María Marín y Juan José Liarte. Foto: MARCIAL GUILLÉN (EFE)MURCIA. ¿Se imaginan a un político de Podemos, otro de Ciudadanos y un tercero de Vox juntos en una misma sala obligados a tener que hablar y ponerse de acuerdo? No es una hipótesis. Es la realidad misma de la política de la Región de Murcia. El último giro de la legislatura más tormentosa de la Asamblea Regional depara un nuevo escenario, insólito en la historia del parlamentarismo murciano. Ocho diputados, con ideologías y perfiles tan dispares como enfrentados, convivirán juntos en un mismo espacio: el llamado Grupo Mixto.
Todo sucedió en menos de 24 horas. Como un efecto en cadena. En el mismo día que Santiago Abascal apartaba a su número dos de la Secretaría General, Javier Ortega Smith, por la tarde el mazarronero Pascual Salvador, a instancias de su partido, solicitaba el ingreso en el Grupo Mixto. Al día siguiente, la consejera de Educación, Mábel Campuzano, harta de sentirse ninguneada por sus compañeros, aprovechó esta circunstancia para abandonarlos y dar una estocada mortal al grupo parlamentario Vox. De un plumazo, esta agrupación desparece, con todo lo que ello implica: pérdida del nombre Vox, representación en la Junta de Portavoces, presencia en las comisiones, recursos económicos, subvenciones y también su personal asignado.
Por ejemplo: uno de los damnificados es Francisco José Carrera, cuyo puesto de secretario primero de la Mesa queda en entredicho. Esto es así porque el acuerdo que validaron en 2019 concedía al grupo Vox un cargo en la Mesa de la Cámara. El resto de aquel pacto se distribuyó así: Ciudadanos se quedó con la Presidencia (Alberto Castillo); el PP obtuvo una Vicepresidencia (Miguel Ángel Miralles) y el PSOE logró una Vicepresidencia y una Secretaría (Gloria Alarcón y Emilio Ivars, este último reemplazado por Antonio José Espín). Con todo, esta circunstancia no se producirá de forma inmediata, pues primero la Asamblea tiene que tomar en consideración las dos solicitudes de ingreso en el Grupo Mixto. Después se activará el proceso. Y, finalmente, el Pleno de la Cámara votará al nuevo integrante de la Mesa.
El otro damnificado es Juan José Liarte, quien ha ejercido durante toda la legislatura como portavoz del grupo parlamentario Vox. Ahora deberá integrarse en un grupo en el que, además de su compañero Carrera, se encuentran los dos diputados de Podemos (María Marín y Rafael Esteban), los dos parlamentarios de Ciudadanos (Ana Martínez Vidal y Juan José Molina), así como los mencionados Salvador y Campuzano, que van por libre. En total, son ocho diputados englobados en cinco facciones. Cada una con sus rencillas particulares, algunas de ellas irreconciliables. Todo un cóctel explosivo concentrado en el Grupo Mixto.
"Han convertido a la Asamblea en un contubernio". Así reaccionaba la diputada de Podemos María Marín, que empezó la legislatura sola junto con Rafael Esteban en el Grupo Mixto y ahora observa cómo se amplía a ocho miembros. "La caterva de tránsfugas de la derecha y la ultraderecha no representa a los ciudadanos de la Región", añadía, crítica ante quienes serán sus nuevos socios de bancada, que están en las antípodas de su credo político. Ironías de la política, el Grupo Mixto ha tenido históricamente inquilinos de izquierdas, pues fue el espacio que ocuparon en su día políticos de Izquierda Unida como Joaquín Dólera (1999-2003) y José Antonio Pujante (2011-2015). Ahora abarcará todas las ideologías posibles.
El puesto de portavoz del Grupo Mixto se someterá de nuevo a una revisión, al igual que el resto de funciones: el reparto de los tiempos en tribuna, las mociones, los recursos económicos, el personal asignado... Todo tendrá que ser negociado entre ellos, entre los ocho diputados. ¿Habrá acuerdo? Tienen dos meses para conseguirlo y hacer un nuevo reglamento del Grupo Mixto. De lo contrario, tendrán que intervenir los Servicios Jurídicos y decidirá la Mesa de la Cámara. Así lo recoge el Reglamento de la Asamblea en su artículo 36, punto tercero del Capítulo I (del Título III): "En el caso de que transcurrido el plazo de dos meses no fuera aprobado el Reglamento correspondiente, la Mesa resolverá definitivamente, oída la Junta de Portavoces, sobre las normas de organización y funcionamiento del Grupo Mixto".
