MURCIA (EFE). El que fuera consejero de Medio Ambiente del Gobierno regional Antonio Cerdá, uno de los siete acusados en el caso Novo Carthago, ha dicho este lunes al declarar en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Murcia, que conoció ese proyecto urbanizador a través del director general del Medio Natural, Carlos Brugarolas, al que encargó que estudiara si era viable o no.
Cerdá ha indicado que Brugarolas, ya fallecido y que llegó a estar acusado por su intervención en la tramitación del proyecto, que preveía la construcción de miles de viviendas y un campo de golf en terrenos protegidos junto al Mar Menor, era un funcionario ejemplar y con una gran preparación como ingeniero de Montes que era. Ha añadido que durante su mandato al frente de la Consejería jamás dio instrucción alguna a los técnicos sobre lo que debían hacer y que siempre respetó sus indicaciones.
El exconsejero ha manifestado que el director general fallecido, tras visitar los terrenos afectados con varios técnicos, le comunicó que la conversión de los terrenos dedicados a la agricultura intensiva en otros de uso deportivo y recreativo era positiva, al evitar el vertido de nitratos al Mar Menor. Cerdá ha explicado que participaba de esa opinión, conclusión a la que llegaba como químico agrícola que es y como investigador durante tres décadas del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS).
- El exconsejero Antonio Cerdá declara ante la Audiencia Provincial por el juicio Novo Carthago. -
- Foto: EFE / JUAN CARLOS CAVAL
Defiende que hubo transparencia en el PORN
En cuanto al reinicio del Proyecto de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), decisión que adoptó, según el fiscal para favorecer la realización de la macrourbanización, ha declarado que siempre hubo total transparencia, hasta el punto de que el plazo de exposición y de presentación de alegaciones se prolongó durante cinco meses.
“Queríamos que la sociedad conociera el proyecto del PORN y que se pronunciara al respecto, y hasta tal punto facilitamos esa participación que admitimos incluso alegaciones presentadas fuera de plazo por la Asociación de Naturalistas del Sureste”, ha indicado.
En otro momento del interrogatorio ha explicado que cuando la Unión Europea (UE) puso reparos al proyecto dio orden de que se paralizara todo, “y allí no se puso ni un ladrillo”.
María Antonieta Fernández defiende que nunca se impuso nada
En esta nueva sesión de la vista oral ha declarado la acusada María Antonieta Fernández, que fue asesora de la Consejería que encabezaba Cerdá y que ha insistido en que tuvo conocimiento del proyecto a través de Brugarolas y que nunca impuso nada a los funcionarios, ya que como personal eventual que era no tenía competencia alguna para ello.
En cuanto al ingreso en sus cuentas bancarias de 125.000 euros que el fiscal considera podían proceder de la empresa promotora, Hansa Urbana, le ha corregido para afirmar que fueron en realidad 177.000, y que tenían un origen lícito, ya que procedían de la explotación familiar de varias fincas, de la comunidad de bienes a la que pertenecía y del dinero que su padre le entregaba en efectivo.
Antonio Alvarado defiende la legalidad de su gestión
La sesión ha concluido con el interrogatorio al acusado Antonio Alvarado, que fue director general de Calidad Ambiental en la etapa que se investiga, quien ha defendido la legalidad de su gestión y que ha explicado que no intervino en la redacción de la Orden por la que se acordaba el reinicio del PORN.
La vista oral continuará este martes con las conclusiones de las partes, tras lo cual se dará paso a los informes.
Un juicio con siete acusados
A los siete acusados, exaltos cargos regionales, se les atribuye el remover los obstáculos legales para hacer viable la construcción de diez mil viviendas, hoteles y campo de golf en terrenos protegidos ubicados dentro del término municipal de Cartagena.
Tanto el fiscal como la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), que ejerce la acusación popular, señalan como principal responsable de los hechos al que era entonces, hace ahora más de veinte años, consejero de Medio Ambiente, Antonio Cerdá.
La Fiscalía reclama para él tres años y medio de cárcel, multa de 12.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo como presunto autor de los delitos de falsedad y prevaricación.
Para el exconsejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana solicita, por el supuesto delito de prevaricación, seis años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
