Un régimen fiscal propio para Cataluña rompe la equidad y aumenta la desigualdad en las demás CCAA.
El pasado martes tuve la ocasión de escuchar las conferencias de dos mujeres admirables. Ninguna de las dos estaba representando ninguna cuota ni había sido invitada para asegurarse la adecuada presencia femenina que la corrección política requiere. Ellas se representan a sí mismas, por su trayectoria y su trabajo. Me siento reconfortada cuando algo así ocurre, puesto que muchas feministas (adanistas) de reciente hornada han logrado que exista la duda de si ocupamos un determinado lugar tan sólo porque alguien estaba haciendo cuentas y calculando proporciones.
Cristina Herrero, presidenta de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), participó en el Foro Socioeconómico organizado por el Comité Económico y Social (CES) de la Comunidad Valenciana en la Universidad Jaume I. En formato entrevista, hizo un repaso sobre la coyuntura actual, las previsiones macroeconómicas hechas por la institución que dirige y se centró en la evolución esperada de la inflación y, cómo no, de las finanzas públicas. La AIReF se creó en España y los demás países de la UE tras la crisis financiera de 2008, al aprobarse en Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG) en 2012. Se encuadra, por tanto, en la nueva gobernanza europea, con una función claramente preventiva, proporcionando análisis técnico sobre las cuentas de las administraciones públicas (central, autonómica y local) y sus previsiones macroeconómicas, avalando o no las mismas. Hace sólo unos días avaló las de la Comunidad Valenciana.
Por su parte, Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional y también catedrática Jean Monnet ad personam, impartió una conferencia en la Universidad Católica de Valencia sobre el papel de la UE ante la ley de amnistía. Su vida profesional se ha desarrollado siempre vinculada al derecho constitucional europeo y a los derechos fundamentales, combinando el rigor académico con su implicación y activismo, en el mejor sentido de la palabra.
El elemento común de ambas conferencias, aparte de la calidad de las protagonistas y su dimensión europea (ya sea jurídica, económica o social), es la situación que describieron. La sucesión de crisis de los últimos años ha generado un elevado nivel de incertidumbre tanto geopolítica como económica, con crisis de abastecimiento y reconfiguración de las cadenas de suministro. Por otro lado, la recuperación y la futura resiliencia de España, como capacidad de respuesta ante las crisis, va a depender también del grado de ejecución y aplicación de los recursos recibidos de Next Generation EU a la reforma estructural de nuestro país.
En cualquier caso, desde el punto de vista macroeconómico, ha llegado el momento de retornar a las reglas fiscales. En una Europa donde la deuda pública supera en varios países grandes el 100% del PIB, la estabilidad del euro también recomienda la de las finanzas públicas. En los próximos días se va a anunciar el diseño final de las reglas fiscales europeas. Aunque aún no se conoce el detalle, el déficit máximo volverá a ser del 3% del PIB y se van a diseñar nuevas sendas para la reducción paulatina de la deuda pública acumulada. En España supone ahora mismo un 111,2% del PIB y superaba el billón y medio de euros (1.568.743 millones) en el segundo semestre del año.
Para 2024, la presidenta de la AIReF señaló que el gobierno prevé un 3% de déficit, lo que se alcanzaría si se dan dos condiciones. En primer lugar, que no se prorroguen las medidas de reducción del IVA adoptadas para combatir la inflación (que costaron un 1,6% del PIB en 2022 y un 1% en 2023). En segundo lugar, que las Comunidades Autónomas no aumenten su déficit por encima de lo previsto. Es difícil que esas condiciones se den, teniendo en cuenta los compromisos en que puede incurrir el futuro gobierno. Las nuevas reglas fiscales van a exigir planes estructurales a cuatro años, compatibles con sendas de reducción de deuda. De mantenerse la situación actual, España se encontraría en una situación vulnerable. Según la AIReF, el déficit se estancaría en un 3,2% entre 2025 y 2028 y la deuda alrededor de un 115%. Para corregir la situación sería necesario ajustes presupuestarios del 0,6% o unos 9.600 millones de euros por año. La incertidumbre institucional, debido a los meses de gobierno en funciones, hace más difícil que se puedan cumplir las anteriores condiciones, pues aún no se ha elaborado el proyecto de presupuestos para 2024 ni se ha establecido la regla de gasto, necesaria para las administraciones territoriales.
Esa misma incertidumbre institucional que sufre España también existe en el ámbito jurídico, como expuso Teresa Freixes en su charla. Los valores compartidos por la UE, entre ellos el Estado de Derecho, fueron condiciones de entrada en la UE y se recogen en el artículo 2 del Tratado de la UE. Este artículo 2 del Tratado no es retórico, pues la UE se ha dotado de mecanismos de garantía e indicadores que permiten detectar si un país se aleja de los mismos. En la práctica se utilizan los indicadores enumerados por la Comisión de Venecia (que pertenece al Consejo de Europa, que no a la UE) y cuando un país incumple cualquiera de estos indicadores, comienza recibiendo avisos. Sin embargo, si el Estado de Derecho se compromete de forma grave, el artículo 7 del Tratado permite, de existir incumplimiento, como ha ocurrido en Polonia o Hungría, apartar al país de la toma de decisiones en las instituciones o suspender los pagos de los fondos estructurales.
Entre los indicadores que usa la Comisión de Venecia se encontrarían, sin ser exhaustivos, la primacía de la Constitución y la Ley; la efectividad y cumplimiento de las sentencias; el buen funcionamiento del proceso legislativo (esto es, sin abusar de los decretos ley y recibiendo los informes preceptivos de los órganos jurisdiccionales, como el Consejo de Estado y el CGPJ, en nuestro caso); la consistencia de las leyes con el ordenamiento jurídico (la amnistía no lo sería); la igualdad ante la ley (que no haya sujetos privilegiados); o que el acceso a la justicia lo sea con independencia e imparcialidad. Lo preocupante es que, en este momento, España estaría ya incumpliendo no uno sino varios de estos indicadores.
Más allá del ámbito jurídico y de la (posible) ley de amnistía, un régimen fiscal propio para Cataluña o la condonación de 15.000 (20%) o 74.000 millones (la totalidad) del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como parte del pago por la investidura, también tendrían efectos sobre el ámbito económico y la estabilidad presupuestaria española. Un régimen fiscal propio significa no hacer transferencias de las regiones más ricas a las de menor renta. Respecto al FLA, aunque los 1,5 billones de deuda son la cifra consolidada y la condonación no variaría el total (pues el titular de la deuda es el Reino de España) esto también modificaría el reparto. No sólo Cataluña dejaría de transferir parte de su recaudación, sino que el exceso de endeudamiento (parte de él empleado en el “procés”) recaería sobre el resto de España, cuya renta media es menor que la catalana. Supondría una ruptura en la equidad y un aumento de la desigualdad en las demás CCAA. Sabiendo la necesidad de ajuste que tendrá que hacer España en los próximos años, cifrada ya en alrededor de 9.600 millones de euros anuales, su reparto variaría también en contra de las regiones con menor renta.
Por todo ello, escuchemos a las personas que pueden proporcionar una valoración seria y rigurosa de las consecuencias (económicas y jurídicas) de los actos de nuestros políticos. Más allá de las consignas populistas y de las apelaciones a los sentimientos, el incumplimiento de las leyes y los compromisos o la adopción de medidas en contra de la equidad repercuten sobre nosotros y nuestros hijos. Al final, aunque no sólo, es también cuestión de dinero.