucción cuando aquel era ya aforado por su condición de senador.
El tribunal ha desestimado las cuestiones previas, que también hacían la misma petición por otras alegaciones, entre ellas, que el juzgado practicó diligencias fuera del plazo máximo legal del que disponía para ello.
La vista oral continuará la próxima semana con la práctica de las pruebas testificales y periciales.