MURCIA (EP/EFE/MP). La Sala 1 de la Audiencia Provincial, en Murcia, acogió este lunes el inicio del juicio para los siete acusados (puesto que uno de ellos falleció en 2019) de presunta corrupción urbanística en el 'Caso Novo Carthago'. El calendario del proceso judicial incluye 20 jornadas desde el 29 de septiembre al 11 de noviembre.

El caso 'Novo Carthago' se inició tras la recalificación de terrenos próximos al Mar Menor, en la zona de San Ginés de la Jara, para la construcción de unas 10.000 viviendas, hoteles y dos campos de golf. Precisamente estos terrenos ocupaban áreas naturales protegidas y por tanto no urbanizables.

Las defensas de los acusados del caso no han conseguido este lunes el archivo de la causa. Los letrados de la defensa del caso han señalado que la vista oral debía concluir con esta primera sesión, al no ser los hechos imputados a sus defendidos constitutivos de delito alguno.

En este sentido, Aurelio Llanes, letrado del exconsejero Antonio Cerdá, ha señalado que las resoluciones dictadas por su cliente fueron de puro trámite, no definitivas ni decisorias, por lo que nunca pudo incurrir en el delito de prevaricación ni en el de falsedad que le atribuyen las acusaciones. 

Además, ha recalcado que el delito de prevaricación no sería continuado, como aseguran las acusaciones, por lo que los hechos estarían prescritos. El resto de defensas han estado en la misma línea de señalar que las conductas atribuidas a sus clientes eran atípicas y, por tanto, no punibles.

Tras un receso para deliberar sobre las cuestiones planteadas por la defensa, la Sala ha decidido continuar con la vista, que proseguirá mañana con el interrogatorio de los acusados. El tribunal está presidido por el magistrado ponente y presidente de la Sala, Álvaro Castaño Penalva, acompañado por los magistrados Concha Roig Angosto y Ricardo Cuevas Vela.

10.000 viviendas, hoteles y dos campos de golf

Además de los exconsejeros Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, están como acusados en esta causa exaltos cargos regionales y la empresa Hansa Urbana, promotora del proyecto que preveía la construcción de diez mil viviendas, hoteles y dos campos de golf en terrenos protegidos ubicados junto al Mar Menor.

El escrito de acusación del fiscal señala que todos ellos participaron, presuntamente, en actuaciones ilegales dirigidas a hacer viable ese proyecto mediante la modificación de la normativa urbanística que lo impedía.

Así, añade, llevaron a cabo, supuestamente, las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena y del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) para tratar de conseguir su objetivo, que de otra forma no habían logrado por la protección medioambiental que tenían los terrenos afectados.

Los acusados

Los delitos que se imputan a los responsables de esta recalificación, a los ocho acusados (uno de ellos ya fallecido) son los de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Están implicados, entre otros, los exconsejeros de Agricultura, Antonio Cerdá, y de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana. También figuran como investigados antiguos responsables de Calidad Ambiental, Vivienda, y Ordenación del Territorio.

En concreto, C.B.M, el que fuera director general de Medio Natural, estaba acusado por su en la manipulación del PORN reiniciado el 12-6-2003, aunque falleció en 2019. El ex consejero de Medio Ambiente Antonio Cerdá está acusado de manipular el PORN de Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y Cabezo Gordo y de actuar posteriormente en favor del proyecto.

M.A.F.C, asesora eventual para apoyo jurídico del ex concejero Cerdá, también está acusada por su participación en la manipulación del PORN y por las autoimposiciones bancarias de 125.000 euros entre los años 2003-2006.

El cuarto acusado, A.A.P, ex director general de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, fue el autor de la DIA y está acusado de participación en dicho expediente; mientras que J.M.R.C., que fue subdirector de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, está acusado por sus informes, también fue director general de Turismo y subdirector de Urbanismo como cargo de libre designación.

Por otro lado, M.A.G.Z., ex director general de Administración Local y director general de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, está acusado por sus informes, por su solicitud de informe al DG Calidad Ambiental y su propuesta de Orden de aprobación definitiva.

L.M.R.A., asesor jurídico de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, está acusado por un informe jurídico; y el exconsejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana, por su intervención en la MP no 113 y el dictado de las Órdenes de aprobación definitiva.

Piden tres años y seis meses de cárcel a Cerdá

Tanto el fiscal como la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), que ejerce la acusación particular, señalan como principal responsable al que era entonces, hace ahora casi veinte años, consejero de Medio Ambiente, Antonio Cerdá.

Por ello, a Cerdá, como autor del concurso ideal del delito de falsedad en documento público y delito continuado de prevaricación, se le pide una pena de 3 años y 6 meses de prisión, 14 meses multa a razón de 30 euros de cuota diaria y 3 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo y cargo público, con responsabilidad subsidiaria por impago de la multa de 1 día de prisión por cada 2 cuotas impagadas.

Para M.A.F.C, por el concurso ideal del delito de falsedad en documento público y cooperadora necesaria en el delito de prevaricación, se pide 3 años y 3 meses de prisión, multa de 10 meses multa a razón de 30 euros de cuota diaria y 3 años y 3 meses de inhabilitación especial para empleo y cargo público, con responsabilidad subsidiaria por impago de la multa de 1 día de prisión por cada 2 cuotas impagadas. Además, la pena de 5 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales (con 1 mes por responsabilidad subsidiaria en caso de impago) y multa de 125.000euro, así como el decomiso de dicha cuantía de 125.000 euros.

Por otro lado, para los acusados Joaquín Bascuñana y A.A.P, se piden 6 años y 6 meses de inhabilitación de empleo o cargo público como autores del delito de prevaricación del art. 404 CP (dado que no son funcionarios, para ocupar puesto de elección discrecional en la Administración o en cualquiera de sus empresas, entes u organismos participados por la Administración Pública).

Para el resto de partícipes en el delito de prevaricación, J.M.R.C, M.A.G.Z y L.M.R.A, se pide la pena de 5 años y 6 meses de inhabilitación de empleo o cargo público con pérdida de su condición de funcionario público como partícipes del delito de prevaricación.