CARTAGENA. El Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena fue aprobado en 2012, pero suspendido en 2016 (para el Supremo, las deficiencias observadas fueron han sido tantas "y, sobre todo, tan importantes en su conjunto", decía en su sentencia) que esta situación ha supuesto una cascada de litigios interpuestas por los propietarios que no han recibido el dinero acordado, después de que todo se fuera al traste. Esto ha derivado en que las indemnizaciones por convenios urbanísticos, que han decaído a raíz de la anulación del Plan General, o por plusvalías, permutas y otras operaciones que no se han cumplido han supuesto un gravamen de más de 30 millones de euros las deudas del Ayuntamiento.
Ante esta circunstancia, que ahoga los presupuestos municipales, el equipo de Gobierno ha decidido "siempre que sea posible, negociar calendario de pagos con los afectados para cumplir las obligaciones contraídas con ellos y sobre todo, evitar pleitos que nos condenen a sufragar no solo el importe, sino los intereses y las costas", anunciaba la propia alcaldesa durante la celebración del Pleno del Ayuntamiento de este jueves.
Indicó Castejón que ha dado las instrucciones para que una vez recopilada la información, todos los grupos municipales reciban los informes que sostienen y desarrollan los convenios urbanísticos, como consecuencia de PGOU. El dossier incorpora los pagos abonados, los que están aprobados en calendario de pagos y otros que puedan surgir en el futuro.
Añadía la alcaldesa que esta práctica urbanística fue utilizada frecuentemente en la primera década del siglo XXI por muchos ayuntamientos "y se hizo para obtener los suelos necesarios para infraestructuras de interés general, evitando los procedimientos expropiatorios y agilizando plazos para la ejecución de las obras".
La mayor parte de esos acuerdos, recordó, se realizaron "con el compromiso de abonar el importe del terreno ocupado con aprovechamientos urbanísticos en desarrollos futuros incluidos en el PGOU aprobado definitivamente en 2012".
Los acuerdos se alcanzaron previa tasación y "siempre siguiendo los procedimientos que dicta la ley, pero la anulación del PGOU ha hecho que el Ayuntamiento no pueda atender las compensaciones pendientes del terreno ocupado en su día y que una parte de los propietarios nos exija el pago en metálico".
Ante esta situación, Castejón puso de manifiesto que el Gobierno actual ha decidido, "siempre que sea posible, negociar calendario de pagos con los afectados para cumplir las obligaciones contraídas con ellos y sobre todo, evitar pleitos que nos condenen a sufragar no solo el importe, sino los intereses y las costas".
