MURCIA. Vox avisa de nuevo al Gobierno regional: el 'pin parental' "se tiene que implantar" el próximo curso escolar. La batalla por las autorizaciones familiares para que los alumnos puedan realizar actividades complementarias sigue viva en la Región de Murcia. La Comunidad implantó estos polémicos permisos parentales en el inicio del pasado curso. Era una de las exigencias de Vox en su acuerdo de investidura. En enero, PP y Ciudadanos y Vox firmaron un acuerdo para los Presupuestos que recogía en su primer punto la consolidación del 'pin', lo que generó muchas críticas e incluso hubo una movilización en su contra. Fue entonces cuando el Gobierno central, recién constituido, advirtió a la Región de que debía retirar el también llamado veto parental, pero, ante la negativa de Murcia, recurrió el caso a los tribunales. El TSJ ordenó, en un principio, la suspensión cautelar del 'pin', pero meses después, pandemia incluida, archivó el caso al entender que una vez concluido el curso escolar presencial no había objeto que valorar judicialmente.
De este modo, la pelota vuelve a estar en manos del Gobierno murciano, que debe decidir si apuesta a no por reinstaurar esta medida. Vox, por su parte, ha emitido un comunicado para recordar a PP y Ciudadanos que es una prioridad para esta formación, cuyo único diputado en la Asamblea que el partido reconoce -los otros tres parlamentarios fueron expulsados- es decisivo para sacar las iniciativas parlamentarias. "No traicionen a los padres; el acuerdo de los Presupuestos se tiene que llevar a cabo en las aulas el próximo curso", mantienen el diputado Pascual Salvador y el portavoz de la gestora, José Ángel Antelo.
En un comunicado conjunto, ambos dirigentes señalan: "Recordamos que con el 'pin parental' los padres tendrán derecho a elegir la educación de sus hijos sin el adoctrinamiento ideológico de la izquierda". Están convencidos de que esa medida "evitará que cualquier ideología acceda a las aulas y moldee a los menores con sus sectarismos", al "establecer así una autorización expresa de las familias para la participación de los menores en actividades extracurriculares con contenidos morales, sexuales y etc.".
Vox aduce además que ya hubo una manifestación a favor del 'pin' y argumenta que se basa en el artículo 27.3 de la Constitución: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".