CARTAGENA (EP) El Gobierno regional ha iniciado la redacción del proyecto técnico de descontaminación de los terrenos de El Hondón, así como la realización de los estudios complementarios necesarios que posibilitarán la recuperación de la zona, que ejecutará de manera subsidiaria la Administración autonómica. Antes de comenzar los trabajos, la Comunidad Autónoma ha exigido a la mercantil Ercros el pago de más de 800.000 euros para sufragar los costes derivados de esta actuación, en aplicación del principio de 'quien contamina, paga', recogido en la de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Así lo ha expuesto el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante su comparecencia en la sesión de control de la Asamblea Regional para detallar las actuaciones emprendidas por el Ejecutivo autonómico tanto en El Hondón como en los terrenos contaminados de la antigua fábrica Española del Zinc (ZINSA), en Cartagena.

Durante su intervención, Vázquez ha subrayado: "No vamos a permitir que los ciudadanos de Cartagena ni de la Región asuman el coste de la reparación ambiental". Y ha añadido que "quien contamina, paga", como establece la legislación vigente y varias directivas europeas.

Esta acción se enmarca en una estrategia regional que busca recuperar, mediante soluciones definitivas y permanentes, las 159 hectáreas de terrenos afectados en Cartagena por las actividades industriales de empresas como Potasas y Derivados, Española del Zinc y Peñarroya.

El consejero ha insistido en que "no se permitirán parches ni soluciones cortoplacistas" y que la estrategia del Gobierno se basa en el rigor técnico y científico, la colaboración institucional y la exigencia de responsabilidades a quienes contaminaron.

En el caso de ZINSA, desde el cierre de la factoría en 2008 y su declaración como suelo contaminado en 2009, el Gobierno regional ha realizado inspecciones periódicas, emitido múltiples requerimientos a Cartagena Parque, empresa que adquirió el suelo en 2018, y exigido medidas concretas. Entre ellas, la retirada de 500.000 litros de líquidos peligrosos y otros 800.000 litros no peligrosos, ya en proceso, así como la reparación de tres kilómetros de vallado perimetral.

Rechazan el plan de Cartagena Parque

El plan de descontaminación presentado por Cartagena Parque ha sido rechazado por la Consejería por considerarlo "insuficiente", ya que propone medidas temporales como el sellado in situ de los residuos.

"No aceptaremos soluciones temporales ni parches. Exigimos una descontaminación real, completa y acorde con la ley", ha afirmado Vázquez. Por ello, se ha otorgado un plazo de tres meses a la mercantil para presentar un plan definitivo, que incluya una evaluación de riesgos y la recuperación completa de la zona.

De no cumplirse esta obligación, la Consejería procederá con sanciones coercitivas o con la ejecución subsidiaria de las actuaciones, tal y como prevé la ley.

Vázquez ha recordado que Cartagena Parque está legalmente obligada a descontaminar el terreno al nivel que tenía cuando fue contaminado, es decir, a su uso industrial anterior.

Además, el Gobierno autonómico ha reforzado la vigilancia ambiental de la zona y trabaja de forma coordinada con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), las universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, y entidades como Emgrisa.

En la zona se han tomado 1.400 muestras en 13 ubicaciones durante 14 meses para analizar hasta 43 sustancias, sin que se hayan superado los valores límite legalmente establecidos.

Vázquez ha añadido que "los próximos meses serán clave para saber si Cartagena Parque cumple con sus obligaciones o si la administración deberá asumir la descontaminación de forma directa", reiterando el compromiso de garantizar una recuperación ambiental efectiva, permanente y con base científica.

Podemos protesta por "la inacción"

Durante el debate, la portavoz de Podemos, María Marín, ha denunciado la inacción del Gobierno regional y anunció una denuncia por un presunto delito contra la salud pública.

Marín criticó que "17 años después del cierre de ZINSA y 16 años desde que se declaró el suelo contaminado, los vecinos siguen respirando veneno", y destacó los altos niveles de metales pesados en barrios cercanos como Torreciega, según estudios recientes. También ha reivindicado la labor de investigadores independientes como Matías Peñas, que ha sido clave en la visibilización de esta problemática ambiental.

El PSOE aduce que los vecinos no quieren dinero, sino "aire limpio"

La diputada del PSOE Carmina Fernández ha subrayado que "los vecinos no piden dinero, solo quieren respirar aire limpio", y ha denunciado la falta de intervención regional en otras zonas contaminadas como Peñarroya o Potasas y Derivados.

Además, ha pedido explicaciones sobre la priorización de El Hondón frente a otras zonas igual de afectadas y destacó el contraste entre la actuación del Gobierno de España en la Sierra Minera, con inversiones de 110 millones de euros, y la "inacción" del Ejecutivo murciano.

Vox elogia a los vecinos

Desde Vox, Pascual Salvador ha exigido una solución urgente para ZINSA y ha valorado el papel de los vecinos y asociaciones que llevan años luchando por la descontaminación. "Si algún día conseguimos el objetivo de esta comparecencia será por su denuncia, vigilancia y perseverancia de tantos años", ha afirmado .

El PP pide no confrontar

La diputada del PP María Casajús por su parte, ha defendido la estrategia del Gobierno autonómico y ha pedido "no fomentar el miedo ni la confrontación". También ha asegurado que las actuaciones se están desarrollando "desde el conocimiento técnico y científico, con total transparencia y con participación de los vecinos", y ha reiterado que la recuperación de suelos contaminados es una prioridad para el Ejecutivo regional.