LOS ALCÁZARES. Las organizaciones WWF y ANSE han solicitado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que declare como obras de emergencia la paralización del vertido de aguas de drenaje en el Mar Menor así como la creación de un filtro verde que frene la contaminación superficial de la laguna salada. Representantes de ambas ONG advierten que la zona sufre "la mortalidad de fauna más grave de la historia" en el enclave y que "no ha terminado".
Las dos organizaciones le han expresado a la ministra su rechazo a las propuestas del Gobierno de la Región de Murcia, como la profundización de las golas o la oxigenación del agua de la laguna salada, porque consideran que son "inútiles" para resolver la situación y que pueden "agravar los impactos ambientales que ya sufre el espacio". Además, durante su visita a algunas playas afectadas por la catástrofe en la Marina del Carmolí y la rambla del Albujón y en los terrenos de Puerto Mayor, le han manifestado su oposición a la cesión de competencias en materia de costas y de dominio público hidráulico a la comunidad autónoma.
A ese respecto, acusan a los diferentes gobiernos de la Región en los últimos 25 años de demostrar "nulo interés" en la conservación de la naturaleza y el cumplimiento de la legislación ambiental que hubiera evitado "la mayor crisis ambiental" en el Mar Menor. En concreto, le han urgido a materializar las medidas de recuperación el Mar Menor que contempla el Plan de Conservación del Borde Litoral y las alternativas, basadas en la Naturaleza, al Plan de Vertido Cero. Asimismo, solicitan que declare obras de emergencia las relacionadas con la paralización del vertido de aguas de drenaje con gran carga de nitratos y otros contaminantes a través de la rambla del Albujón, mediante la compra inmediata o expropiación de terrenos para la construcción de un gran filtro verde que permita el tratamiento de todas las aguas superficiales de drenaje y, si es necesario, con instalaciones de desnitrificación asociadas.
En su valoración, estas instalaciones y el humedal naturalizado deben ser el principio de la creación de un gran corredor verde que circunde el perímetro interior de la laguna, con nuevas actuaciones de restauración que deberán estar acompañadas de actuaciones, de mejora de las redes de alcantarillado y separación de aguas pluviales, la descontaminación de los suelos mineros, la recuperación de cauces y la lucha contra riadas e inundaciones. Finalmente, respecto a las medidas anunciadas por la Región de Murcia critican que "llegan tarde para paliar la mortalidad de fauna, además de resultar inútiles y causar graves impactos ambientales añadidos a los ya sufridos por el Mar Menor, según un amplio consenso científico". Ambas organizaciones ponen en duda las cifras de mortalidad reconocidas por Murcia, 4.500 kilos de peces muertos, porque aseguran que técnicos del puesto de mando de la comunidad autónoma en Puerto Bello (La Manga) reconocieron a ANSE la retirada de unos 4.000 kilos solo el viernes 21 de agosto. De este modo, advierten de que las cifras podrían incluso duplicar las cantidades admitidas oficialmente.
Por su parte, desde la Plataforma SOS Mar Menor, Ramón Pagán, ha dejado claro que "no hay un único responsable" de lo ocurrido en la laguna, pero "sí un responsable mayoritario que tiene más del 80% de las competencias y es la Comunidad". Y es que, ha criticado Pagán, "no se puede permitir que el Mar Menor, que es patrimonio de todos, sirva como un juego electoral". Por ello, considera que es el Ejecutivo murciano el que tiene "una mayor responsabilidad, tiene que proteger la laguna y cumplir la legislación". Por todo ello, Pagán, de la Plataforma en Defensa del Mar Menor, ha manifestado que se trata de "un desastre ecológico y medioambiental de magnitudes internacionales con repercusiones económicas" que afectarán al turismo, la restauración, hostelería y "miles de puestos de trabajo que se pueden perder".
