Suspenden el pleno de la Asamblea del miércoles

MURCIA. No habrá pleno este miércoles en la Asamblea Regional. La Cámara autonómica se ha visto obligada a tomar una decisión poco habitual en su rutina parlamentaria como es la suspensión de una sesión plenaria. El orden del día recogía dos grandes cuestiones que finalmente no se abordarán. Al menos no este miércoles. Era la comparecencia a petición propia de la consejera de Educación, Mábel Campuzano, y la toma en consideración de la proposición de ley de Cuidados Paliativos, registrada por el grupo parlamentario Vox.

La consejera de Educación no puede asistir por causa de fuerza mayor, según informan fuentes de la Asamblea. Desde su entorno aseguran que se trata de razones estrictamente personales, no políticas. Por tanto, su intervención se tendrá que posponer. Campuzano había solicitado dar su versión sobre los últimos asuntos de su gestión al frente de la Consejería (libros de texto, currículos, decretos de admisión, evaluación y titulación). No en vano, la Región ha defendido su rechazo a utilizar el próximo curso escolar los libros de texto actualizados al desarrollo de la LOMLOE, la conocida como Ley Celaá.

Esta ausencia ha tenido un efecto en cadena. Su grupo parlamentario, Vox, ha tenido que retirar la ley de Cuidados Paliativos, uno de sus proyectos legislativos estrella. Fuentes del grupo aseguran que la retirada se debe precisamente a la no presencia de Campuzano. Cabe recordar que los grupos que sujetan al Gobierno regional suman exactamente 23 diputados, por lo que una falta puede peligrar los apoyos parlamentarios.

Tal y como así detalló este diario, la proposición de ley del grupo que encabeza Juan José Liarte (cuyos miembros fueron expulsados del partido Vox aunque posteriormente fueron readmitidos por la Justicia) pretende "regular los derechos de la persona durante el final natural de la vida y preservar su dignidad", además de "los deberes del personal sanitario y asistencial que atiende a estas personas y a su familia". El texto igualmente recoge "las garantías y medios que las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas, estarán obligadas a proporcionar con respecto al final natural de la vida".