Galería en el Palacio de San Esteban, en una imagen de archivo. Foto: OMEGAMURCIA. Si analizamos la estructura de gasto de los Presupuestos regionales tomando como horquilla los últimos 5 años y adoptando como elemento medible para nuestro análisis la dotación presupuestaria de la Dirección General de Bienes Culturales, debido a la variabilidad de las áreas competenciales que ha tenido la tradicional Consejería de Educación y Cultura, otrora separadas -en algunas ocasiones unida la Portavocía de Gobierno a esa Consejería-, podemos comprobar que la participación en los Presupuestos de la Dirección General de Bienes Culturales, que englobaría toda la materia referente a exposiciones, bibliotecas , museos, restauración y patrimonio, se ha visto minorada de forma ostensible año tras año, sin perder comba, si me permiten la expresión.
"a las autoridades nuestro patrimonio les importa prácticamente lo mismo que a los próceres murcianos de 1939 en adelante"
Tanto es así que en el año 2017 la participación de la Dirección General de Bienes Culturales en el Presupuesto regional fue de un 0,45%. En los años 2018 y 2019 dicho porcentaje representó un 0,42% y los años 2020 y 2021, con unos de los Presupuestos aparentemente más expansivos de la historia económica de nuestra Comunidad Autónoma, se situaron respectivamente en el 0,30% y 0,25%. No hay lugar a la discrepancia ni a la objeción; a las autoridades regionales nuestro patrimonio les importa prácticamente lo mismo que a los próceres murcianos de 1939 en adelante, que tuvieron a bien derribar cientos de edificios del casco antiguo de la ciudad, incluidos los baños árabes, declarados de interés nacional en 1931.
Frente a este panorama que sin ambages calificamos de aterrador, en el horizonte se vislumbran ciertos destellos de luz. El Proyecto de Reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su artículo 22, contempla un marco de protección de derechos, tales como el acceso a la cultura en todas sus manifestaciones: artísticas, patrimoniales, musicales y literarias.
Por otro lado, otras comunidades autónomas han legislado a favor de normativizar la figura del mecenazgo, es decir, el fomento de la participación privada en actividades que persigan fines de interés general en el ámbito territorial; hablamos de donaciones de bienes y derechos, cesiones de uso o comodato de bienes de interés cultural o instalaciones para la realización de proyectos beneficiosos para la comunidad. La legislación positiva existente en otras comunidades señala como destinatarios de las donaciones a Fundaciones o Entidades sin ánimo de lucro, pero también a universidades públicas, importante matiz, a la Administración regional y sus organismos públicos, centros de investigación, centros de enseñanzas artísticas, museos y establecimientos sanitarios o de servicios sociales.
Lo que se busca con tales posicionamientos legislativos es reforzar las dotaciones presupuestarias autonómicas y hacer a empresas y personas físicas partícipes de las externalidades positivas que se generarían. En el ámbito de la teoría económica, lo que se trata es de aproximar el Beneficio Marginal Privado con el Beneficio Marginal Social. Para lograr esta tarea quizás sería interesante abordar la figura del crédito fiscal, instaurado en sus máximas potencialidades por la reciente ley 3/2021 del Gobierno progresista de La Rioja, conformado por Unidas Podemos y Partido Socialista y que permite a las personas físicas o jurídicas donantes, en cualquiera de las figuras señaladas, constituir con el 25% de la cantidad donada a las entidades señaladas -y para los fines reseñados- un depósito de deducibilidad impositiva para los impuestos que gestiona la Administración autonómica (Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos y otros tributos con gestión autonómica) durante un máximo de 10 años; lo cual permite a una empresa que realice contribuciones sociales de forma periódica proveerse de una más que notable deducibilidad para un periodo fiscal en que sufra una caída en sus beneficios, ¡qué mayor incentivo!
La ley de mecenazgo es -sin obviar el papel que deben jugar las Administraciones públicas en la financiación de las dotaciones presupuestarias de las Consejerías de Cultura- un instrumento útil para facilitar el mayor impacto inversor en actividades del mundo de la cultura y el fomento del empleo en dicho sector, tan acribillado y menospreciado en esta tierra.
A la actual consejera, tránsfuga entre las tránsfugas, no le ha bastado con continuar la minimización de las aportaciones a Cultura, también ha sorteado sin vergüenza los terribles hechos para la democracia regional acaecidos en la fallida moción de censura, pero no contenta con eso ha menospreciado a más de un centenar de artista e intelectuales murcianos que firmaron un manifiesto para que no dirigiera la Consejería de Cultura. La inacción y la desgana, unido al empobrecimiento de un sector que va a ser clave para la dinamización del entorno, van a ser las principales pautas de lo que reste de legislatura. En nuestras manos está cambiar el asunto, mientras tanto viviremos en la fábula de Samaniego, con el zorro al cuidado del gallinero.
Feliz verano a todas y todos.
Miguel Ángel Pagán Navarro.
Economista, miembro del Grupo Economía y Trabajo de Izquierda Unida en el municipio de Murcia
Fotos: Jerónimo Álvarez.
