Pedro Sánchez y Felipe González, en 2022. Foto: EVA ERCOLANESE (EP)CARTAGENA. En la oficina del Parlamento Europeo en Madrid, el 23 de octubre se celebró un debate sobre diversos aspectos de la amnistía en el contexto español. Organizado por Hay Derecho, una fundación que promueve la regeneración institucional y la lucha contra la corrupción, se titulaba Impunidad, Justicia y Estado de Derecho. Aparte de algunas intervenciones más bien políticas, como la de Juan Luis Cebrián, exdirector de El País, y Ángeles Álvarez, que presidió la comisión de igualdad del PSOE, desarrollaron un ilustrado informe técnico Alicia Gil, catedrática de Derecho Penal de la UNED, y Ana Carmona, su colega en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.
Aun simplificando sus intervenciones, me arriesgaré a resumir que, en contra de lo que yo siempre he opinado, señalaron que la amnistía tendría cabida en nuestro ordenamiento. Lo basaron en la capacidad legislativa del Congreso y en la ausencia de una prohibición expresa en el texto constitucional, aparte de que la recogen constituciones de países democráticos, como Portugal, Francia e Italia. Complementariamente señalaron que, habida cuenta de que la amnistía hurta a los jueces su derecho de juzgar los delitos y supone una suspensión del principio de igualdad de los españoles ante la ley, toda amnistía tendría que estar muy bien justificada en motivos de orden superior para resultar admisible. Hasta ahí sus análisis.
"¿Por qué no un referéndum sobre la amnistía?"
Añado yo que entre esos motivos no figura el de nombrar presidente de Gobierno, lo que nada tiene de excepcional y para cuyo cumplimiento suele bastar con unos pactos parlamentarios o, eventualmente, repetir las elecciones. Decididamente, investir presidente del Gobierno es un acto, si bien solemne, del todo ordinario en nuestro sistema político, como lo prueba que se celebre cada cuatro años a más tardar y que sus procedimientos estén perfectamente regulados. En consecuencia, la amnistía que está pactando la izquierda española con las fuerzas separatistas probablemente no es constitucional. El trueque amnistía por votos no la justifica. Y resulta inverosímil cualquier otro planteamiento: las fuerzas separatistas no parecen dispuestas a integrarse en el marco constitucional, lo que refuta la idea de la amnistía normalizaría la situación política en Cataluña; además, desde junio de 1978 a julio de 2023 los portavoces socialistas, incluidos ministros y especialistas en leyes, han venido defendiendo la inconstitucionalidad de la amnistía, cambiando solo de opinión a raíz de constatar que necesitarán los votos separatistas para seguir gobernando. No es el caso de los lideres comunistas, muchos de los cuales han defendido desde antiguo la amnistía, pero ellos no son decisivos.
No obstante, hay una altísima probabilidad de que el pacto amnistía por votos se consume, por lo que la siguiente pregunta es cómo reaccionarán los españoles. En el debate, Luis Orriols, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III, planteó justamente esa cuestión. Comparando la memoria humana a nuestra costumbre de ligar determinadas estrellas a imaginarias constelaciones, señaló que la clave estaría en qué constelación visualizaríamos al ver la estrella Amnistía. En su opinión, unos españoles la ligarían a la constelación Asuntos Sociales y la justificarían diciendo que, gracias al pacto, se estarían protegiendo los derechos de los trabajadores, el nivel de vida de los pensionistas, etc... En suma, aunque tramposa, la amnistía iría ligada a la igualdad material entre los españoles. Otro sector, en cambio, vincularía la estrella Amnistía con la constelación Asuntos Territoriales, y la ligaría a temas como la identidad catalana contra la española, el cumplimiento de la ley contra los atajos ilegales, etc. Según cual de los dos relatos predominase, la amnistía premiaría o castigaría electoralmente en el futuro a los socialistas.
En cambio, el abogado Guillermo del Valle, portavoz del grupo Jacobinos, adujo que no procedía separar la cuestión de la igualdad de la cuestión territorial. En efecto, los amnistiados no pretenden otra cosa que desviar hacia Cataluña importantes recursos económicos, en detrimento de las regiones menos desarrolladas, como Andalucía o Murcia. El problema de la unidad nacional frente a la plurinacionalidad no es separable del problema de la igualdad de los españoles.
En mi opinión ambos llevaban razón. Como dice Orriols, es probable que muchos españoles avalen la amnistía para que gobierne su partido favorito sin preocuparse del debilitamiento de la democracia que pueda suponer. Como dice Del Valle, es cierto que los secesionistas persiguen ante todo privilegios económicos para sus regiones. Un verdadero partidario de la igualdad debería ser, pues, españolista. De ese modo, Jacobinos emerge como la única formación de izquierdas nítidamente partidaria de la igualdad entre los españoles también en el plano territorial. Los avalaría si decidiesen presentarse a las elecciones europeas.
Por mi parte, me resulta inquietante que esté empezando a emerger la idea de que vale canjear valores democráticos a cambio de eficacia social, que ya han detectado varios estudios sobre las opiniones políticas de los europeos, incluidos los españoles. No pocos encuestados respondieron que estarían dispuestos a relajar las reglas básicas democráticas a cambio de eficacia en la resolución de los problemas sociales. Y ese es justo el meollo del actual debate sobre la amnistía: a pesar de los muchos indicios de que infringe los procedimientos democráticos usuales, muchos españoles están dispuestos a convalidarla con tal de asegurarse un Gobierno que, en su opinión, ataje problemas como el desempleo, los bajos salarios o las pensiones. No les importa que el programa electoral socialista no la contemplase, ni que sus portavoces la denostasen, ni que debilite la independencia del poder judicial, ni que se vayan a amnistiar delitos de malversación. En suma, aceptan canjear valores democráticos a cambio de presunta eficacia social. En algunos casos es todavía peor: aceptan canjear valores democráticos a cambio de que gobierne su partido favorito. Se identifican con la frase del presidente de Asturias: hay que conseguir el Gobierno cueste lo que cueste.
En el fondo, preferiría que imitasen a Felipe González cuando, habiendo ganado las elecciones con el lema OTAN, de entrada, no, decidió convocar un referéndum para avalar su cambio de opinión. Aun arriesgándose a perder, salvó el prestigio de su Gobierno y la confianza de los españoles en la política. En suma, reforzó la democracia y se ganó el respeto incluso de los que nos oponíamos a integrarnos en la OTAN. ¿Por qué no un referéndum sobre la amnistía?
