Foto: JAVI CARRIÓN (EP)MURCIA. En las últimas semanas vivimos inmersos en la enésima guerra política, esta vez a cuenta del incumplimiento del protocolo de vacunación por determinados gestores públicos. La Región de Murcia se ha convertido de nuevo en el objeto a analizar por los medios de comunicación y en territorio de confrontación entre los partidos políticos nacionales. Nada excepcional, por otro lado. En realidad, vivimos cada vez más aislados en sesgos intelectuales y en burbujas virtuales en las que queremos escuchar lo que nos agrada y ocultar y silenciar lo que rechazamos. El filtro burbuja del que nos habla Eli Pariser.
"personas honradas y buenas gestoras tuvieron que dimitir y seguirán dimitiendo en el futuro: porque se desperdiciaron vacunas que podrían haber salvado vidas. Nada que ver con la moral de las personas"
Personalmente considero a Manuel Villegas, el consejero de Salud cesado, una persona honesta y que ha gestionado aceptablemente la incidencia de la covid19 en la Región de Murcia, pero esta es una percepción que no tiene relación con la responsabilidad política que contrajo cuando interpretó, o incumplió, a su manera el protocolo de vacunación acordado en el Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Su dimisión responde a un requerimiento político que nada tiene que ver con la eficacia en la gestión de los recursos públicos. Seguramente no se hubiera llegado a esta situación si no hubieran sobrado "culillos" de viales para justificar vacunaciones exprés, algunas de ellas seguramente sin registrar. Pero para ello se tendrían que haber dado dos circunstancias que no se han producido.
La primera de ellas es que no hubiera habido sobrantes de vacunas porque el porcentaje de los rechazos a su aplicación no hubiera estado más cerca del treinta que del diez o cinco por cierto. Si no hay manzana que morder no hay pecado. La segunda es que habiendo habido dosis sobrantes, se hubiera tenido un plan para movilizar inmediatamente a las personas que forman parte de los grupos prioritarios y que estaban a listados de horas o días posteriores, evitando de esa manera la excusa de que si hubo vacunaciones fuera del protocolo, fue para no desperdiciarlas.
El porcentaje de personas que rechazan la vacunación está alrededor del 25%. Este dato indica algo sobre nosotros mismos y sobre cómo interpretamos los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor. E incluso cómo se produce el contagio viral en las sociedades intercomunicadas del siglo XXI. También de cómo nos transmiten los epidemiólogos sus conocimientos y sobre todo sus desavenencias. En realidad es mayor el porcentaje de gente que desconfía de las vacunas que los negacionistas propiamente dichos de la pandemia. Un negacionista no se vacunará, pero una persona que decide no vacunarse no necesariamente comparte ideas contrarias a la ciencia y a la historia y praxis de la medicina. Explicar cosas tan sencillas como que hasta el Siglo XVIII la población mundial estaba estancada o sufría retrocesos periódicos por la incomprensión de los mecanismos de transmisión de las enfermedades es sencillo. En la época de la Revolución Industrial la población mundial era de unos 800-900 millones; a principios de la tercera década del siglo XXI supera con mucho los 7.000 millones. El estudio de la historia, esa hija bastarda de la ciencia para muchos, que tiende a la multidisciplinariedad, a variables independientes y dependientes, explica muchas cosas pero no la de repetir errores de pandemias pasadas como está ocurriendo en nuestras regiones, países y continentes con la covid19.
Pero bueno, admitamos que la ciencia sigue teniendo detractores por unas causas u otras y que hay sobrantes de vacuna que tenemos que utilizar inmediatamente sin que, por cierto, lo más rápido e inteligente sea echar el lazo al vecino que pasa por la calle. Tampoco lo es argumentar que los gestores públicos en la lucha contra la pandemia deban ser vacunados para evitar su posible descabezamiento en caso de infección y… el caos. Ese organicismo social huele a Antiguo Régimen y realmente es inaceptable en las democracias liberales.
¿Qué hay que hacer entonces si sobran esos culillos en los frascos que pueden facilitar la administración de dosis extras? Tal vez un repaso a los fallecidos declarados el pasado 31 de enero, pico hasta el momento de la pandemia en la Región de Murcia en número de fallecidos con un total de 30, nos puede dar idea de a qué personas se les debería haber suministrado los sobrantes de las vacunas. En el censo de fallecidos hay 4 personas con 90 o más años, 18 con 80 o más años, 4 con 70 o más años, 2 con 60 años o más, 1 persona de 51 años y otra más de 49 años. Vacunar a personas que forman parte de grupos de edades de mortalidad residual, a no ser que tengan patologías previas, por ser gestores públicos en la lucha contra la pandemia no parece inteligente, ni desde el objetivo que se busca (minimizar la mortandad y la presión asistencial) ni desde el punto de vista político. Por esta razón es por la que unas personas honradas y buenas gestoras tuvieron que dimitir y seguirán dimitiendo en el futuro: porque se desperdiciaron vacunas que podrían haber salvado vidas. Nada que ver con la calidad moral o ética de las personas.
Es evidente que el drama que vivimos, me niego a reconocerlo como vodevil, no tendrá consecuencias jurídicas porque no hubo intención punible. Nos encontramos ante uno de los muchos errores que se cometieron y se siguen cometiendo desde mediados de marzo de 2020 por parte de expertos y no expertos en la lucha contra la pandemia y que nos está costando muchas vidas. Tampoco es un alivio que no sea un hecho aislado o circunscrito a un territorio específico, pero ayudaría evitar los aspavientos y los reproches cruzados entre partidos políticos y tertulianos en los medios de comunicación asumiendo los errores que nos corresponde a cada uno y retirándonos en silencio pero con la mayor transparencia posible.
