MURCIA. Vox se viene arriba. Consciente de su papel en la oposición, que le libera de la responsabilidad directa de aprobar un Presupuesto (una competencia del Gobierno), y motivado por el empujón de las cuentas, el partido de José Ángel Antelo ha querido marcar la agenda de la semana política con el anuncio de más condiciones para dar su voto a favor de los Presupuestos. Si en su día la principal línea roja para llegar a cualquier tipo de acuerdo con su antiguo socio de coalición fue “no colaborar con la inmigración ilegal”, las peticiones concretas se han ido ampliando. De la lista de siete exigencias que enumeró su líder, José Ángel Antelo, el pasado 7 de octubre a la última anunciada esta semana, para desconcierto de los populares e indignación de las organizaciones empresariales: poner fin a las ayudas públicas a la patronal y los sindicatos.
Antelo sostiene que no se trata de “ultimátum ni de elevar el tono”, pero lo cierto es que son un claro órdago cuando defiende el cumplimiento de todos los compromisos, sin perdonar ni uno: “Cuando son todos, son todos. Si hay uno que no se cumple, nosotros ahí no vamos a estar”. Su jefe de filas, Santiago Abascal, ya marcó el ritmo en su reciente visita a Murcia, cuando exigió al PP "medidas concretas reflejadas en el Presupuesto" y "una declaración explícita y contundente, inequívoca", para que Vox pueda respaldar las cuentas. "Si no tenemos esa garantía, para poder mostrar que no seremos engañados en esta ocasión, no tiene ningún sentido".
¿Y cuáles son las condiciones? Fuentes de Vox explican que tienen una premisa principal (la inmigración ilegal) y a ello se suman diez exigencias irrenunciables:
- Ruptura del Pacto Verde (anunciada por el propio Abascal)
- Reforma de la Ley del Mar Menor
- Fin a las ayudas públicas patronal y sindicatos
- El cierre del centro de menores no acompañados de Santa Cruz
- Convenio marco para los bomberos
- Partida de 5,5 millones para el Centro de Formación en Cartagena de la FREMM
- Ampliación del tranvía a Molina de Segura
- Amparo jurídico para pistolas táser, gas pimienta y arma policial
- Puesta en marcha del SARE (Servicio de Alertas y Respuestas de Emergencias y la Ejecución del Centro Integral de Respuesta a Emergencias y Seguridad)
- Cuarta ley de Simplificación Administrativa
En realidad, apenas hay nada nuevo bajo el sol de Vox, pues muchas son reclamaciones reiteradas tiempo atrás. La reforma de la Ley de Participación Institucional que quiere debatir la próxima semana en la Asamblea Regional es una cuenta pendiente desde hace años. En 2020 aparecía en el punto número tres del documento que pactó con PP y Ciudadanos, a la sazón socios de coalición, para dar su plácet en las cuentas. En 2023 Vox y PP sellaron un acuerdo programático con un punto -el número 25- destinado a esta cuestión, aunque sujeto a interpretación hasta el punto de que generó roces entre ambos. Para los populares no significaba respaldar la eliminación de las cuantías, sino mejorar la eficiencia en el control del gasto público. Para Vox implicaba acabar con la obligación de las ayudas. Aquel cuestionado renglón decía así: "Modificaremos la Ley de Participación Institucional para promover el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones, frente al modelo de subvención directa, garantizando así un uso más eficiente de los fondos públicos".
Indignación de la patronal: "No somos moneda de cambio"
Con todo, el partido intentó acabar con estas ayudas durante su periplo en el Ejecutivo, sin éxito. Ahora la patronal ha vuelto a cargar contra Vox tras conocer sus planes: "No somos moneda de cambio, no se nos puede utilizar para esto", clamaba el presidente de la Croem, Miguel López Abad, que desvelaba que la partida se recortó en unos 130.000 euros al comienzo de la legislatura por la petición de Vox para la investidura de Fernando López Miras. Según reveló, la confederación recibe 400.000 euros, el 25% del presupuesto. "Jugar con la patronal es un error", afeaba Abad, que precisamente se reunió con Vox hace semanas y, según afirma, este asunto no se abordó. El empresario reivindicó la labor de la Croem y su independencia: "Que no nos pidan que vayamos de gratis", aducía. Si es así, concluía, "habría que plantear a los políticos que no reciban una remuneración, por ejemplo, por su asistencia a los plenos y comisiones de la Asamblea".
El PP tampoco pudo ocultar su contrariedad. "No podemos estar cada semana sometiendo a cuestiones que no vienen a cuento y que acabamos de conocer hoy", admitía Joaquín Segado, su portavoz parlamentario. En las filas populares saben que la única vía factible para sacar adelante las cuentas es lograr el plácet de Vox, habida cuenta de que el pacto con el PSOE se da prácticamente por imposible, salvo giro inesperado de los acontecimientos. Los socialistas, aun así, siguen insistiendo en su mano tendida, como así reiteraba Francisco Lucas; una oferta que los populares piensan que es una mera escenificación.
Así que la pregunta que se hacen en González Adalid: ¿Qué hacer con Vox? Desde Génova la consigna pasa por ignorarles y no entrar en sus estrategias de relatos. Los populares insisten en no airear las negociaciones públicamente y ser cautos. También saben que la partida se juega en clave nacional, por mucho que todos lo nieguen, y de momento no hay ningún acercamiento en las comunidades gobernadas por el PP en minoría. El último contacto en la Región fue a finales de enero.
Pero la cuenta atrás ha empezado (en concreto, desde el día que se prorrogaron las cuentas) y Vox ya ha dejado claras cuáles son sus cartas.
