Trasvase Tajo-Segura más allá de Murcia

MURCIA. En las últimas semanas acapara la actualidad nacional un intenso debate político entre quienes apoyan al gobierno de la nación y los que se oponen. Fundamentalmente se trata del cambio de tipificación penal del actual delito de sedición y las consecuencias de la entrada en vigor de la ley de garantía integral de la libertad sexual conocida como "ley de sí es sí".

En el primer caso, la supresión del delito de sedición no está motivada por un interés general, sino más bien pensada para beneficiar retroactivamente a los actualmente condenados. Son acuerdos bilaterales con nacionalistas y la izquierda radical para mantener la mayoría parlamentaria que sustenta al gobierno de coalición del PSOE con los extremistas de izquierda de UP.

La ley del sí es sí, ha puesto de manifiesto la falta de rigor y precipitación en aprobar una norma más con criterios políticos que jurídicos, con los indeseables beneficios penales que conlleva. Por cierto que en este caso se critica la aplicación de los beneficios de la norma a los condenados, mientras se aplauden los beneficios retroactivos a los condenados por sedición. Contradicciones que sin ningún rubor se defienden.

Mientras la sociedad española contempla atónita los duros enfrentamientos que suscitan estas dos cuestiones de gran trascendencia política y que afectan a toda la sociedad, una vez más pasa desapercibido el reciente nuevo recorte al trasvase Tajo-Segura como si se quisiera limitar a una cuestión de enfrentamiento entre territorios, olvidando que el agua es un bien nacional.

La Constitución que establece la no discriminación por motivo de nacimiento o residencia es continuamente violentada en el caso del agua sin que se convierta en debate nacional. Los recursos naturales de un país son patrimonio de todos y no de quienes viven en los lugares de origen.

El crecimiento y la capacidad productiva de una nación se basa en conseguir eficientes redes de distribución (carreteras, líneas férreas, tendidos eléctricos, oleo y gaseoductos, acueductos, …) que permitan transportar desde el punto de producción al de consumo. Las infraestructuras básicas proporcionan independencia y prosperidad y permiten el desarrollo de todos los territorios. Vertebran el territorio y permiten el desarrollo socioeconómico de un país.

Sin embargo, con el agua se mantienen posiciones localistas como si no fuera un recurso natural nacional que debe distribuirse a todos, al igual que la electricidad o los combustibles. Sin ningún fundamento racional o técnico se castiga políticamente a la agricultura más productiva de España discutiendo unos cientos de hm³, mientras se deja que más de 5000  hm³ del Tajo vayan directamente al mar en Portugal.

La nueva reducción de los caudales trasvasables del Tajo-Segura debilita la economía nacional y de forma muy particular la de Murcia y parte de Almería y Alicante. Esta grave afrenta a los derechos de una buena parte de los españoles se critica localmente pero no logra llegar al debate nacional. La política del agua en España esta alejada de planteamientos nacionales y se deja a criterios territoriales, egoístas y de confrontación.

Algunos asumen los postulados de los radicales medioambientalistas de que no hay agua suficiente para el regadío o que el suministro de agua es un problema que tiene que solucionar únicamente el Sureste y no afecta a todo el país e incluso que mantener un discurso nacional puede deteriorar sus expectativas electorales y mejor dejarlo en ámbito local.

El Trasvase Tajo-Segura no solo afecta al Sureste, es clave para la soberanía alimentaria y el progreso de España y por tanto debe ser incorporado a la primera línea del debate político nacional por quienes tengan un concepto integral de una España vertebrada, fuerte y soberana. El agua es de todos y para todos.

Miguel Ángel Cámara Botía