Región

'Caso Novo Carthago'

Valcárcel asegura que no tuvo constancia de 'Novo Carthago' hasta que el proyecto fue presentado en sociedad

El expresidente declara como testigo en la Audiencia y niega haberse reunido con la exalcaldesa Barreiro para tratar la modificación del PGOU

  • El expresidente del Gobierno de la Región de Murcia Ramón Luis Valcárcel comparece como testigo en el caso Novo Carthago
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MURCIA (EFE). El expresidente de la Región de Murcia Ramón Luis Valcárcel (PP) ha declarado este lunes como testigo en el juicio por presunta corrupción urbanística conocido por Novo Carthago, que pretendía el desarrollo de una urbanización en terrenos protegidos junto al Mar Menor. En la vista, el antiguo máximo mandatario de la Comunidad ha afirmado que conoció la existencia del proyecto cuando fue invitado a su presentación pública.

La Audiencia Provincial de Murcia juzga este caso con siete acusados (ex altos cargos regionales, entre ellos dos exconsejeros Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana) por, supuestamente, remover obstáculos legales en la recalificación de terrenos próximos al Mar Menor, en la zona de San Ginés de la Jara, para la construcción de unas 10.000 viviendas, hoteles y dos campos de golf, en terrenos que ocupaban áreas naturales protegidas y por tanto no urbanizables, dentro del término municipal de Cartagena.

Valcárcel, que ha declarado en la octava sesión del juicio, ha añadido que antes de recibir la invitación de la empresa promotora del proyecto, Hansa Urbana, no había sido informado por el entonces consejero de Medio Ambiente Antonio Cerdá, acusado en la causa, ni por ningún otro sobre esta iniciativa, que fue presentado al público en julio de 2003 en un hotel de La Manga del Mar Menor.

  • El expresidente del Gobierno de la Región de Murcia Ramón Luis Valcárcel comparece como testigo en el caso Novo Carthago -



Según ha señalado Valcárcel, no se reunió con la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, para hablar sobre la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) promovida por el ayuntamiento, que era necesaria para hacer viable el proyecto.

En este sentido, ha explicado que tampoco se reunió con representantes de la empresa promotora, ni convocó ni asistió al encuentro celebrado en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, en la que los técnicos de las distintas consejerías opinaron sobre esta iniciativa urbanística.

Marqués defiende la legalidad de su gestión


En la sesión de esta mañana también ha participado el exconsejero de Medio Ambiente y de Obras Públicas Francisco Marqués, que ha defendido la legalidad de su gestión en la modificación del PGOU de Cartagena y en la propuesta de reforma del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN).

  • El exconsejero del Gobierno regional Francisco Marqués, en el caso Novo Carthago. -



Marqués ha añadido que conoció un informe emitido por funcionarios de la Administración regional que, de entrada, no se oponían a la modificación puntual del PGOU de Cartagena, aunque sí recalcaban que el mismo debía ajustarse al PORN.

En las dos primeras sesiones de la vista oral de este juicio declararon cuatro de los siete acusados, entre ellos, el exconsejero regional de Obras Públicas Joaquín Bascuñana, ya que los otros tres, incluido el exconsejero de Medio Ambiente Antonio Cerdá, pidieron hacerlo al final, cuando hayan sido practicadas las demás pruebas.

  • Los acusados del caso Novo Carthago, en la octava sesión del juicio, mientras Ramón Luis Valcáracel declara como testigo. -



Tanto el fiscal como la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), que ejerce la acusación popular, señalan como principal responsable de los hechos al que era entonces, hace ahora más de veinte años, consejero de Medio Ambiente, Antonio Cerdá.

La Fiscalía reclama para él tres años y medio de cárcel, una multa de 12.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo, como presunto autor de los delitos de falsedad y prevaricación.

Para el exconsejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana solicita, por el supuesto delito de prevaricación, seis años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público

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