El juicio contra el exalcalde de Ceutí Manuel Hurtado por el 'Caso Polideportivo' arranca este martes

MURCIA. El juicio contra el exalcade de Ceutí (Murcia) M.H.G. por los presuntos delitos de prevaricación, fraude, falsedad documental y fraude de subvenciones en el marco del 'Caso Polideportivo', que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación y construcción del complejo deportivo 'José Antonio Camacho', arranca este martes en la Audiencia Provincial de Murcia.

En concreto, el Fiscal solicita para el exprimer edil --que ocupó ese cargo durante 28 años, entre 1979 y 2007-- la pena de cuatro años de prisión, una multa de 18 meses con una cuota diaria de 30 euros y cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Según el escrito de calificación fiscal, los hechos se remontan al año 2003, cuando el exregidor adjudicó "personalmente" el proyecto para la edificación del complejo a una mercantil por valor de 1.883.263 euros, y todo "pactando y negociando" los términos del contrato de forma "extraoficial".

El documento de la Fiscalía apunta que M.H.G. acordó de forma "ilícita" con J.R.C.R, empleado de la división comercial de la empresa de forma autónoma, pero vinculada a ella, la construcción y el acondicionamiento del complejo, que incluiría gradas, césped artificial en tres campos, vestuarios, zona de tiro, megafonía, iluminación, aparcamientos y demás anexos.

Así, el trabajador "presentó y gestionó de forma subrepticia" un estudio de las obras en nombre de la mercantil, y todo "sin pasarlo por el registro de entrada", sin someterlo a concurso público y sin elaborar actas de replanteo ni copias de publicación de la licitación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), que por su importe era exigible.

El proyecto también carecía, según el Ministerio Público, de la preceptiva aprobación del pliego de condiciones por parte de la Junta de Gobierno local, así como de la ficha patrimonial de la parcela y de una partida presupuestaria destinada a las obras, entre otros elementos que exige la normativa.

A esto, el fiscal suma que la adjudicataria subcontrató la totalidad de las obras a otras seis empresas, y que, por todo ello, recibió 548.149 euros de "ganancia ilícita". En total, el erario público municipal tuvo que hacer frente a una deuda de 1.967.382 euros.

El complejo polideportivo fue inaugurado el 10 de diciembre de 2003 en un acto al que asistieron, entre otros, José Antonio Camacho, Vicente del Bosque y el presidente de la Federación Murciana de Fútbol.

Al no haber partida presupuestaria, el entonces primer edil pactó con los dos representantes de la empresa --J.R.C.R. y F.M.R., ambos también encausados-- el pago de la deuda en los cuatro siguientes años, "supuestamente sin intereses" pero "con un amplio margen de beneficio". El abono se hizo a través de numerosos pagarés, el último asociado a una factura que fue pagada en abril de 2008.

Para todo esto fue necesario crear un expediente que "justificase" la legitimidad de los pagos. Por ello, añade el escrito de calificación, el alcalde "ordenó" a los funcionarios municipales e intervinientes en las obras, ya ejecutadas e inauguradas estas, confeccionar "a sabiendas todos de su mendacidad" --esto es, de su falsedad--, los documentos necesarios para elaborar un "aparente" expediente administrativo.

Así, se trató de "aparentar" la existencia de un proyecto para dar soporte a un contrato para el que no hubo ofertas, ni plicas que aperturar, ni acuerdo de Junta de Gobierno. Además, se falseó el acta de replanteo, que es la que garantiza la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad de las obras. Todos estos documentos fueron avalados por A.C.G. como director de la obra, junto con J.T.L.A.

En el marco de este proceso judicial hay seis encausados, además del alcalde. También se sentarán en el banquillo J.T.L.A., director de las obras; A.C.G., ingeniero del Ayuntamiento de Ceutí; L.B.R., funcionario de la Comunidad con un contrato parcial en el Consistorio para asesorar en asuntos de planeamiento urbanístico; y F.M.R. y J.R.C.R, ambos adscritos a la mercantil, uno como representante y el otro como trabajador de la división comercial de forma autónoma respecto a la matriz, pero vinculada a ella.