Pedro Sánchez gana el primer set en la disputa judicial con el Gobierno de López Miras

MURCIA. En plena tormenta del coronavirus, una noticia de alcance ajena al Covid-19 se colaba este jueves en el Consejo de Gobierno mientras los consejeros y el presidente sopesaban el cierre de las aulas para frenar la propagación del virus. El TSJ ordenaba la suspensión cautelar del ‘pin parental’. En la primera revisión, los jueces daban temporalmente la razón al Gobierno de España, que en febrero había recurrido las instrucciones enviadas por la consejería de Educación, y se la quitaban al Ejecutivo de Murcia. Pero la batalla todavía no ha terminado. El auto cabe recurso y la vigencia de los permisos parentales pende de una sentencia definitiva. No se ha dicho la última palabra.

El Gobierno regional anunció que acataría la paralización de los consentimientos familiares, impuestos desde el inicio del curso escolar para las actividades complementarias. El consejero de Presidencia, Javier Celdrán, que compareció junto con el titular de Salud, indicaba que "se ponían en marcha" para aplicar la suspensión, pero no aclaraba si el Ejecutivo recurriría o no. "Escucharemos a los servicios jurídicos de la Comunidad y atenderemos lo que nos digan". Pero el consejero Celdrán puso el acento en un detalle del auto: la resolución, firmada por tres jueces, contó con el voto particular de uno de los magistrados. "No ha habido unanimidad", apuntó. "Eso ilustra lo difícil que fue la decisión".

A la espera de un fallo firme, el Gobierno regional también se agarra a otro argumento para darle la vuelta a la tortilla: el alto tribunal subraya en su texto que no se pronuncia sobre el contenido del ‘pin parental’, "por corresponder a un examen del fondo del asunto" y que tendrá su "oportuna respuesta en una sentencia". El TSJ sólo se ha centrado en determinar los intereses en conflicto por el recurso: examinó "si hay riesgo de frustración de la finalidad legítima del recurso y si la medida cautelar de suspensión produce una grave perturbación de los intereses generales o de terceros". El auto concluye que, por el momento, mantener las autorizaciones familiares "perjudicaría" a los estudiantes que no asistan a las actividades complementarias y por eso ordena su suspensión cautelar. 

La implantación del permiso parental fue una exigencia de Vox que el Gobierno regional -especialmente los consejeros del PP- ha defendido con ahínco. En septiembre, Murcia se convirtió en la primera comunidad española en aplicar esta medida. En diciembre, el PSOE reclamó su retirada en la Asamblea Regional, pero el voto en contra de PP y Vox, junto con la abstención de Ciudadanos, impidió que la moción saliera adelante. Ese mes, Vox exigía que el ‘pin’ se consolidara en los Presupuestos de 2020 y el Ejecutivo aceptó. La confirmación del Gobierno regional generó numerosas críticas. Sin embargo, el caso adquirió otra dimensión cuando el Ejecutivo central entró en acción. Con apenas unos días en el cargo, la ministra de Educación, Isabel Celaá, advertía a Murcia de que acudiría a los tribunales si no revocaban las autorizaciones familiares.

El propio presidente de España, Pedro Sánchez, se puso al frente del rechazo al 'pin parental'. "Seremos firmes", manifestó, en la batalla contra una medida "que vulnera el derecho de los niños a la educación". Pero el Gobierno regional se mantuvo en su posición, alegando, por contraposición, "el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos". El presidente murciano, Fernando López Miras, comparaba a Sánchez con los "abusones del patio del colegio, que se meten con los más pequeños" y le acusaba de mostrar una actitud "chulesca" al "inventar una polémica que nada tiene que ver con la realidad".

Con todo, la consejería de Educación preparó un decreto que, por un lado, consolidaría el permiso parental, pero también lo suavizaría, en vistas del recurso judicial que se avecinaba. La nueva norma, todavía no aprobada, establece que serán exentas las autorizaciones para aquellas actividades impartidas por funcionarios. El texto también recoge el denominado 'silencio positivo'; esto es, aquellos padres que no quieran que sus hijos asistan a una actividad tendrán que expresarlo por escrito; de lo contrario, si no hay una negativa expresa, deberán acudir a la actividad propuesta por el centro. Tras la suspensión cautelar, el consejero Celdrán aseveró que quiere seguir adelante con el decreto. "Es nuestro compromiso".

Frentes abiertos en la Justicia

La suspensión cautelar del 'pin' es el primer avance de la contienda que libran ambos gobiernos en el terreno de la Justicia. Desde noviembre, todas las decisiones del ministerio de Transición Ecológica sobre los envíos de agua a la cuenca del Segura han sido recurridas por el Gobierno murciano. En total, el Ejecutivo ha emprendido cuatro acciones judiciales por el agua. Además, el Gabinete de López Miras ya avanzó que reclamará en los tribunales la devolución por los 85 millones del IVA de diciembre de 2017. Esta batalla judicial es la máxima expresión de la cohabitación que protagonizan las coaliciones de Gobierno de España y de Murcia. Pero, por el momento, Pedro Sánchez toma ventaja y gana el primer set.