El precedente tampoco ayuda. Podemos ya se enfrentó a esta situación cuando los dos diputados oficiales de Ciudadanos (los únicos que suscribieron la moción de censura y se mantuvieron leales a la disciplina del partido) perdieron su grupo (en manos de los auoproclamados liberales, los "tránsfugas" expulsados por Ciudadanos). El acuerdo fue imposible. Y en septiembre de 2021, la Mesa aprobaba un reglamento elaborado por los Servicios Jurídicos. Marín retuvo la Portavocía gracias a un tecnicismo: fijaron que la Portavocía sería rotatoria y que los cambios se harían por orden alfabético y por año legislativo. Esto significaba que al quedar dos años legislativos y ser los dos diputados de Podemos los primeros en la lista por orden alfabético, Marín sería la portavoz. Aquella decisión indignó a Ciudadanos, que presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra "el trato discriminatorio" que alegaban sufrir sus dos parlamentarios.
Con este antecedente, morados y naranjas tendrán que lidiar con sus flamantes acompañantes de Vox.
En cambio, si hay alguien que parece que está contento con esta situación es el partido Vox. "Ahora se abre un nuevo camino", enfatizaba su líder regional, José Ángel Antelo. "Desde hoy nadie podrá utilizar en Murcia el nombre de Vox para beneficiarse de un proyecto leal con los murcianos y al servicio de España", subrayaba en redes sociales. Vox perdió la pugna con la Asamblea en su intento por que los diputados expulsados no llevaran las siglas en la Cámara. La Mesa dio la razón a Liarte, Carrera y Campuzano y desde entonces han llevado el nombre del grupo parlamentario Vox, para disgusto de Abascal y los suyos. El partido, además, en plena guerra con Macarena Olona, ha visto cómo Liarte y Carrera estrechaban su vínculo con ella, organizando actos como su conferencia en la Universidad de Murcia. Este último hecho puede ser una de las causas que ha empujado a Vox a pedir a Salvador que dejara el grupo parlamentario.
Todo este giro de guion ocurre cuando faltan apenas ocho meses para las elecciones. Un periodo que, en clave legislativa, es mucho menor, pues enero es un mes inhábil y la actividad parlamentaria finaliza en abril para dar paso a la campaña electoral. Esta circunstancia lastra aún más al Grupo Mixto, al que se le echa el tiempo encima y se queda con poco margen de maniobra. A todo ello se añade que, salvo otro cambio radical de los acontecimientos, si el Gobierno decide llevar a la Asamblea los Presupuestos del 2023, la actividad parlamentaria quedaría relegada a ese único asunto, cuya tramitación suele durar un mes, aproximadamente. Por el momento no hay siquiera un techo de gasto (aunque la Consejería de Hacienda asegura que trabaja en ello), el paso previo para que el Ejecutivo apruebe las cuentas en Consejo de Gobierno y para que, una vez validadas, mande el texto a la Asamblea.
Pero, ojo, esa es otra cuestión que queda en el aire, porque la mayoría parlamentaria ya no está tan clara con el cambio de Mábel Campuzano. Ella permanece como consejera de Educación y, por tanto, es miembro del Gobierno, por lo que debe lealtad al Ejecutivo. En el comunicado de renuncia al grupo Vox, Campuzano remarcaba su lealtad, al reseñar que todo su "trabajo, esfuerzo y decisiones" ha respondido "a la responsabilidad y lealtad" que tiene ante el Gobierno. Si es así, las cuentas salen, pues los 23 votos de la mayoría absoluta quedarían cubiertos con los 16 del PP, los cuatro de los liberales y los otros tres de Liarte, Carrera y Campuzano. Pero... ¿y si López Miras decide hacer una remodelación de Gobierno? ¿Y si decide prescindir de Campuzano? ¿Quién sujetaría al Gobierno en la Asamblea en ese caso?
Lo dicho: incertidumbre es la palabra que define la recta final de la legislatura.
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