MURCIA (EFE). El fiscal en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Murcia por el llamado 'Caso Novo Carthago' contra siete ex altos cargos del Gobierno regional del PP ha rebajado sus solicitudes iniciales de condena al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas por hechos ocurridos hace 22 años como las modificaciones urbanísticas para hacer viable un proyecto de 10.000 viviendas, hoteles y campos de golf en terrenos protegidos junto al Mar Menor.
El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, explicó que este movimiento se debe al retraso registrado en este procedimiento que investiga una presunta corrupción urbanística y admitió que, aun en el caso de que fueran condenados los acusados, ninguno de ellos tendría que ingresar en prisión.
Así, de los tres años y medio de cárcel y catorce meses de multa con una cuota diaria de 30 euros por los delitos de prevaricación y falsedad que pedía para el exconsejero de Medio Ambiente Antonio Cerdá, la ha rebajado a un año de prisión y dos meses de multa, y su inhabilitación para empleo o cargo público, de tres años y medio a nueve meses.
- El exconsejero Antonio Cerdá declara ante la Audiencia Provincial por el juicio Novo Carthago. -
- Foto: EFE / JUAN CARLOS CAVAL
Para el exconsejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana, al que atribuye prevaricación, como al resto de acusados, ha solicitado tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, cuando antes pedía seis y medio.
Para la exasesora de la Consejería de Medio Ambiente María Antonieta Fernández ha solicitado un año de cárcel, cuando antes pedía tres y medio por la prevaricación, así como tres meses por un delito de blanqueo de capitales.
Para los otros cuatro acusados ha pedido tres años de inhabilitación especial, con rebaja también de su solicitud inicial.
Conclusiones de las acusaciones y las defensas
En la duodécima sesión de la vista oral han presentado las conclusiones definitivas las acusaciones y las defensas, que han pedido la absolución de sus patrocinados tras señalar que el escrito del fiscal vulneraba derechos fundamentales al introducir modificaciones en el auto que abrió el procedimiento abreviado que ha dado origen al juicio.
El fiscal ha sostenido que existió una clara voluntad en los acusados de beneficiar el proyecto urbanizador y que pese a que varios funcionarios se oponían a que en esos terrenos se construyera, llevaron a cabo distintas actuaciones para hacer viable el proyecto, como "sacarse de la manga” el reinicio del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) para favorecer esa iniciativa de la empresa Hansa Urbana.
Hubo una “ilegalidad manifiesta” en su actuación y reclamo que se utilizó para decir que se preveía una inversión de mil millones de euros y la creación de 8.000 empleos no dejaba de ser un “mantra”, al no estar acreditados esos datos, ha añadido.
- El exconsejero de Fomento Joaquín Bascuñana, en el juicio por Novo Carthago. -
- Foto: EFE / MARCIAL GUILLÉN
La acusación popular, ejercida por la Asociación de Naturalistas del Sureste, se ha adherido al informe del fiscal y añadido que hubo una intencionalidad política en los actos de los acusados.
El exdirector general de Calidad Ambiental Antonio Alvarado, que al ser abogado se defiende a sí mismo, ha negado un plan delictivo entre los acusados para apoyar el proyecto, o un concierto de voluntades, y afirmado que siempre se movió dentro de la legalidad al emitir la declaración de impacto ambiental (DIA).
El abogado Francisco Martínez-Escribano, que defiende a Bascuñana y al exsubdirector general de Urbanismo José María Ródenas, ha explicado que tanto el PORN como la DIA no solo no solo no atacaban a la protección ambiental, sino que además la reforzaban.
- Los acusados del caso de presunta corrupción urbanística Novo Carthago. -
- Foto: EFE / MARCIAL GUILLÉN
El letrado ha añadido que el fiscal no puede limitarse a decir que hubo un acuerdo de voluntades entre los acusados, sino que “esa teoría conspirativa” debe demostrarla, lo que no ha hecho. Ha recalcado que el Tribunal Supremo declaró en su día que la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada por el Ayuntamiento de Cartagena para acoger el proyecto estuvo ajustada a derecho.
Y ha concluido que al ser eso así, no es posible pensar que las autoridades y altos cargos hubieran podido delinquir, ya que se limitaron a ejercer el debido control de legalidad sobre aquel expediente municipal.
La vista oral continuará este miércoles con la exposición de los informes de las defensas de los demás acusados.
