MURCIA. El PSOE siempre creyó en la inocencia de su otrora líder regional, José Vélez, incluso en los peores momentos, cuando el juez instructor le acorralaba al ordenar la apertura de juicio oral. Ahora, en el día en que se conoce que la Audiencia Provincial de Murcia ha archivado la causa que le mantuvo imputado en los dos últimos años y medio y pese a que ya está plenamente fuera de la primera línea, el partido no olvida y celebra que "se haya hecho justicia" con su antiguo jefe de filas, a quien definen como una "una persona honrada y decente que se dejó la piel por Calasparra y la Región".
Este jueves trascendía que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial había decidido el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra el alcalde de Calasparra entre 2014 y 2020 y exlíder del PSRM-PSOE entre 2021 y 2025 (hasta marzo), además de los dos concejales de Festejos que se sucedieron entre 2017 y 2019, Jordi Arce Corbalán (exsecretario de Organización y exgerente del PSOE regional) y Antonio José Merino Moreno, y el administrador de la mercantil Chipé Producciones, por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental con ocasión de la organización de los festejos taurinos de la Feria Taurina del Arroz, coincidiendo con los encierros matinales organizados por el Ayuntamiento con ocasión de las fiestas patronales entre los años 2017 y 2019, según informan fuentes judiciales del TSJ en un comunicado.
La secretaria de Organización del PSRM, María Jesús López, expresaba su alegría por poner "fin" a "la cacería" contra Merino, Arce y, "especialmente", contra Vélez. La socialista exige al PP que "pida perdón por machacar a una persona inocente y por el daño personal que ha provocado" al tiempo que reprocha que "utilicen" la Justicia con fines políticos. Los populares, dijo, "utilizan la Justicia para cargar contra los responsables públicos del PSOE en la Región y llevar a cabo una cacería sistemática contra sus dirigentes”.
Vélez llegó a estar contra las cuerdas en el plano judicial. Fue imputado (la figura jurídica hoy conocida como investigado) por el llamado 'Caso Feria Taurina del Arroz' en noviembre de 2022. En septiembre de 2024, el titular del Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz, el magistrado Manuel Ingelmo Martín, le situó a un paso del banquillo al ordenar la continuación del procedimiento contra él. Dos meses después, en noviembre del pasado año, el mismo juez ordenó la apertura de juicio oral contra los cuatro investigados. El calasparreño se resistió a dimitir, convencido de su inocencia, y presentó un recurso ante la Audiencia Provincial.
El magistrado que investigó la causa concluía, en su auto de procesamiento, que las diligencias practicadas "evidencian que existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a los investigados de forma indiciaria", por lo que procedía a continuar con el procedimiento penal. La instrucción judicial, cabe recordar, investigó unos hechos ocurridos en la Plaza de Toros entre 2017 y 2019 durante su etapa como alcalde de Calasparra. Los denunciantes son el edil Carlos Alajarín (de Ciudadanos) y el munícipe Alonso Torrente (de Calasparra Viva), que se querellaron contra el primer edil y los otros dos concejales.
La Fiscalía incluso presentó un escrito de acusación por los delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y falsedad documental y llegó a pedir penas que suman 8 años y 6 meses de prisión y conllevan hasta 18 de inhabilitación especial para empleo o cargo público en el caso del exalcalde y los dos exediles.
Sin embargo, la Audiencia estima el recurso de apelación interpuesto por la defensa del exregidor de Calasparra, al que se adhirieron las defensas de los demás investigados. La resolución notificada este jueves deja sin efecto los autos del Juzgado de Instrucción 3 de Caravaca que acordaron la incoación de procedimiento abreviado y la desestimación del recurso de reforma hace un año. La Sala concluye que la instrucción excedió el plazo legal establecido en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), al no haberse citado a los investigados para declarar dentro de los doce meses siguientes a la incoación de la causa, explican las mencionadas fuentes judiciales.
El partido de Vélez creyó en su inocencia incluso cuando el juez instructor abra juicio oral contra él. "Estamos completamente seguros de que se volverá a archivar, como ha ocurrido con el resto de denuncias falsas que le ha interpuesto el PP y el resto de la oposición de su municipio, Calasparra, durante más de una década", decía en noviembre de 2024 la hoy portavoz parlamentaria del PSRM, Carmina Fernández. Por su parte, el PP, muy crítico en su día, guarda hoy silencio.